La verdad siempre sale a la luz por mas que algunos lo quieran ocultar y en este caso es mas que evidente porque demuestra las profundas ramificaciones de esa mafia asesina con el obeso inquilino de Palacio, el cual - temeroso del futuro carcelario que le espera - busca la manera de que sus graves delitos cometidos queden impunes y no tener que enfrentar a la Justicia cuando deje el poder en el 2011.En una semana en la cual en el ámbito político no se habla de otra cosa - aparte de la campaña electoral – que de los polémicos decretos dados por este gobierno, el impresentable ministro de Defensa Rafael Rey, admitió haber “consultado” con los abogados del Genocida Alberto Fujimori, (condenado a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad) y del primer vicepresidente, Luis Giampietri (involucrado junto a Alan García y Agustín Mantilla en la matanza de los Penales ocurrido en 1986 ) la elaboración del cuestionado decreto legislativo 1097, que busca PRECISAMENTE la prescripción de esos abominables delitos y con la cual ellos serian los principales beneficiados, junto al criminal Grupo Colina (creado por Fujimori para asesinar a sus adversarios políticos) que “coincidentemente” ha pedido rápidamente que les sea aplicada la norma, por la cual saldrían libres al momento, consagrando de esa manera la impunidad para sus crímenes. Tras la denuncia formulada en la víspera por IDL Reporteros en la cual advirtió que los abogados César Nakasaki y Sergio Tapia fueron “consultados” para la elaboración del DL 1097, Rafael Rey no pudo negar lo evidente y admitió el hecho con estas lamentables palabras :”Hemos hablado con ellos sobre este y muchos temas, aunque si hubiera habido alguna relación de asesoría, ¿cuál seria el problema?”, expresó cínicamente al verse descubierta la patraña montada por la Mafia aprofujimorista, Sin embargo,lo que Rey no dijo es que en su accionar habría incurrido en actos dolosos, pues estaría utilizando a abogados de violadores de derechos humanos en la expedición de decretos que favorecen a sus clientes.Y es que de acuerdo a esa denuncia de IDL-Reporteros, el jefe del gabinete de asesores, Luis Cobeña, se encargó de coordinar con Nakazaki, “cliente” del ministerio de Defensa en varios casos de derechos humanos (en las cuales defienden a los asesinos en el Caso El Frontón ) la elaboración de esos polémicos decretos.Con lo dicho por Rey, se estaría echando por tierra las declaraciones de Keiko Fujimori quien pretendió “desconocer” cualquier relación entre el DL 1097 y los Fujimoristas, cuando declaró que su creación no fue iniciativa de su agrupación política, cuando es todo lo contrario, como puede verse por los acontecimientos puestos al descubierto.Como es sabido, la expedición de esos decretos ha levantado una ola de indignación en la opinión publica porque - como hasta un ciego puede verlo - estos tienen nombre propio y solo buscan favorecer a los integrantes de la Mafia para que no paguen sus culpas. Precisamente esta semana ya la bancada parlamentaria nacionalista presento al TC una acción de inconstitucionalidad para dejarlo sin efecto, lo cual origino una virulenta reacción de parte de los defensores de la impunidad y la corrupción y ahora sabemos porque. Al verse descubiertos en fragante delito, seguramente recurrirán a sus ya conocidas cortinas de humo pero de nada les servirá.Ya diversas organizaciones como la ONU y Human Rigths Watch han denunciado que “Alan García ha creado un marco jurídico que equivale a una amnistía generalizada para la gran mayoría de los abusos cometidos por agentes del estado peruano en el pasado reciente, incluidos los de su primera presidencia, lo que significa que los responsables de asesinatos, desapariciones y torturas podrían no responder nunca por sus delitos”.Asimismo recordaron que el Perú es parte de varios tratados internacionales (la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que obligan de investigar y juzgar las violaciones graves de derechos humanos, así como de proporcionar recursos efectivos a las víctimas. El más cuestionado de los decretos, el 1097, beneficia con la figura del sobreseimiento a policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos, el cual increíblemente fue elaborado con la “asesoria” de los mismos que defienden a esos asesinos involucrados en dichas matanzas, y no sólo a ellos,sino en primer lugar a los que ORDENARON realizar esas masacres,como Alan Garcia Pérez.Mas claro, ni el agua.Por el bien del país, esos decretos deben ser derogados a la brevedad posible y evitar de esa manera que estos criminales busquen evadir a la Justicia y reciban el castigo que se merecen ¿No os parece? :(
Caricatura: La República
