A medida que pasan los días crece el repudio a un aberrante proyecto de ley presentado en el Congreso por parte de la bancada de Unidad Nacional, integrantes de una vieja y decadente derecha mil veces fracasada (venga ya lo confieso, como odio a esos perdedores) mediante el cual se pide sancionar con pena de cárcel efectiva a quienes publiquen ó difundan, comunicaciones “privadas” producto de "interceptaciones telefónicas".La sanción propuesta para quienes lo hagan es de pena de cárcel no menor de dos años ni mayor de cuatro años. Tratando de explicar lo inexplicable el cuestionado congresista Walter Menchola, uno de los que esta a favor de esta monstruosa propuesta,dijo que será el juez “quien decida si el material obtenido por algún medio de comunicación, puede ser materia de publicación”- en otras palabras CENSURA PREVIA - Sin embargo, tratando de disimular sus alcances, se dice que excluye de la sanción, a la difusión de las comunicaciones con contenido “delictivo”.Me pregunto ¿Y quien va a decidir que es “delictivo” o no? ¿Un juez nombrado a dedo por la mafia aprofujimorista como hasta ahora? Si lo primero que van a hacer al tenerlo en sus manos será entregarlo a sus jefes y luego desaparecerlos como sucedió en el caso de los Petroaudios, en el cual está implicado nada menos que el propio Alan García Pérez. Esos jueces no inspiran ninguna confianza. Si fuera por ellos nunca hubiésemos tenido conocimiento - por ejemplo - de los Vladivideos (que desnudo toda la podredumbre fujimorista) o en el caso mas reciente, el de los Potoaudios (que nos mostró el desprecio que tiene Lourdes Flores Nano por todos los electores).De no haber salido a la luz estas pruebas fehacientes en su momento hasta ahora uno seguiría viviendo del cuento tal como a ellos les gustaría.Precisamente este esperpento tiene nombre propio, al ser presentado por los integrantes de la misma agrupación a la cual pertenece la engreída de Cataño y previendo la salida de más audios comprometedores de la fracasada candidata del narcotráfico, que serán dados a conocer en su momento. Precisamente diversas organizaciones como el Colegio de Abogados de Lima (CAL), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)se pronunciaron al respecto,rechazando enérgicamente semejante despropósito. Todos coinciden en afirmar que deben ser los propios medios quienes decidan la publicación del material obtenido y someterse a las consecuencias del mismo sin presiones de ninguna clase como en este caso. En suma, es un proyecto que no debe pasar por ser un abierto ataque a la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción. (Precisamente al momento de preparar esta nota veo al impresentable de Alan García opinando sobre ello, afirmando que no esta de acuerdo con este proyecto y dijo que con el avance de la tecnología, ahora es casi imposible identificar quién difundió o no una interceptación telefónica) Esperemos que no lo diga únicamente por compromiso al ver el rechazo que ha generado este nuevo engendro de la derecha. NO A LA CENSURA :(
