Francia está que quema en este arranque de otoño. Y no precisamente por el cambio climático. Mientras Emmanuele Macron discute sobre dónde aplicar la tijera para podar los presupuestos nacionales, con el objetivo de seguir destinando ingentes cantidades de dinero a Ucrania en su guerra suicida contra Rusia, decenas de miles de jóvenes han salido a las calles en movimientos de protesta con un nexo en común, autoproclamándose como “la expresión del desasosiego de la juventud ante el futuro y el descontento por un presente caracterizado por la precariedad”. Sin embargo, las insuficiencias del sistema educativo entre otras exigencias, han sido el pretexto utilizado por estos grupos violentistas - que de “estudiantes” no tienen nada y que en realidad están conformados por miles de inmigrantes musulmanes procedentes especialmente de Argelia - para desatar el caos y la violencia en las calles de Paris y otras ciudades francesas, saqueando e incendiando locales públicos y privados, así como destruyendo y vandalizando monumentos históricos, dirigidos por los resucitados ‘chalecos amarillos’, un grupo terrorista afín al comunista Jean-Luc Mélenchon, cabecilla de la Francia Insumisa (LFI) y candidato al Eliseo en las elecciones del próximo año. Todo incendio empieza por una chispa y en Francia, como es habitual, empezó en los suburbios. La revuelta de los “estudiantes de bachillerato” de todo el país, que tiene en este momento contra las cuerdas al gobierno de Sébastien Lecornu, se inició el 17 de septiembre en el liceo Antoine de Saint-Exupéry de Créteil, al sudeste de París, cuando los “alumnos” se unieron a una huelga del profesorado en protesta por la falta de personal y de recursos, bloqueando el instituto. Pasados unos días, ya eran una decena los liceos implicados, una cifra que alcanzó rápidamente el millar. En las últimas semanas se han sucedido multitudinarias manifestaciones, que han acabado muchas veces en enfrentamientos con los antidisturbios y actos de violencia protagonizados por estos grupos radicales, mientras crecen interesadas voces críticas hacia la fuerza utilizada por la policía, pero que a su vez apoyan la asonada terrorista de Mélenchon. La violencia se amplió el último fin de semana, dándose una confluencia con otros movimientos terroristas, como el los ‘chalecos amarillos’, que entre el 2018 y el 2019 hicieron temblar a Francia. Junto a la reivindicación de más profesores para cubrir las bajas y más recursos -10.000 millones de euros más para educación -, los “estudiantes” reclaman también la supresión del actual sistema de acceso a la universidad, en manos hoy de una plataforma (Parcoursup) gobernada por un algoritmo que consideran opaco y -sospechan- discriminatorio, y que es probablemente el problema inmediato que más angustia les produce. La protesta nació del malestar por el coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, en especial por el precio que han alcanzado los carburantes. Curiosamente, en el 2018 fue también la ecotasa -unos céntimos en el precio de la gasolina y el gasóleo- lo que encrespó los ánimos. Luego se añadieron otras reivindicaciones. Hoy los carburantes son mucho más caros que entonces, una media de 2,30 euros por litro de gasolina de 95 octanos. Son los jóvenes que han vivido siempre bajo la angustia de la urgencia climática y los que, en el caso de la Francia de Macron, ven amargamente cómo se incumple la promesa meritocrática de la educación como instrumento de emancipación. Con un déficit del 5,4% del PIB, una deuda acumulada que roza el 120% y una prima de riesgo que ha escalado hasta el nivel más alto desde la crisis del euro en el 2012, las opciones del Gobierno francés son limitadas. La tensión propia de una precampaña electoral exacerba los ánimos y da alas a quienes buscan incendiar el conflicto social para sacar beneficio en las urnas. A ello debemos agregar que la atmósfera de fin de reinado, con Macron al término de sus dos mandatos por un total de diez años, contribuye a la parálisis. Cabe precisar que las violentas protestas son un caso paradigmático de “confluencia de luchas”, que ha servido de catalizador para encauzar otros sectores descontentos en la sociedad francesa, siempre dispuesta lanzarse a la calle. Los partidos de ultraizquierda, especial La Francia Insumisa (LFI), buscan capitalizar el momento, por lo que es inevitable no interpretar estas protestas con el trasfondo de la campaña electoral de las presidenciales, que se celebrarán el 18 de abril y el 2 de mayo del 2027. Pero tal “convergencia de luchas”, o simplemente la suma de cabreos, se trasformó, como se esperaba, en una orgía de violencia a cargo de los salvajes habituales que nada tienen que ver con el grueso de los estudiantes de institutos. La degradación de la vida política en Francia y la impotencia del Gobierno para hacer frente a la violencia de los grupos organizados de ultraizquierda volvió a quedar reflejada ante el mundo en una serie de imágenes vergonzosas para la otrora sexta potencia mundial. Ayuntamientos, como el de Marsella, asaltados; edificios oficiales o privados incendiados, material urbano destrozado. Todo ante la incapacidad y contención de las fuerzas policiales, temerosas de ser acusadas de “matar”, como aúllan las huestes de LFI de Melenchón. Como sabéis, estos grupos de ultraizquierda bien organizados – conformado por argelinos llegados en pateras - que aprovechan cualquier protesta para destrozar y desestabilizar el orden público. La jornada de protesta del 17 de octubre, que tenía como denominador común la preocupación por “la vida cara”, será recordada especialmente por la ira de los comerciantes que vieron saqueados sus negocios, por los ciudadanos que descubrieron sus automóviles abrasados en su propia calle, por el humo que entraba por las ventanas de sus casas… Al margen de los disturbios en el centro de París, los dirigentes de LFI - cobardes como todos los dirigentes izquierdistas que envian a su gente al matadero mientras ellos se recogen a buen recaudo - desfilaban lejos de los gases lacrimógenos entonando la Marsellesa y, sin duda, encantados con el clima de insurrección y caos que piensan alargar hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 18 de abril próximo. El cabecilla de LFI declaraba que “la juventud estaba