En su carrera contrarreloj para destruir cualquier atisbo de esperanza o de justicia en el drama que sufren los palestinos a manos de los sionistas, la Administración Trump ha decidido, en una de las decisiones más irracionales que cabía esperar, normalizar la existencia de los ilegales asentamientos israelíes en Cisjordania. De esta manera y partir de ahora, las colonias “no están violando” - a ojos de Washington - la legalidad internacional, pese a la resolución del Consejo de Seguridad 2334 que en el 2016 consideraba una flagrante violación de la ley internacional los asentamientos donde residen 600.000 colonos en tierras palestinas. También supone un duro revés para la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a las potencias ocupantes el movimiento de su población hacia tierras ocupadas. Pero para el Criminal de Guerra Benjamin Netanyahu, la lectura es muy distinta: Washington ha enderezado un “error histórico” y aceptado la “realidad sobre el terreno” de su ocupación. No se recuerda una decisión tan drástica ni tan unilateral desde la declaración de Jerusalén como “capital” de la entidad sionista, el mismo que se formó sobre territorio palestino, o el reconocimiento por parte estadounidense de la “soberanía” israelí sobre los Altos del Golán, arrebatados a Siria y declarado como territorios ocupados por la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De esta manera, día a día, paso a paso, la Administración Trump revierte setenta años de resoluciones internacionales para ‘legalizar’ la violenta ocupación del territorio palestino, un apartheid consumado ante la indiferencia de Occidente que nunca ha querido imponer sanciones a los criminales sionistas, pese a la profunda injusticia sufrida por los palestinos y el genocidio de la cual son victimas a diario. La consternación de medio mundo frente a la tragedia palestina contrasta con la euforia desatada entre los sionistas, decididos a aprovechar el momento para acabar de una vez por todas con cualquier aspiración territorial del Estado palestino. “Los judíos tienen el derecho moral y legal de vivir en su antigua patria”, ha afirmado la desquiciada exministra de Justicia (2015-2019) Ayelet Shaked, mediante el tweet con el que agradecía a Donald Trump y Mike Pompeo un revés histórico a la justicia. “Ahora es el momento de declarar una soberanía total sobre esas comunidades”, rugió fuera de si faltando groseramente a la verdad. Lo mismo ha urgido el Consejo Yesha, la entidad terrorista que agrupa a los ilegales asentamientos en la Cisjordania ocupada, y no sería de extrañar que la decisión estuviera muy próxima, dado que Benjamin Netanyahu ya había prometido en campaña que se anexionaría los asentamientos judíos, arrebatando aún más tierra palestina. En realidad, la decisión equivale a una victoria de la política de hechos consumados que se lleva aplicando desde la fundación de la entidad sionista en 1948 con la complicidad de la ONU. La multiplicación de los ilegales asentamientos judíos y de población de los colonos en Cisjordania se ha disparado en los últimos años como parte de la política gubernamental para lastrar cualquier decisión internacional de poner fin a esta brutal forma de ocupación hecha al margen de la ley. Si, según la Oficina Central de Estadísticas israelí, en 1999 había 177.000 ocupantes judíos en el territorio de Cisjordania, la cifra roza hoy en día los 400.000. Para la UNRWA, el número de colonos es bastante mayor, dado que suma no solo las 143 colonias en Cisjordania y las existentes en Jerusalén Este sino también 106 asentamientos oficiosos que ni siquiera gozan de la legalización del Ejecutivo de Tel Aviv. La normalización de esas edificaciones sin permisos es otra medida que se generaliza más, en un intento de apoderarse de más tierra, que implica la expulsión en masa de población palestina por parte de los sionistas, llegando al asesinato de quienes se resisten a dejarlas. Según un informe de la UNRWA, la oficina de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en la “segunda mitad del 2018 el avance de las unidades de vivienda continuó a un nivel sin precedentes. La construcción de más de 7.000 viviendas (4.350 en Cisjordania ocupada y 2.900 en Jerusalén Este) avanzaron en diferentes etapas del proceso de planificación e implementación (mediante licitaciones y planes)”. Eso se explica porque, según la organización israelí Peace Now, Netanyahu aprovechó la llegada al poder de Trump para impulsar los asentamientos, que en el 2018 habrían aumentado un 9% de media, según la ONG. “Trump puede declarar en su insania que la noche es día, pero eso no cambia el hecho de que los asentamientos no son solo ilegales según las normas internacionales, también son un enorme obstáculo para la paz y la estabilidad regional”, ha valorado Hagot Ofran, de Peace Now. Para la población palestina, la noticia no puede ser más devastadora. El negociador Saeb Erekat lo denomina intentar reemplazar la ley internacional por la ley del más fuerte. “Los asentamientos en los territorios palestinos, incluida Jerusalén Este, no son solo ilegales según la ley internacional: son crímenes de guerra. Una vez que la Administración Trump decide socavar la ley internacional, se convierte en una amenaza mayor para la paz y la seguridad mundial”. A su turno, Nabil Abu Rodeina, portavoz de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, denuncio que “EE.UU. no está cualificado ni autorizado para negar legitimidad a las resoluciones internacionales”, pero su observación no tiene validez en la era actual, donde las leyes no son más que papel mojado a merced de gobernantes sin escrúpulos especializados en retorcer la realidad hasta convencernos de sus propias mentiras. Como han señalado diversos analistas, esto equivale al funeral de los Acuerdos de Oslo. La orquesta la pone Washington. El momento elegido para el anuncio no parece casual. Coincide que el rival de Netanyahu trata de formar una coalición de Gobierno y que el Tribunal de Justicia