El desafío de presenciar un acontecimiento histórico en tiempo real no es darse cuenta. Esa es la parte fácil. Lo difícil es entender su significado para el futuro, que es de lo que realmente tratan los acontecimientos históricos. Noticias recientes de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya han confirmado esa norma. Su fiscal, Karim Khan, ha solicitado órdenes de arresto que, de una forma u otra, harán historia. La solicitud oficial es un documento extenso, pero sus puntos clave se pueden resumir rápidamente. Con respecto a lo que Khan describe como “un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás que se desarrolla en paralelo”, acusa a los altos líderes de Hamás, Yahya Sinwar, Mohammed Al-Masri (alias Deif) , e Ismail Haniyeh de una lista de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra: exterminio, asesinato, toma de rehenes, violencia sexual (incluida la violación), tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal y otros actos inhumanos. Pero Khan también acusa al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y al Ministro de Defensa Yoav Galant de un conjunto similar de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra: hacer pasar hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves, tratos crueles, asesinatos intencionales, dirigir ataques contra una población civil, exterminio y/o asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Solicitar las órdenes no es lo mismo que la CPI las emita. Para que eso suceda, tres de sus jueces, actuando como sala de cuestiones preliminares, tienen que aceptar las solicitudes de Khan. Pero este hecho hace poca diferencia. En primer lugar, porque el rechazo de este tipo de solicitudes en esta etapa es, como coinciden los expertos legales, “muy raro”. En segundo lugar, y lo que es más importante, el impacto político de la petición de Khan por sí solo ya es profundo e irreversible. Incluso si sus solicitudes fueran rechazadas en la sala de cuestiones preliminares, tal resultado sólo dañaría la ya frágil credibilidad de la CPI, especialmente si actuara con un sesgo evidente, al aceptar, por ejemplo, la solicitud de Khan con respecto a los líderes de Hamás, pero no para los criminales sionistas. En un escenario tan improbable, el mensaje de las solicitudes de órdenes rechazadas seguiría resonando; de hecho, sólo se volvería aún más resonante. Pero ¿cuál es ese mensaje y cuáles serán sus principales efectos? Es seguro que serán políticos más que estrictamente judiciales, porque algo que no sucederá –al menos no pronto o fácilmente– son arrestos reales. La CPI es especial porque, según su Estatuto de Roma fundacional de 1998, es el único tribunal internacional permanente facultado para procesar a personas por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. (A diferencia de la antigua Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya, que puede ocuparse de crímenes similares pero sólo cuando se dirigen contra Estados. Israel como Estado, obviamente, ya es objeto de procesos en curso de la CIJ, que probablemente recibirán un impulso de (La CPI se une a la refriega.) Sin embargo, la CPI no tiene su propia fuerza policial para detener a sospechosos y en cambio tiene que depender de los 124 estados que han firmado el Estatuto de Roma. Tanto para Hamás como para los líderes israelíes en cuestión, es probable que las órdenes simplemente hagan que viajar sea más complicado, al menos por ahora. Hay muchas otras buenas razones para ser escépticos sobre la medida de Khan. Esto está muy lejos de ser un simple castigo al estilo de Hollywood para los malos. Por un lado, es muy tarde. El ataque genocida de Israel contra Gaza - y también contra Cisjordania, con menor pero cada vez mayor intensidad - lleva ya siete meses. Incluso los juristas cautelosos deben actuar mucho más rápido en una emergencia de este tipo. Sin mencionar que la CPI ya lleva años retrasando la adopción de medidas obviamente necesarias sobre los crímenes israelíes. Fue necesario un genocidio furioso, esencialmente transmitido en vivo, para finalmente despertarlo; e incluso entonces, se movía a una velocidad glacial. Entonces, no idealicemos a Khan y su equipo. Es posible que la historia los recuerde más por su imperdonable tardanza que por lo que finalmente han hecho, que al fin y al cabo no es más que su trabajo. En segundo lugar, es muy decepcionante ver que sólo se ataca a dos funcionarios israelíes, al menos en este momento. Es cierto que gran parte de la sociedad israelí está participando en estos atroces crímenes que, perseguir literalmente a todos y cada uno de los perpetradores puede ser prácticamente imposible. Sin embargo, en la cima y en la vanguardia, por así decirlo, este genocidio en curso ha sido obra despiadada de una plétora de políticos fácilmente identificables (¿por qué no acusar a todo el llamado Gabinete de Guerra, para empezar?), junto con soldados y policías. Alto y bajo. ¿Y qué pasa con esos conocidos representantes de lo que cuenta como “sociedad civil” en Israel que, por ejemplo, han bloqueado sistemáticamente la ayuda humanitaria para las víctimas ( en connivencia, obviamente, con funcionarios israelíes )? No