más movilizada que en mayo del 68”, mientras su séquito coreaba “Melenchón presidente”. Orgullosos pueden sentirse las huestes de Melenchón, ya que han atizado, manipulado y capitalizado las cinco protestas estudiantiles anteriores al enésimo sábado fatídico para la historia social en Francia. Para Marine Le Pen, favorita para sustituir a Macron en la presidencia, “las reivindicaciones sociales han vuelto a ser secuestradas por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Melenchón que, legitimando la violencia, considerando el orden como una opresión, y el desorden como un derecho, busca llevar al país hacia el caos” asevero. El ruido de las granadas aturdidoras mezclado al de los cristales rotos y los adoquines golpeando los vehículos policiales ocultó las peticiones de los estudiantes de los institutos. Ni los manifestantes ni los políticos mencionaban ya la falta de profesores, o el estado de degradación de ciertos – no muchos – centros escolares. Mientras algunas calles ardían en París, Lyon o Marsella el palacio del Elíseo y el de Matignon monopolizaban buena parte de los efectivos antidisturbios. Macron y el primer ministro, Sebastien Lecornu, permanecían en sus sedes oficiales, protegidas por el temor a ser asaltadas como ocurrió en 2017. Hoy, las crisis se acumulan para el primer responsable de un régimen en semi-coma. carente de la confianza de sus administrados y cuya voz es completamente ignorada. A siete meses del final de su mandato, Macron es mucho más que un “pato cojo”. Al desprecio, cuando no odio, de sus compatriotas, debe unir la desconfianza de los inversores y de muchos de sus colegas europeos frente a la situación de las finanzas de su país. Una deuda que llega ya a 3,61 billones, de la que los nueve años de Macron son responsables de 1,34 billones; un déficit del 5,1% del PIB para el 2027. Con las finanzas en la UCI, el presupuesto que Lecornu quiere aprobar incluye recortes por 25.000 millones y una subida de impuestos de 17.000. Apuesta por un crecimiento de un 1%, cuando los especialistas lo fijan en un 0,5%; una inflación de un 1,8%, cuando en septiembre llegaba ya al 3%; tipos de interés limitados al 4.3%, cuando ya van a superar el 5%. Lecornu no convence a nadie, y mucho menos a los fondos especulativos que apuestan por la incapacidad de París para hacer frente a la deuda. Francia sigue siendo el país que dedica más al gasto público (57%) con unos servicios en estado catatónico, sin que ni los dirigentes de los últimos 40 años, ni los que se presentan para dirigir el país a partir del 2027 estimen necesario recortar el gasto social. Mientras, los saqueos, incendios, destrozos y los enfrentamientos con las fuerzas de orden público ofrecidas este sábado en directo a todo el planeta son testimonio gráfico, una vez más, de la ausencia de autoridad y de la incapacidad de un Emmanuel Macron en el fin de su desastroso reinado. De esta manera, a seis meses de unas elecciones presidenciales, en las que la ultranacionalista Marine Le Pen, del Reagrupamiento Nacional (RN) parte como la gran favorita, este país afronta una crisis múltiple que refleja un descontento común con otras sociedades occidentales y frente al cual el margen de maniobra de quienes gobiernan es cada vez más reducido. Al respecto, el presidente del RN, Jordan Bardella, ha dicho que el movimiento contestatario es una excusa para los grupúsculos de extrema izquierda y hostiles a la policía, que actúan por órdenes del ultraizquierdista Mélenchon, por lo que reiteró su pleno apoyo a las fuerzas de seguridad. Bardella no dudó que a medida que se acerque los comicios, los desórdenes y la violencia se incrementaran por obra de quienes buscan ganar a rio revuelto. Si eso es así, el RN y los medios afines lo explotarán al máximo para extender el mensaje de una Francia donde falta autoridad y mano dura, para seguir creando las condiciones de una arrolladora victoria de Le Pen la próxima primavera. Las hordas terroristas de Mélenchon están al acecho y solo ella será capaz de enfrentar y vencer tal amenaza. Es indudable el interés electoral del candidato de LFI en desestabilizar al país, ya que está muy por detrás de Le Pen. Las protestas le han proporcionado una ocasión única para profundizar en su estrategia de oposición total a la política de Macron y acercamiento a la juventud. Los incendiarios llamamientos en redes sociales a un movimiento más amplio, que destruyan, roben e incendien todo a su paso, es música para los oídos de Mélenchon - cuyo partido debe ser ilegalizado - a quien no le interesa en absoluto el destino de Francia y solo quiere verla destruida, creyendo que así podrá llegar al Eliseo. En cuanto a Macron, a quien sus partidarios llamaban pomposamente Le Roi, comparándolo con Luis XIV, vive sus horas de agonía y bien puede terminar como Luis XVI, en la guillotina... o algo peor. (Por cierto, en lo que es considerado una gran derrota para Donald Trump, la provincia de Alberta - rica en petróleo - rechazo por una aplastante mayoría del 76%, independizarse de Canada e “integrarse” en los EE.UU. tal como lo pretendía el inquilino de la Casa Blanca. De nada le valió a este la campaña desestabilizadora que orquesto ni sus ‘fake news’ para lograr su pérfido cometido...)
Israel está ahora formalmente en modo campaña. En efecto, la Knéset (Parlamento) se disolvió el 17 de julio y los votantes acudirán a las urnas este 27 de octubre. Y luego de una semana, el 3 de noviembre, los votantes estadounidenses deciden la composición del Congreso y la suerte de la peste naranja en la Casa Blanca, que podía ser destituido por el Congreso si los demócratas se hacen con el control de ambas cámaras (como todas las encuestas prevén que sucederá). La superposición es casi exacta, y ha convertido la relación entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump en algo más parecido a una competencia que a una alianza. Lo que ayuda a un hombre a sobrevivir políticamente amenaza con hundir al otro. Netanyahu necesita que Irán domine la campaña israelí. Su mejor camino de continuar en el poder - además que lo salva de terminar en la cárcel por los graves casos de corrupción en los que se encuentra inmerso - pasa por un público crédulo que siente “una amenaza inmediata para la seguridad” y un primer ministro posicionado