europeo acaba de ordenar a sus Estados que “los alimentos originados en los territorios ocupados por Israel deben indicar su lugar de origen” para que los consumidores puedan tomar “decisiones informadas” a la hora de hacer la compra. También coincide con un momento turbio para el propio presidente norteamericano, en plena investigación para un potencial proceso de impeachment, y como destacaba el analista israelí del International Crisis Group, Ofer Zalzberg, en un tweet, “parece un movimiento preventivo ante una inminente sentencia de la Corte Penal Internacional, que se adoptará antes del 2 de diciembre, con respecto a si los asentamientos israelíes equivalen a crímenes de guerra de acuerdo con el derecho internacional”. El problema ahora no solo es Palestina, sino que, con decisiones arbitrarias en contra de la legalidad internacional, se envía el mensaje de que las normas que con tanto sudor y sangre pactaron las naciones para regir el mundo de la forma más justa posible son maleables, interpretables y susceptibles de ser transgredidas porque siempre puede haber un régimen espurio y con las manos manchadas de sangre que convierta la transgresión en la nueva norma, mas aun cuando tienen el apoyo incondicional de los EE.UU. para hacerlo y cometer a su vez los crímenes mas atroces en contra los palestinos, sabiendo que gozan de impunidad para su campaña de exterminio y que nadie les pedirá cuentas por ello. La credibilidad de las instituciones internacionales esta por ello en entredicho porque no hacen nada para detener estas agresiones, aparte de una que otra declaración lírica y vacía de contenido, que para los ocupantes no tiene valor alguno. Que luego Washington no pida a quienes gobiernan países sin el mandato de sus ciudadanos que acaten las leyes, cuando ellos son los primeros en desdeñarlos a voluntad. “El movimiento colonizador es una locura de Israel que invierte una fortuna para perpetuar un régimen de apartheid”, sostiene la abogada canadiense de origen palestino Diana Buttu. “Se han gastado millones en convertir en un infierno la vida de los palestinos” indicó. Convertidos en parias en su propia tierra, los palestinos se niegan a ser víctimas sin resistencia de un genocidio que, desde antes de su constitución formal en 1948, emprendiera la entidad sionista en su contra, el cual -por cierto- cabe perfectamente en la categoría de terrorismo de Estado y Crímenes de Guerra. Tal tragedia palestina apenas si ha merecido alguna que otra reseña periodística destacada, la más de las veces según las interesadas versiones de los sionistas, especialistas en falsificar la historia - gracias al gigantesco aparato propagandístico de Hollywood y los mas grandes medios de comunicación que se encuentran en manos de corporaciones judías - de intentar presentarse como “victimas” cuando siempre han sido asesinos sedientos de sangre. Con todo a su favor, Israel se ha permitido cometer acciones terroristas atroces e injustificadas que eufemísticamente llama “represalias”, causando hondo sufrimiento y dolor al pueblo palestino, en lo que ha sido una constante demostración de la brutalidad calculada de los sionistas que no excluye el asesinato en masa y los desalojos arbitrarios de poblaciones enteras, sólo bajo la presunción (nunca confirmada) de servir de apoyo a los grupos armados y de representación palestinos que resisten la sangrienta ocupación militar israelí de sus territorios ancestrales. A ello se suman el secuestro masivo de los habitantes de estos territorios (y su posterior reubicación fuera de las fronteras “naturales” israelíes), su encarcelamiento indefinido, sin apelación ni fórmula de juicio, y actos de piratería de aviones y embarcaciones de distinto calado que, no obstante, no figuran en el extenso historial existente sobre estos hechos a nivel mundial, sin dejar de mencionar las incursiones ilegales y clandestinas en los espacios soberanos de otras naciones, constituyendo una práctica que viola el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Cabe resaltar que desde que Israel se apodero de Cisjordania en la Guerra de los Seis Días (1967), su prioridad ha sido incentivar la colonización de esos tierras ocupadas a sangre y fuego para su posterior anexión. De esta manera piensan que con el tiempo, lograran “reunificar Judea y Samaria” (nombres bíblicos con el cual se refieren a esos territorios) con el resto de la entidad sionista. Sin embargo, existe un problema no resuelto y es la gran población palestina que habita el lugar. En efecto, entre el Jordán y el mar Mediterráneo viven 13 millones de personas. Todas están bajo control israelí y casi la mitad son palestinas. De estos palestinos, tres millones viven en Cisjordania, dos lo hacen en los territorios ocupados y otros dos en Gaza: 7 millones en total. Ninguno de ellos tiene los mismos derechos y libertades que los judíos, pero si los tuvieran, en un hipotético Estado único, Israel correría el riesgo de perder la ventaja demográfica. A primera vista, la anexión total de los territorios ocupados no seria por lo tanto, la mejor opción y hay quienes afirman que con los asentamientos es suficiente, pero Netanyahu lo ambiciona todo. Esta estrategia plantea otra realidad incómoda, la de administrar a unos ciudadanos de segunda clase. El carácter judío de la entidad sionista discrimina al 21% de los ciudadanos israelíes que son palestinos. Los que viven en Cisjordania aún lo tienen peor, ya que se les limita en sus movimientos y se les aplica la legislación militar. Consolidar este statu quo ha terminado por instaurar un régimen de apartheid en Cisjordania. Y tampoco soluciona la raíz del problema: ¿cómo cumplir con la visión sionista de un Estado judío en un territorio con una población palestina tan grande que crece exponencialmente y que en pocos años duplicarían su número? Mientras no se logre encontrar una solución equitativa y justa para resolver este agudo problema, el conflicto palestino seguirá siendo un problema irresoluble :(