olvidemos tampoco la contribución de los medios israelíes: las palabras importan. La incitación al genocidio también es un delito. En 2008, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó acertadamente al cantautor Simon Bikindi, no por un asesinato directo, sino por un discurso asesino. Khan, para ser justos, ha dejado claro que aún pueden surgir más casos. En tercer lugar, los ataques manifiestamente simultáneos de Khan contra líderes israelíes y de Hamas también han generado duras y plausibles críticas. Si se lee atentamente, su aplicación revela un falso deseo de señalar simetría donde en realidad no la hay. La violencia de Hamás durante y luego del ataque del 7 de octubre seguramente tendrá algunas características que merecen ser procesadas. La toma de rehenes, por un lado, es un caso claro, mientras que la violencia sexual sistemática denunciada nuevamente por Khan y utilizada intensamente como argumento de propaganda israelí, no ha sido confirmada por pruebas hasta el momento. El punto clave, sin embargo, es que según el derecho internacional, la lucha armada de Hamás es principalmente legítima porque es la resistencia armada a la que los palestinos tienen un derecho claro e incontrovertible. Hamás y sus aliados atacan legítimamente objetivos militares israelíes; lo hicieron - no exclusivamente pero en gran medida - también el 7 de octubre. De hecho, el éxito militar sorprendente, aunque temporal, de la resistencia palestina ese día, que derribó las presunciones supremacistas israelíes de “invencibilidad”, es una de las razones de la ferocidad patológica de la respuesta sionista, que fueron humillados ante el mundo no por un ejército regular, sino por un grupo de audaces combatientes. Por no hablar del hecho simple pero generalmente pasado por alto de que, mientras el resto del mundo abandona en gran medida a su suerte a las víctimas palestinas de Israel, Hamás, sus Brigadas Qassam y sus aliados son la única fuerza en el terreno que se interpone entre las víctimas del genocidio palestino y los criminales sionistas. ¿Un hecho incómodo que provoca sensaciones de disonancia cognitiva? Entonces, culpe a aquellos dentro de la comunidad internacional que no han defendido a los palestinos. Israel, por otra parte, es tan fundamentalmente equivocado como la resistencia palestina está fundamentalmente en lo correcto. En realidad, la bestia sionista no puede reclamar el derecho a la “autodefensa” contra una población que ocupa. En realidad, como potencia ocupante (sí, también para Gaza, a pesar de su engañosa “retirada” del 2005), tiene obligaciones hacia esa población según el derecho internacional, todo lo cual pervierte hasta convertirlo en su opuesto grotescamente cruel. Por ejemplo, cuando debe, según el Comité Internacional de la Cruz Roja , “garantizar […] que se satisfagan las necesidades básicas de la población de Gaza […] que Gaza reciba alimentos, suministros médicos y otros bienes básicos "Necesitamos para permitir que la población viva en condiciones materiales adecuadas", Israel ha bloqueado, hambreado y masacrado regularmente, incluso antes de esta última escalada. En resumen, Hamás comete algunos crímenes dentro de una lucha de liberación legítima, como lo hacen prácticamente todas las organizaciones de resistencia en la historia, sin por ello perder su legitimidad principal según el derecho internacional. Pero, también según el derecho internacional, toda la lucha de Israel es un gran crimen. Ésa es la diferencia clave que el enfoque de Khan ha ocultado. Y es esta ofuscación la que, con toda probabilidad, explica una flagrante anomalía en su solicitud. Como ha señalado al menos un observador, los crímenes de los que Khan acusa a Netanyahu y Gallant se superponen fuertemente con los enumerados en la Convención de Genocidio de la ONU de 1948. En efecto, Khan ha llevado a cabo un truco extraño e inquietante: los ha acusado de genocidio, mientras finge que “sólo” está hablando de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La explicación más plausible para esta inconsistencia es que la necesitaba para mantener la pretensión de “equivalencia” entre Hamás e Israel. Sin embargo, en realidad, es Israel y sólo Israel el que ha estado cometiendo genocidio. Si Khan hubiera reconocido ese hecho crucial en su solicitud, entonces también habría tenido que reconocer la diferencia principal entre las dos partes. Y, sin embargo, es importante tener en cuenta lo que no son las aplicaciones. Intentan hacer porque no pueden: no hay ningún indicio de la propaganda sionista de que la resistencia palestina como tal no es más que criminal (o “terrorista” ). Por el contrario, la otra cara de la sospechosa medida de Khan es que él también, implícita pero claramente, reconoce que la lucha armada palestina en su conjunto no es criminal, sólo actos específicos dentro de ella pueden serlo. Con todos sus defectos, seguiría siendo miope subestimar la importancia de las aplicaciones de Khan, por varias razones que no todas pueden discutirse aquí. El más importante de ellos, en cualquier caso, es que el fiscal de la CPI que persigue a Benjamín Netanyahu y al Ministro de Defensa Yoav Gallant es un golpe