como el único líder capaz de ordenar una acción militar a gran escala. Trump necesita lo contrario: pruebas para los votantes estadounidenses de que una larga, costosa y fracasada guerra contra Irán ha terminado, que los precios de la gasolina estén bajando y que ya no mueren soldados estadounidenses en lejanos países. El resultado es una unión casi perfecta de suma cero. Una nueva oleada de escalada contra Teherán podría abrir a Netanyahu un camino hacia la victoria, mientras costaría a los republicanos la mayoría en la Cámara. Pero un fin negociado del conflicto con Irán, podría otorgar a Trump un logro emblemático mientras dejaría a Netanyahu expuesto a encuestas hostiles y a un ajuste de cuentas interno sin resolver. Sobre el papel, la posición de Netanyahu parece débil. La Knéset tiene 120 escaños, una coalición de gobierno necesita 61, y cualquier partido debe superar un umbral del 3,25% para entrar en el parlamento, lo que significa que la verdadera batalla no es solo por la cuota de votos, sino para mantener a los partidos aliados por encima de la línea. A estas alturas, las encuestas israelíes presentan un panorama mixto, sin que ni el bloque de Netanyahu ni la oposición puedan obtener la mayoría parlamentaria para hacerse con el gobierno. Una encuesta del Canal 13 publicada el 7 de octubre situaba al bloque de Netanyahu en 55 escaños, a la oposición en 50 y a los partidos árabes en 15. El ultraderechista partido Yashar, del exjefe del Estado Mayor de las FDI Gadi Eisenkot, y el Likud de Netanyahu estaban empatados con 20 escaños cada uno, aunque Eisenkot mantuvo una ventaja personal como primer ministro preferido, con un 44% de apoyo frente al 40% de Netanyahu. En tanto, una encuesta del Canal 12 publicada el 5 de octubre mostró un equilibrio diferente: 49 escaños para el bloque de Netanyahu, 54 para la oposición y 13 para partidos árabes. Yashar lideraba al Likud por 23 escaños frente a 21, mientras que Eisenkot lideraba a Netanyahu por 41% frente a 38% en cuanto a idoneidad para primer ministro. Una encuesta de verano sobre si Netanyahu debería siquiera presentarse de nuevo reveló que el 61% de los israelíes se oponía a su participación en las próximas elecciones, mientras que el 35% las apoyaba. Entre los judíos encuestados, el 57% se opuso a otra candidatura y el 39,5% la apoyó. Nada de esto hace inevitable su derrota, porque el verdadero problema de la oposición es formar una coalición. Eisenkot, la alineación Bennett-Lapid, el partido de Avigdor Liberman y la izquierda podrían plausiblemente superar en votos al bloque de Netanyahu y aun así carecer de una mayoría viable sin apoyarse en partidos árabes, un acuerdo al que gran parte de la dirección opositora judía no está dispuesta a comprometerse públicamente. En tanto, un bloque liderado por Netanyahu atrapado en torno a 50 escaños no significa automáticamente un cambio de gobierno; Eso le deja espacio para desvincular a desertores, separar rivales o forzar una repetición electoral. Sus socios actuales - los ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, junto con la extrema derecha Otzma Yehudit y el Sionismo Religioso, que buscan restaurar el “Gran Israel” (Desde el Nilo hasta el Éufrates) - son bloques disciplinados, pero mantenerlos requiere seguir impulsando exenciones de yeshivá de la conscripción militar a los ortodoxos, ampliar la influencia ejecutiva sobre el poder judicial y los medios, y mantener una postura dura contra los palestinos. Esas mismas medidas alejan al centro, a los reservistas militares y a los israelíes laicos. La lucha contra la conscripción, en particular, ha llevado repetidamente a la coalición al borde del colapso, y en sus últimas semanas antes de la disolución, la Knéset saliente impulsó varias medidas controvertidas sobre conscripción, autoridad judicial y regulación de los medios. Dentro de la sociedad israelí, la gran mayoría esta en desacuerdo que los ortodoxos - sostén de Netanyahu - sigan exentos de realizar el servicio militar, que es obligatorio para el resto, manifestándose en repetidas ocasiones para que dejen de ser los privilegiados del régimen. Por cierto, la seguridad sigue siendo la única palanca capaz de transformar la campaña de la noche a la mañana. En la agenda política habitual, Netanyahu tiene que responder por el fracaso en inteligencia y defensa del 7 de octubre del 2023, la presión de la prolongada movilización del impuesto de reserva, una economía difícil y años de polarización interna. Una guerra reciente deja todo eso en segundo plano y replantea las elecciones como un referéndum sobre el liderazgo en tiempos de guerra. El patrón ya se ha repetido una vez. Tras lo que los israelíes consideraron en términos generales “una exitosa guerra de doce días” con Irán en el verano de 2025, el apoyo al Likud alcanzó su punto más alto desde las elecciones del 2022. Pero en julio de 2026 el partido había vuelto a caer hasta aproximadamente 21-24 escaños. La opinión pública israelí es aquí una auténtica paradoja: está cansada de la guerra, pero se muestra reacia a aceptar un acuerdo considerado prematuro. Solo el 38% de los encuestados cree que la posición de seguridad de Israel ha mejorado realmente desde la guerra con Irán. Una encuesta del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional revela que el 43% cree que la guerra terminó sin un resultado claro, el 37% considera a Irán como ganador y solo el 15% considera a Israel como ganador. Por otro lado, el 66% consideró que el memorando entre Estados Unidos e Irán firmado en junio era desfavorable para Israel, y la mayoría de los judíos encuestados ha afirmado que poner fin a la guerra en sus términos actuales es incompatible con los intereses de seguridad del país. Esta paradoja da a Netanyahu una oportunidad para argumentar que la guerra no produjo nada decisivo porque Washington suspendió la presión demasiado pronto. La nueva guerra con Irán, en este contexto, está terminando un trabajo pendiente: desmantelar infraestructuras nucleares, producción de misiles balísticos, objetivos de mando del CGRI y las redes logísticas que apoyan a las milicias alineadas con Irán. Tal escalada podría atraer a votantes de centro-derecha vacilantes de Eisenkot y Bennett hacia el Likud. Pero el propio Eisenkot es un exjefe de