África, aquel inmenso continente que se encuentra tan cerca - y a su vez - tan lejos de Europa, se enfrenta a una multitud de conflictos y guerras sangrientas desde hace décadas, las cuales son ignoradas ampliamente por los grandes medios de comunicación occidentales que no les dan la importancia que debieran, debido a que en su mayor parte suceden en pequeños países remotos y empobrecidos que al no poseer petróleo, oro o diamantes ni encontrarse geográficamente ubicados en lugares estratégicos, no llama la atención de nadie por lo que la tragedia en la que se desenvuelven cada día los tienen sin cuidado. Exceptuando a algunos países por su cercanía a Europa como Egipto, Libia, Argelia, Marruecos o Túnez - desde cuyas costas miles de pateras cruzan el Mediterráneo llenos de ‘inmigrantes’ (terroristas en potencia) a los cuales la flota de la OTAN bien haría en neutralizarlos para evitar que lleguen a su destino - lo que sucede en el resto del continente no les importa en lo absoluto, a menos claro esta, que afecte sus intereses, y solo en ese caso envían ‘cuerpos de paz’ bajo la bandera de la ONU a países que antiguamente fueron sus colonias - como el Congo, República Centroafricana, Chad o Malí - únicamente para mantener el status quo, sin importarles en solucionar las raíces de los conflictos que los agobian. Uno de ellos precisamente es Burkina Faso (la antigua Alto Volta alemana) considerado el cuarto país mas pobre del mundo, el cual desde el 2016 ha sufrido cerca de 300 ataques de grupos vinculados tanto a al-Qaeda como a ISIS (bandas terroristas financiadas por los EE.UU. y entrenadas por Israel) dejando centenares de muertos. Uagadugú - la capital del país - fue atacada en dos oportunidades más, dejando cerca de 90 muertos en total. El primer ataque fue contra la cafetería Cappuccino y el Hotel Splendid en enero del 2016, dejó una treintena de muertos y otro se produjo en las cercanías de la embajada francesa y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, con decenas de víctimas mortales. El norte burkinés comenzó a sufrir la violencia terrorista en el 2011, por grupos que operan todavía hoy en el norte de Malí y sur de Argelia, desde entonces la violencia no ha dejado de incrementarse y expandirse y desde el norte se irradia hacia la frontera con Nigeria en el este del país, donde opera Boko Haram (primo hermano de ISIS), filtrándose también a Togo, Benín y Ghana. Estas naciones se vieron obligadas a enviar tropas a sus fronteras con Burkina Faso, dada la inestabilidad que se podría generar si los criminales sionistas pudieran abrir un corredor desde el Sahel al Golfo de Guinea. Tanto en el norte como en el este, los objetivos de los fundamentalistas suelen ser oficinas del Gobierno, puestos militares, escuelas y maestros, a quienes se les exige que dicten sus clases en árabe, en lugar del francés, y enseñen el Corán. Estas presiones han obligado a cerrar 1.025 escuelas en el norte, Sahel y este, lo que ha dejado sin clases a unos 150.000 niños desde marzo del 2018, mientras el 60 % de los maestros debieron abandonaron las regiones en conflicto. A pesar de que la gran mayoría de los ataques no han sido reclamados por ninguna organización, el general Oumarou Sadou, refiere que las características de los IED (dispositivos explosivos improvisados) usados tanto en el norte y como en el este, son de similar preparación, lo que indicaría que estarían siendo montados por la misma organización terrorista. La crítica situación del país africano obligó a su presidente Roch Kaboré a declarar el estado de emergencia el último 31 de diciembre para las provincias afectadas y a cambiar a su Primer Ministro, Paul Kaba Thiebal por Christophe Dabiré, el 19 de enero pasado. Sin embargo, los cambios implementados por Kaboré, no han logrado contener las acciones de los muyahidines del Ansaroul Islam, (Defensores del Islam) el grupo terrorista local, apoyado por ISIS en el Gran Sahara (ISGS) fundado en el 2016 por Ibrahim Malam (del árabe Mu’alam: maestro) Dicko, aparentemente muerto de sed en el desierto, en mayo del 2017, en su huida de un ataque aéreo francés. El malam fue sustituido, por su hermano menor, Jafar, de 38 años, un erudito del Corán. Ansaroul Islam, surgido del grupo malí Mujao, (Movimiento por la Unidad y Yihad en África Occidental) ahora bajo la bandera de Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin, (Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, JNIM), un conglomerado de organizaciones integristas que operan en el Sahel, conformado en marzo de 2017, leales a al-Qaeda. Que están realizando constantes ataques en procura no solo de infundir terror, sino fundamentalmente de robar vehículos y armas, no cabe ninguna duda. Como el último del pasado mes de enero, cuando asesinaron a 14 personas en la región de Soum, al norte del país a unos 30 kilómetros de la frontera con Malí, unos 200 milicianos llegaron en varias motocicletas y los vehículos 4X4 atacaron con cohetes y armas pesadas la posición de la Fuerza de Tarea contra el Terrorismo de Nassoumbou (GFAT). Algunos analistas insisten en que el aumento de la presencia de grupos integristas en Burkina Faso, se debe a la ruptura de los pactos que estas organizaciones mantenían con funcionarios del Gobierno del ex dictador Blaise Compaoré, derrocado en el 2014 tras 27 años de terror, quien les brindaba apoyo a cambio de que no operasen en