devastador contra el recurso político más crucial de Israel: su impunidad. Y aquí “crucial” debe entenderse literalmente porque la entidad sionista no infringe la ley ocasionalmente, como lo hacen muchos estados. Más bien, es imposible que Israel exista como lo hace sin violar constantemente la ley. Sus anexiones y asentamientos formales y de facto (Jerusalén Oriental, los Altos del Golán y, en realidad, la mayor parte de Cisjordania), su arsenal nuclear, sus ataques rutinarios (incluidos los complejos diplomáticos) y asesinatos fuera de Israel y, por último, pero no menos importante, su régimen de apartheid para subyugar a los palestinos; todo ello desafía descaradamente el derecho internacional. Eso es incluso antes de que comencemos a hablar en detalle sobre el enorme historial de Israel de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, limpieza étnica y genocidio típicamente coloniales de colonos contra los palestinos que se remonta a décadas atrás. En resumen, Israel no es un país cualquiera. En realidad - expresado en un lenguaje centrista “liberal” - es el caso más condensado de un Estado canalla en el mundo, y ha disfrutado del extraordinario privilegio de la impunidad. Como señaló John Mearsheimer hace años, simplemente “no hay responsabilidad” para Israel. Es, literalmente, un Estado acostumbrado a - y dependiente de - salirse con la suya. Esa situación es, nuevamente, en palabras de Mearsheimer, “escandalosa”. Pero lo que es más relevante en el contexto de las recientes acciones de la CPI es que esta impunidad no es un lujo para Israel. Es una necesidad vital. Un Estado que es tan parecido a una empresa criminal en marcha está fundamentalmente amenazado si se le exige que cumpla con cualquier estándar legal internacional. Como todos los genocidas, Benjamín “Amalek” Netanyahu y Yoav “animales humanos” Gallant son individuos horribles, pero prescindibles. Lo que realmente temen el establishment israelí y los lobbys internacionales israelíes no es lo que pueda sucederles a estos dos, sino lo que las órdenes de arresto en su contra indican sobre el futuro del extraordinario privilegio de Israel. Cualesquiera que sean las intenciones de Khan, ya sea que lo haya hecho deliberadamente o, tal vez, incluso mientras intentaba “suavizar el golpe”, como sospechan sus críticos, sus solicitudes marcan una brecha catastrófica e irreversible en la hasta ahora única armadura de impunidad de Israel. Piénselo: si esto es lo mejor que pueden hacer sus amigos mientras intentan favorecerlo, es posible que sus días estén contados. ¿Y qué pasa con esos líderes occidentales, altos funcionarios, pero también esos burócratas, que han apoyado a Israel con armas, municiones, inteligencia, cobertura diplomática y, por último pero no menos importante, la vigorosa supresión de la solidaridad con las víctimas palestinas? Quienes residen en Washington pueden sentirse seguros. No porque EE.UU. no reconozca la jurisdicción de la CPI. Esto es, en realidad, una formalidad. Es el poder y la anarquía estadounidenses los que, por ahora, los protegen. Como era de esperar, con el discapacitado físico y mental de Joe Biden a la cabeza, han mostrado un desafío insolente hacia la CPI, afirmando de hecho que Israel, al igual que EE.UU. “está por encima de la ley”. Sus habituales mentiras descaradas, por ejemplo, la absurda afirmación de que la CPI no tiene jurisdicción (obviamente la tiene porque Palestina es un signatario reconocido del Estatuto de Roma: caso cerrado) no tienen por qué detenernos. Pero la situación es diferente para los clientes estadounidenses. No pueden sentirse tan seguros. Los partidarios de larga data y de línea dura de los actuales crímenes de Israel, como el Canciller alemán Olaf Scholz o la Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock, por nombrar sólo dos, deben empezar ahora a comprender, lo admitan o no, que es muy probable que también sus acciones hayan sido complaces de sus crímenes. Porque la Convención sobre Genocidio tipifica como delito no sólo la perpetración de un genocidio sino también la complicidad en él. Además, impone a cada Estado signatario la obligación de prevenir el genocidio. ¿Podrían estos posibles cómplices terminar alguna vez procesados, ya sea a nivel internacional o incluso en casa? ¿Una idea poco realista? ¿Difícil de imaginar? ¿Cómo podrían tales luminarias de Occidente enfrentarse alguna vez a la misma justicia que pretendían reservar, como uno de ellos le recordó a Khan , para África y Rusia? Y, sin embargo, antes de la semana pasada, muchos de nosotros habríamos considerado imposible que la CPI realmente se atreviera a tocar a esas inmundas ratas sionistas. El hecho subyacente, sobre el cual ni Karim Khan ni nadie más tiene control, es que el poder de Occidente para imponer su doble rasero está menguando. En un mundo nuevo y multipolar que está surgiendo inevitablemente, sólo una cosa es segura: los tiempos están cambiando. Ningún perpetrador o cómplice de genocidio debería sentirse demasiado cómodo, ni siquiera en Occidente o entre sus favoritos. Los días de privilegios e impunidad de esos abyectos criminales están llegando a su fin, de una forma u otra.