gabinete con sus propias credenciales de seguridad, lo que significa que un ataque por sí solo no será suficiente: Netanyahu necesita un resultado rápido e inequívoco que pueda reclamar creíblemente como su propio logro. Una operación prolongada o inconclusa haría justo lo contrario. Los israelíes ya son escépticos respecto a lo que se ha logrado hasta ahora; una mayor destrucción, movilización prolongada y ataques en el frente interno corren el riesgo de cambiar la pregunta de "¿es Netanyahu lo suficientemente decisivo" a "¿por qué, tras años de luchas, este gobierno aún no ha ofrecido una seguridad duradera?" Hay una limitación económica superpuesta. La previsión del Banco de Israel proyecta un crecimiento del PIB del 4% en 2026, un déficit presupuestario del 4,9% del PIB y una deuda pública cercana al 69% del PIB, pero eso supone que no habrá nueva guerra con Irán ni un enfriamiento de las hostilidades en Líbano. El banco central ha advertido que un aumento propuesto en defensa de hasta 25.000 millones de shekels (unos 8.100 millones de dólares) aumentaría simultáneamente el déficit, la deuda y la inflación. Por tanto, una nueva guerra podría mejorar la posición electoral de Netanyahu mientras socava la recuperación macroeconómica de la que depende su gobierno. Netanyahu necesita convencer a Trump de tres cosas: que cualquier pausa diplomática da tiempo a Teherán para reconstruir su capacidad de misiles y nuclear; que los ataques limitados alrededor del Estrecho de Ormuz no resuelven el problema estratégico subyacente; y que cualquier acuerdo debe incluir el desmantelamiento de la capacidad de enriquecimiento, la retirada de material almacenado, el límite del programa de misiles balísticos y el debilitamiento de los proxies regionales de Irán. Pero la estrategia regional de Israel va mucho más allá de Irán, incluyendo a Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza, milicias respaldadas por Irán en Irak y Yemen, la competencia estratégica con Turquía y la preservación de la superioridad militar en medio de la posible venta de F-35 a Ankara. La agenda de Trump es aún más amplia: libertad de navegación, precios de la energía, la relación con Arabia Saudita y Turquía, la ampliación de los Acuerdos de Abraham y presentarse como el presidente que puso fin a la guerra. Israel sigue siendo un aliado central en ese panorama, pero ya no es el único actor crucial. Sin embargo, en casa, las matemáticas electorales están tirando de Trump en la dirección opuesta. Los republicanos defienden una mayoría extremadamente ajustada en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Actualmente, la Cámara de Representantes cuenta con 218 republicanos frente a 214 demócratas, un independiente y dos vacantes. La división en el Senado es de 53 republicanos frente a 45 demócratas y dos independientes que se agrupan con demócratas, y de los escaños en juego, 22 están en manos de republicanos frente a solo 13 de demócratas, lo cual es obviamente desfavorable estructuralmente para los republicanos. Una guerra con Irán es en sí misma una carga electoral. Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos encontró que solo alrededor de un tercio de los estadounidenses la apoya, frente al 62% en contra. Aproximadamente el 69% de los encuestados, incluido el 40% de los republicanos, afirman que Trump no ha explicado los objetivos de la operación. Encuestas anteriores de Pew y Quinnipiac contaban una historia similar, con un 59% frente al 60% que calificaban el uso de la fuerza como un error o que no merecía la pena el coste. Para los votantes estadounidenses, el efecto más tangible de la guerra es el precio en la gasolinera. La interrupción del transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz y la volatilidad de los precios del petróleo hicieron que el precio medio de la gasolina superara los cuatro dólares por galón; Los datos de la EIA sitúan la media nacional en 4,35 dólares a fecha de 5 de octubre, tras alcanzar un máximo cercano a 4,56 dólares en primavera. El índice de confianza del consumidor del Conference Board bajó de 88,6 en agosto a 81,9 en septiembre, el nivel más bajo desde el 2014. La relación entre la guerra y los costes de los hogares es especialmente perjudicial para un presidente que hizo campaña para bajar precios y poner fin a las guerras extranjeras abiertas, pero nada ha conseguido. Incluso muchos votantes que favorecen una postura dura respecto a Irán no ven la defensa de Israel como justificación suficiente para una prolongada implicación estadounidense: las encuestas AP-NORC revelaron que el 67% de los estadounidenses considera que evitar precios más altos del combustible es una prioridad importante, frente a solo el 39% que dice lo mismo sobre prevenir amenazas a Israel. El Congreso ya ha registrado el descontento. El 23 de julio, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó una resolución exigiendo el fin de la acción militar contra Irán sin autorización del Congreso, 214 a 208, con cuatro republicanos cruzando las líneas partidistas. La medida es en gran medida simbólica, pero demuestra lo fácil que podría ser la cuestión de Irán para dividir a una mayoría que ya no tiene margen de error. La elección inmediata a la que se enfrentan ambos líderes ha cambiado de si iniciar una nueva ofensiva o buscar un acuerdo de paz, a si la pausa actual puede sobrevivir a la temporada electoral. El 8 de octubre, Trump dijo que Estados Unidos no atacaría Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, manteniendo el bloqueo y describiendo las conversaciones con Teherán como productivas. Eso, a su vez, establece un calendario estadounidense declarado públicamente alrededor del margen de maniobra de Netanyahu antes de la votación israelí del 27 de octubre. No equivale a un acuerdo de paz, ni garantiza la contención israelí, ni descarta una respuesta a un nuevo ataque. La escalada sigue siendo un riesgo, pero ya no puede presentarse como una estrategia de campaña igualmente probable y abiertamente respaldada por Estados Unidos antes de las elecciones. Axios informó el 7 de octubre que el Pentágono había ordenado preparar un posible combate renovado. Si los combates se reanudan, Netanyahu podría intentar movilizar a los votantes en torno al liderazgo en tiempos de guerra, pero