su país. El pacto se habría deshecho en el 2013, cuando Compaoré se vio obligado a enviar 1.000 efectivos, presionado por Francia, tras el inicio del conflicto en el norte de Malí el año anterior. Se sospecha que unos 1.200 integrantes de los servicios de seguridad de Compaoré, podrían estar operando junto a los muyahidines, desde que fueron disueltos. El actual presidente Roch Kaboré, aún espera la colaboración prometida por Francia que en el norte de Malí dispone de unos 5.000 hombres de la operación Barkhane y de las fuerzas de G5 Sahel, un grupo antiterrorista compuesto por 5.000 efectivos de Mali, Mauritania, Chad, Níger y Burkina Faso, que actúa fundamentalmente en el norte de Malí y oeste de Níger. La diversidad de organizaciones que actúan a lo largo de la frontera burkinesa con el norte de Malí, entre ellos al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) y el propio Ansaroul Islam, y Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin, junto a bandas de delincuentes comunes traficantes de drogas, cigarrillos, combustibles y personas, podría incrementarse todavía más generando una dinámica de arrastre que haga que las organizaciones multipliquen sus efectivos. Algunos servicios de inteligencia que operan en África occidental temen que ISGS, que mantiene fluidos contactos con la Wilayat (provincia del califato) del Estado Islámico de África Occidental (ISWAP) del estado de Borno en el noreste de Nigeria, la organización escindida de Boko Haram, en agosto del 2016, puedan crear una nueva alianza para desarrollar juntos su lucha tanto en el Sahel como en los países de África occidental, para lo que Burkina Faso, sería una ficha clave en el nuevo entramado, por lo que las autoridades de Uagadugú están requiriendo a las potencias occidentales con presencia en Malí, y especialmente Francia, apoyo básicamente en entrenamiento, inteligencia, equipos de comunicación y armamento. Pero como suele suceder en otros países, en estas guerras “antisubversivas” se reproduce con exactitud la violación de derechos humanos contra las poblaciones civiles en áreas rurales por parte del ejercito, por lo general alejadas de los centros urbanos, incomunicadas y aisladas. Según denuncias de Human Rights Watch (HRW), fuerzas de seguridad burkinesas han llevado a cabo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales en operaciones de contrainsurgencia entre 2017 y 2018. HRW en su informe titulado: “En el día, tenemos miedo del ejército y en la noche a los terroristas”, detalla al menos 18 ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes por parte de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de la Operación Panga (fuerza en moré, la lengua nativa más hablada de Burkina), lanzada por el Gobierno de Kaboré contra presuntas bases terroristas en los bosques de Pama y Gayeri, con ataques aéreos y el envío de 700 soldados, incluidos efectivos del 25º Regimiento de paracaídas de Bobo-Dioulasso, sin que se conozca el resultado de los ataques y el número de víctimas, por lo que la HRW sospecha que puede haber muchos civiles involucrados en las acciones. La violencia ya ha provocado 80.000 desplazados internos, mientras que casi un 1.200.000 personas están necesitando ayuda humanitaria inmediata, desde que comenzó el año prácticamente 1.000 familias por día han debido abandonar sus lugares. Lo que a la vez está provocando un incremento de los enfrentamientos interétnicos o tribales. En Yirgou, provincia de Barsalogo, al norte del país, un aparente ataque fundamentalista desató una refriega entre la comunidad fulani, pastores nómadas de mayoría musulmana, y la comunidad Mossi, el mayor grupo étnico de Burkina Faso, que dejó 50 muertos. Si bien se cree que ese ataque fue obra de los terroristas, se sospecha que fue realizado por el ejército para soliviantar a la población contra las minorías, a los cuales acusan de ser cómplices de los fundamentalistas. Esta masacre ha obligado al gobierno a anunciar la apertura de una investigación en torno a las múltiples denuncias sobre ejecuciones por parte del Ejército en el marco de su lucha antiterrorista. El portavoz del Ejecutivo, Remis Dandjinou, ha insistido en que “todas las operaciones de seguridad son llevadas a cabo respetando el principio de proporcionalidad de la fuerza” y ha agregado que las Fuerzas Armadas “respetan en todo caso los Derechos Humanos” según ha informado el portal local de noticias Burkina24. Las palabras de Dandjinou llegaron luego de que el Movimiento Burkinés para los Derechos Humanos y de los Pueblos (MBDHP) haya indicado que las ejecuciones sumarias son una práctica habitual de las fuerzas de seguridad. En este sentido, el presidente del MBDHP, Chrysogone Zougmoré, ha alertado además de que el ejército inspira inquietud y miedo a las poblaciones en las zonas donde opera. “Por ello, según diversas fuentes, los terroristas buscan ahora presentarse como ‘defensores’ de las poblaciones ante los excesos del Ejército”, ha dicho. “Esta postura constituye su principal argumento para incrementar su base social y hacerse con la simpatía de las poblaciones en las zonas en las que operan” aseveró. No cabe duda que el espiral de violencia en la que ha caído Burkina Faso por obra y gracia de aquellos que dicen defender la ley, ha originado el aumento de la inseguridad de una manera alarmante, de la cual no le va a salir fácil salir en un futuro cercano :(
