Hace un año, cientos de miles de personas salieron a las calles de Egipto para exigir la caída del régimen islamista, acusado de autoritarismo. El golpe de Estado militar que sucedió a las masivas protestas, y que derrocó a los Hermanos Musulmanes y al presidente Mohamed Mursi - el primer civil elegido democráticamente en la historia egipcia - prometió hacer valer «la voluntad popular» y enderezar el rumbo de una transición tormentosa y atribulada.
Sin embargo, un año después, la democracia esta más lejos que nunca, el país sigue profundamente dividido y se ha experimentado un retroceso notable en las libertades individuales, sociales y políticas. La confianza que muchos egipcios pusieron en el entonces golpista jefe del Ejército Abdel Fattah Al Sisi, se ha desvanecido y los desencantados recuerdan que la semilla de la conciencia social que plantó la revolución del 2011 sigue viva, y ningún gobernante podrá volver a ser inmune a ella. «El 30 de junio de 2013 muchos egipcios fueron a las calles esperando no solo acabar con el régimen de los Hermanos Musulmanes sino también para consolidar los derechos que se adquirieron en la revolución que derroco a Hosni Mubarak. Ahora vemos que estos derechos no existen», reconoce el politólogo Mustafa Kemal el Sayed. ¿En qué ha cambiado Egipto este último año? ¿Qué se ha perdido o ganado por el camino? En apariencia, la “estabilidad” ha regresado a las calles del país, una tensa calma muy ansiada por gran parte de los egipcios, pero que se ha conseguido a base de mano dura y una sangrienta represión. La ley de manifestaciones aprobada a finales de 2013 ha puesto fin a tres años de protestas y enfrentamientos violentos casi diarios.
«Hoy vemos que los jóvenes que iniciaron la revolución están en prisión y los simpatizantes del régimen de Hosni Mubarak están de vuelta en los medios de comunicación y en la vida política, aunque aseguren que no son miembros del antiguo partido», señala El Sayed. El poder de la contrarrevolución ha llegado hasta tal punto de que el alzamiento de los egipcios en el 2011 que derrocó a Mubarak «se está describiendo en algunos medios como una conspiración extranjera instigada por Estados Unidos que habría llevado al deterioro de la situación económica y de seguridad en Egipto», añade el analista.
Las libertades personales, la libertad de expresión, de reunión pacífica o de asociación han sufrido un retroceso en Egipto, donde la justicia y la injusticia se aplican con arbitrariedad, denuncian observadores y defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional. Ejemplos en el último año no faltan. Desde enero, un juez ha recomendado la pena de muerte para más de 1.200 personas en procesos que han durado apenas un par de días y en los que la defensa no ha podido presentar pruebas o ver tan siquiera a los acusados. Periodistas de Al Jazzira han sido condenados a penas de entre 7 y 10 años de cárcel en un juicio en el que no se ha presentado ni una sola prueba sólida contra ellos.
La salvaje represión de los golpistas se ha cebado con Los Hermanos Musulmanes, que fue declarada grupo "terrorista" y cuyo guía supremo, Mohamed Badie, ha sido condenado a muerte y sus principales líderes aguardan juicio en la cárcel, lo mismo que el propio Mohamed Mursi. Se calcula que unos 2.000 simpatizantes de la hermandad han muerto en el último año, sobre todo en los primeros dos meses tras el golpe de Estado, y más de 40 000 han sido encarcelados. De la hoja de ruta impuesta por los militares el 3 de julio del año pasado, Egipto ha consumado ya dos de sus puntos: ha aprobado una “nueva” Constitución y ha elegido a un nuevo “presidente”. Las elecciones legislativas serán el próximo paso. El borrador de la nueva ley que regulará esos comicios, sin embargo, no augura una gran representatividad, advierte Hassan Nafaa, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo. La norma asigna un 80 por ciento de los escaños a los candidatos independientes y el resto a los partidos, lo que «conducirá al debilitamiento de los partidos políticos que ya existen», abriendo la puerta a que un parlamento débil sea manipulado por un poder ejecutivo potente, con un dictador como Abdel Fattah Al Sisi quien pretende eternizarse en el poder contando para ello con la “bendición” de Washington quien lo ve como un estrecho “aliado” en la conflictiva región, lo cual se impone a cualquier otra consideración, incluida la del respeto a los más elementales derechos humanos. Occidente, sin embargo, debe reconsiderar su complacencia hacia este dictador quien empuña el timón de un país al borde de la bancarrota, profundamente dividido y con una insurgencia incipiente.
La estabilidad de la nación más poblada e influyente del mundo árabe no llegará de la mano de una brutal represión política con miles de muertos y encarcelados, sino de un sistema legal digno de ese nombre y de una efectiva vuelta a la democracia y no a la farsa que Al Sisi y su camarilla golpista pretenden imponer :(