el beneficio electoral dependería del resultado. Una breve operación con beneficios demostrables podría ayudar a Likud; La represalia de misiles, las bajas civiles y la renovada movilización podrían reforzar las dudas sobre la capacidad de su gobierno para ofrecer una seguridad duradera. Para Trump en cambio, el objetivo más inmediato es evitar que el conflicto provoque otro choque económico antes de que los estadounidenses voten. Su anuncio deja intacta la presión coercitiva. El transporte marítimo a través de Ormuz también sigue siendo vulnerable: los ataques iraníes a petroleros se han reanudado mientras Washington describe los avances en la llegada del petróleo del Golfo al mercado. Evitar una nueva campaña de bombardeos puede reducir el riesgo de un aumento repentino de precios, pero no puede por sí solo restaurar la navegación normal ni garantizar gasolina más barata en cuestión de semanas. Un avance diplomático aún podría mejorar la posición de Trump, especialmente si hace que el transporte marítimo sea más seguro y aporta un alivio sostenido en la bomba. Su efecto sobre Netanyahu dependería de los términos. Un acuerdo visto en Israel como una limitación suficiente de las capacidades nucleares y misilísticas de Irán, podría exponerlo a críticas tanto de rivales como de sus propios socios de derechas. Un acuerdo con restricciones y verificación creíbles podría darle un logro que defender. En cualquier caso, un entorno de seguridad más tranquilo dejaría más espacio para los problemas internos que ya están moldeando la campaña: la rendición de cuentas por el 7 de octubre, la conscripción ultraortodoxa y la confrontación sobre el poder judicial. La opción de éxito compartido se basa en una presión sostenida que produzca concesiones exigibles sin otra escalada regional. Ambos podrían atribuirse el mérito de tal resultado. Pero es poco probable que las negociaciones, la implementación y la verificación encajen en los días restantes antes de las elecciones, y ni Washington ni Jerusalén tienen control sobre la respuesta de Teherán. Una pausa que se mantenga durante las votaciones aún puede dejar las disputas centrales sin resolver y que se puedan reanudar los combates tras los comicios, cuyos resultados para quienes tienen las manos llenas de sangre en Gaza, Líbano e Irán - determinaran no solo su supervivencia política.
Las fuerzas estadounidenses están completando su retirada de Irak, pero el país que Washington prometió convertir en “un modelo de transformación democrática en Oriente Medio” sigue enfrentándose a interrogantes que años de presencia militar nunca lograron responder. Para Irak, este es un hito político largamente esperado, pero el fin de una misión militar extranjera no soluciona mágicamente la fragmentación del poder que generó. Es probable que las consecuencias de la intervención, la desconfianza sectaria y la rivalidad entre los centros armados de influencia sigan presentes en el panorama político iraquí durante los próximos años. Aunque Estados Unidos ya había combatido en Irak en 1991, la invasión de marzo de 2003 marcó el inicio de la ocupación y la reestructuración radical del Estado iraquí. El gobierno del Criminal de Guerra George W. Bush “justificó” la guerra principalmente aludiendo a la aparente amenaza que representaban “las armas de destrucción masiva iraquíes” que nunca existieron, y que fue el pretexto utilizado para invadir el país y apoderarse de sus inmensas reservas de gas y petróleo. El régimen de Saddam Hussein fue derrocado con notable rapidez, pero la construcción de un Estado estable resultó ser un desafío que la superioridad militar estadounidense por sí sola no podía resolver. La disolución del ejército iraquí y el drástico proceso de purga de la influencia del partido Baaz de Hussein privaron al incipiente sistema político de un número considerable de personas que hasta entonces habían mantenido en funcionamiento el aparato estatal. A medida que decenas de miles de profesionales, funcionarios y militares se vieron excluidos del “nuevo orden”, el resentimiento social se fusionó con la resistencia armada, mientras que la lucha por el poder se tornó cada vez más sectaria. El régimen de Hussein, sin duda, dejó un legado profundamente problemático, pero las decisiones tomadas durante la ocupación catalizaron la violencia como medio para recuperar la influencia perdida. Al mismo tiempo, sería una simplificación excesiva atribuir todos los desastres posteriores únicamente a Washington. Los líderes políticos iraquíes que institucionalizaron la distribución de cargos y recursos según líneas partidistas y comunitarias también contribuyeron a la alienación de importantes sectores de la sociedad, mientras que los estados vecinos aprovecharon la debilidad de Bagdad para promover sus propios intereses. Sin embargo, fue la intervención la que desmanteló el orden anterior antes de que se consolidaran las instituciones capaces de impedir que el país se fragmentara en redes políticas y armadas rivales. La primera retirada de las fuerzas estadounidenses se completó en el 2011, pero en el 2014 Estados Unidos regresó a petición del gobierno iraquí tras la toma de Mosul y amplias zonas del territorio iraquí por parte del ISIS. En ese momento, la fuerza aérea estadounidense, sus capacidades de inteligencia y el entrenamiento de las fuerzas locales contribuyeron decisivamente a cambiar el rumbo de la guerra. Negar dicha contribución restaría importancia tanto al papel de la coalición internacional como al apoyo que brindó a Irak. Aun así, la mayor parte de la carga en los combates terrestres recayó sobre las fuerzas iraquíes, incluyendo el ejército, las unidades antiterroristas, los Peshmerga y las Fuerzas de Movilización Popular. La destrucción del control territorial del Estado Islámico en Irak en el 2017 fue un verdadero logro militar, pero no eliminó las condiciones que previamente habían permitido a las fuerzas yihadistas establecerse en el país. Si se evalúa la política estadounidense en función de su promesa de crear un Irak estable y seguro, el resultado parece considerablemente menos impresionante de lo que cabría esperar tras todas las declaraciones de victoria militar. Washington simplemente contribuyó a sofocar una amenaza que su propia intervención había ayudado a crear. Las consecuencias regionales fueron igualmente contradictorias, ya que la eliminación de uno de los principales adversarios de Teherán creó nuevas oportunidades para que Irán expandiera su influencia en Irak. Estados Unidos invirtió enormes recursos en la construcción de un nuevo orden político en el que la posición de su principal rival regional terminó fortaleciéndose considerablemente. Esto no significa que Bagdad perdiera su capacidad de acción política, pero demuestra hasta qué punto las consecuencias reales de la guerra se desviaron de las expectativas con las que Washington la había iniciado. Cabe precisar que la retirada estadounidense será inevitablemente percibida por parte de la sociedad iraquí como el fin de una larga era de ocupación, a pesar de que la presencia militar establecida luego del 2014 se basó en fundamentos jurídicos y políticos diferentes y se produjo por invitación de Bagdad. Esta distinción permite a las autoridades iraquíes recalcar su soberanía sin negar que la asistencia extranjera fue necesaria en un momento dado. El reto mucho más difícil será garantizar que las decisiones sobre la guerra y la paz sean tomadas genuinamente por el Estado. Las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo paramilitar respaldado por Irán, surgieron como una amplia estructura de movilización durante la ofensiva de ISIS en el 2014, aunque algunas de las organizaciones que se integraron en ella ya existían mucho antes. Posteriormente, la organización se incorporó al sistema estatal, pero conservó una considerable diversidad interna, por lo que sería erróneo considerar a todas las Fuerzas de Movilización Popular como un único ejército controlado por Irán. --Esta es una de las contradicciones más difíciles del Irak de posguerra. Los grupos que ayudaron a salvar al Estado de las fuerzas yihadistas adquirieron sus propias fuentes de influencia política y económica, mientras que algunos comandantes desarrollaron interés en preservar un sistema en el que el Estado financia formaciones armadas sin ejercer un control total sobre sus decisiones. El desarme en estas condiciones afecta la posición de los partidos políticos, el acceso a los ingresos estatales y la seguridad personal de quienes se han acostumbrado a depender de sus propias redes armadas. El gobierno del primer ministro Ali al-Zaidi busca someter las armas al control estatal, mientras que grupos armados vinculados a Irán, como Kataib Hezbolá, se resisten a estas demandas. El plazo impuesto por las autoridades ha generado una oposición directa de diversas formaciones, y las detenciones de miembros de milicias ya han provocado amenazas de represalias. En el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el margen para el compromiso es cada vez menor, ya que algunos grupos armados consideran sus armas tanto un medio para apoyar a Teherán como una protección contra la presión estadounidense. Bagdad, por su parte, corre el riesgo de verse atrapada entre las exigencias de Washington y las expectativas del vecino Irán, un país cuya relación con Irak no puede reducirse simplemente a sus vínculos con grupos armados. Un intento de desarmar a todas las formaciones simultáneamente podría unirlas contra los comandantes gubernamentales cuyos intereses habían divergido previamente, mientras que las concesiones constantes solo institucionalizarían la autonomía de los centros armados rivales. Un proceso gradual para integrar estas fuerzas bajo una cadena de mando unificada, combinado con un control más estricto de la financiación y garantías creíbles para los combatientes comunes, parece más sostenible. De lo contrario, el cambio de imagen organizativa podría dejar intactas las antiguas redes de lealtad, mientras que la soberanía quedaría reducida a poco más que un eslogan político. El ejército iraquí posee hoy una experiencia de la que carecía catastróficamente en el 2014, por lo que sería erróneo suponer que la caída de Mosul podría repetirse sin más. El número de ataques de ISIS en Irak descendió a un mínimo histórico en el 2025 como resultado de la presión constante ejercida por las fuerzas de seguridad iraquíes. Sin embargo, la organización no ha desaparecido y continúa explotando la inestabilidad en la vecina Siria. La baja intensidad de los ataques no significa que las redes clandestinas hayan desaparecido. Las células restantes de ISIS, que a su vez surgió de la rama iraquí de Al Qaeda, siguen representando una amenaza real para la seguridad, mientras que presentar a ambas organizaciones como movimientos clandestinos separados e igualmente poderosos en el Irak actual distorsionaría la realidad. El escenario más peligroso se daría si el enfrentamiento entre el gobierno y los grupos armados comenzara a consumir los recursos necesarios para la seguridad cotidiana. Si las unidades del ejército se redesplegaran hacia la capital, los servicios de inteligencia se centrarán cada vez más en los opositores políticos internos y los comandantes locales dejaran de intercambiar información, las redes yihadistas tendrían la oportunidad de reconstruir sus rutas de suministro y mecanismos de reclutamiento. No necesitarían tomar las principales ciudades de inmediato. Una serie sostenida de ataques en carreteras y zonas rurales podría bastar para minar la confianza pública en las autoridades. Este vacío de poder podría surgir en zonas donde existen formalmente varias estructuras de seguridad, pero ninguna asume la plena responsabilidad de mantener el orden. Los territorios donde la rivalidad política obstaculiza la cooperación entre Bagdad, las autoridades kurdas y las fuerzas de seguridad locales serían particularmente vulnerables. Si a este contexto se le suman medidas arbitrarias y acusaciones colectivas contra las comunidades locales, los grupos clandestinos podrían intentar, una vez más, presentarse como “defensores” de quienes se sienten excluidos o maltratados. La cuestión central, por lo tanto, es si el liderazgo iraquí puede preservar la unidad de mando, la confianza pública y la eficacia de la labor de inteligencia al tiempo que reforma las fuerzas armadas del país. La asistencia técnica externa continua y el intercambio de inteligencia podrían facilitar esta tarea, pero los asesores extranjeros no pueden sustituir una solución política interna. La retirada crea un peligro real cuando coincide con el colapso de dicha solución, aunque la salida de las tropas extranjeras no hace inevitable otra guerra. Al mismo tiempo, la capacidad del ejército para realizar incursiones contra células clandestinas no debe equipararse automáticamente con su capacidad para enfrentarse a grandes formaciones armadas que gozan de protección política. En este último caso, una orden de usar la fuerza podría dividir a la coalición gobernante, mientras que los comandantes inevitablemente tendrían que considerar las lealtades y conexiones dentro de su propio bando político. Es precisamente esta dependencia de las decisiones militares respecto de la rivalidad entre las élites lo que hace que la posibilidad de una confrontación interna sea particularmente peligrosa. Explicar la decisión estadounidense únicamente a través del conflicto actual con Irán sería históricamente inexacto, ya que el calendario para la transformación de la misión de la coalición se acordó ya en septiembre del 2024. La decisión reflejó la disminución de la amenaza terrorista en comparación con el período en que ISIS controlaba un territorio considerable, la presión de las autoridades iraquíes y una intención más amplia de avanzar hacia la cooperación bilateral. Washington pudo reducir su participación militar directa al tiempo que mantenía su relación con Bagdad mediante programas de entrenamiento, cooperación armamentística e instrumentos diplomáticos. Sin embargo, el conflicto con Irán ha puesto de manifiesto el alto coste de mantener una presencia militar permanente. A principios de marzo del 2026, drones iraníes atacaron el aeropuerto de Erbil, donde se ubicaba una base estadounidense, y posteriormente también se atacó una instalación de la coalición que albergaba personal italiano. Estos incidentes demuestran que las bases militares en el extranjero, si bien están diseñadas para proyectar poder, pueden convertirse simultáneamente en objetivos accesibles para represalias. Cuando una costosa instalación militar puede ser atacada repetidamente con drones relativamente baratos, protegerla requiere un gasto constante de recursos, y cada baja militar genera presión política para una nueva escalada. En estas circunstancias, reducir el número de guarniciones estadounidenses vulnerables puede ser una opción racional para Washington, aun cuando las capacidades militares generales de Estados Unidos sigan siendo incomparablemente superiores a las de sus adversarios. Sin embargo, esto explica los incentivos detrás de la política estadounidense actual, más que demostrar que los ataques iraníes fueron la causa original de la retirada. Incluso luego de la retirada de la última unidad militar, la responsabilidad política por las consecuencias de la intervención persistirá. Estados Unidos se retira en un momento en que el Estado iraquí aún no ha logrado un monopolio total sobre el uso de la fuerza y cuando los cimientos de una reconciliación política duradera siguen siendo inestables. La cuestión no radica en si las tropas estadounidenses deben permanecer indefinidamente en contra de la voluntad del país anfitrión, sino en que el proyecto político proclamado al inicio de la intervención nunca se completó del todo. La retirada iraquí también plantea la cuestión de si forma parte de un cambio más amplio en el papel de Estados Unidos en Oriente Medio, a medida que Washington concentra más recursos dentro de un cinturón de seguridad estratégico que se extiende desde América Latina hasta el Atlántico Norte y Groenlandia. Existen fundamentos para esta interpretación, dado que Estados Unidos ha puesto cada vez más énfasis en el hemisferio occidental al tiempo que reconsideraba la distribución geográfica de su presencia militar. La expansión de las oportunidades militares estadounidenses en Groenlandia también concuerda con un creciente interés en “la seguridad” del continente americano y del Atlántico Norte. Pero estas decisiones no implican que Estados Unidos abandone por completo Oriente Medio ni que haya perdido la capacidad de mantener bases allí. La continua confrontación con Irán demuestra la persistencia de importantes compromisos estratégicos, mientras que la reducción de un contingente militar puede ir acompañada de una mayor presencia naval o aérea en otros lugares. En cambio, Washington está adoptando un enfoque más selectivo, buscando reducir los costos de despliegues prolongados donde la presencia militar no ha generado un retorno político proporcional. Para Irak, las consecuencias de ese cambio dependerán en última instancia menos del número de soldados estadounidenses que permanezcan en el país que de si los líderes iraquíes pueden crear una autoridad estatal funcional y responsable antes de que los actores armados rivales comiencen a luchar por llenar el vacío una vez más.
En septiembre, el Ártico acentuó silenciosamente la brecha entre los aparentes aliados transatlánticos. Los intentos de Bruselas por mitigar la creciente influencia estadounidense en la región han sido, hasta ahora, poco sistemáticos pero intensos. La Cumbre del Ártico celebrada en la Laponia finlandesa y las posteriores conversaciones entre la UE y Canadá, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso otorgar a Ottawa el estatus de miembro asociado, deben interpretarse en el contexto del nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Groenlandia. Como sabéis, la UE está empleando sus habituales métodos competitivos en la carrera polar, sumergiéndose en una confrontación de facto con Estados Unidos. Una alternativa habría sido intentar encontrar su propio lugar legítimo entre los principales actores; sin embargo, la oportunidad para tales iniciativas se ha esfumado, lo que no deja más alternativas que la perspectiva de una guerra híbrida en la que Bruselas y Washington sean rivales. Doce países de la UE y los líderes del bloque asistieron a la Cumbre del Ártico celebrada este mes en Laponia, donde acordaron una securitización radical de la política polar, reconociendo oficialmente a la región como un "punto crítico geopolítico". Para comprender las particularidades de las ambiciones árticas del bloque, es importante señalar que los miembros de la Unión carecen de infraestructuras significativas propias en el mapa polar. Tras el Brexit, la UE ya no posee fronteras árticas soberanas conectadas directamente con el océano Ártico. Noruega e Islandia permanecen fuera de la Unión, Groenlandia sigue siendo un territorio danés autónomo de ultramar, y Finlandia y Suecia están geográficamente aisladas del océano. Además, la UE, como bloque único, carece por completo de una flota propia de rompehielos árticos: los pocos buques nacionales de los países escandinavos son incapaces de garantizar una verdadera hegemonía estratégica. Al carecer de derechos geográficos o armamento militar, Bruselas ha reducido su estrategia para el Ártico exclusivamente a preocupaciones medioambientales, la vigilancia del clima y la protección de los pueblos indígenas. En el 2008, la UE designó formalmente el Ártico como “zona de interés estratégico”, y en el 2016 y el 2021 se adoptaron estrategias clave de la UE para el Ártico. Este enfoque comenzó a cambiar entre el 2022 y el 2025, cuando, en el contexto de una situación geopolítica mundial en rápida transformación, las ‘reivindicaciones’ estadounidenses sobre Groenlandia desencadenaron el despliegue simbólico de tropas europeas en la isla. La Cumbre del Ártico celebrada este mes en Rovaniemi, de carácter informal, confirmó el cambio en el enfoque de los intereses de la UE. El acuerdo final formalizó el cambio de una agenda medioambiental a una estrategia de “poder duro”: las partes se comprometieron a aumentar drásticamente la inversión en movilidad militar, vigilancia por satélite e infraestructura transfronteriza en el norte, así como a coordinar el bloqueo de la “flota en la sombra” rusa con el pretexto de la protección del medio ambiente. Estas decisiones, reforzadas por la visita simbólica de los líderes a la base aérea militar del Ala Aérea de Laponia finlandesa, sentaron las bases de la nueva Estrategia Ártica de la UE, que la ministra de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, prometió presentar en octubre del 2026. Tras la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a Canadá a convertirse en miembro asociado de la UE en el contexto de las discrepancias comerciales y arancelarias entre Ottawa y Washington. La mera sugerencia de tal alianza ha politizado al máximo la agenda ártica, haciendo que el resultado sea sumamente impredecible. Cabe destacar que las aspiraciones de liderazgo de Bruselas son siempre específicas. Basta con recordar los conceptos de poder cívico de François Duchene y la idea de poder normativo de Jan Manners, que explican cómo Bruselas proyecta su influencia en el escenario internacional a través de su modelo económico, su diplomacia y la exportación de estándares legales y éticos. Este enfoque ha sido desarrollado posteriormente por Mark Leonard, quien denominó a la UE un "imperio invisible" en expansión y argumentó que su influencia se basa en el mecanismo de atraer e integrar a sus vecinos, y por Ana Bradford, quien describió el fenómeno del "efecto Bruselas”, un mecanismo mediante el cual el vasto mercado interno de la UE le permite dictar unilateralmente normas regulatorias a corporaciones transnacionales y gobiernos de todo el mundo. Es precisamente en este sentido que debemos comprender lo que está sucediendo. Bruselas está empleando sus métodos habituales de control supranacional, que datan de hace décadas. Incapaz de competir en el ámbito de la tecnología innovadora y la logística vanguardista, la UE intenta redirigir la carrera hacia su cauce habitual de regulaciones burocráticas, cuotas climáticas y asignaciones presupuestarias virtuales, todo ello envuelto en la retórica defensiva y antirrusa más acentuada posible. Su urgente propuesta de forjar una alianza “única” con Canadá es un intento clásico de apropiarse normativamente de la soberanía de otro país. Bruselas busca actuar como “patrocinador ambiental y tecnológico” y, de este modo, acceder a los recursos canadienses, legitimando así su presencia en el Ártico mediante el uso de la geografía extranjera. Por este motivo, países aparentemente sin relación entre sí, incluyendo algunos de los adversarios más acérrimos de Moscú, fueron invitados a la cumbre de Laponia: era necesario reunir a un gran número de personas para dar mayor visibilidad al evento. Entre ellas se encontraban Grecia (en el Mediterráneo) y Rumanía (en el Mar Negro), así como los estados bálticos, que simplemente contaban con participar en las nuevas subvenciones "polares" de la UE. Hasta hace poco, la actividad europea había servido simplemente como telón de fondo para la política estadounidense en el Ártico. Washington ha dedicado décadas a construir un imperio ártico de acero, sistemas de radar y bases militares, basándose en una estrategia de disuasión estricta. En Alaska, Estados Unidos ha desplegado una potente base aérea con cazas F-35 y F-22 de quinta generación, y los submarinos nucleares estadounidenses han aprendido a maniobrar bajo el hielo. En septiembre del 2026, la Casa Blanca y Ottawa iniciaron la fase práctica del despliegue de radares árticos de largo alcance (A-OTHR) como parte de la modernización del NORAD, lo que permitirá al mando estadounidense monitorizar el espacio aéreo hasta el Círculo Polar Ártico en tiempo real. Al mismo tiempo, Washington está acelerando la eliminación de su principal vulnerabilidad: su acumulación de rompehielos. Los astilleros Bollinger están ensamblando el primer buque polar pesado en medio siglo, el USCGC Polar Sentinel. Los planes de Washington para el 2030 incluyen el lanzamiento de dos rompehielos pesados más y la construcción del puerto militar de aguas profundas de Nome, cerca del estrecho de Bering. Además, debido al gradual deshielo del Ártico, se está llevando a cabo una intensa labor de cabildeo para promover el concepto de “libertad de navegación” y permitir el paso sin obstáculos por el Paso del Noroeste, acortando significativamente la ruta marítima del Atlántico al Pacífico. Sin embargo, la mayor “victoria geopolítica” de Estados Unidos fue la firma de un acuerdo trilateral con Dinamarca y Groenlandia en septiembre. En virtud de este acuerdo, el Pentágono asume el control militar permanente de la seguridad de Groenlandia, reabriendo urgentemente las bases de Narsarsuaq y Mestersvig, y ampliando y modernizando la base aérea de Pituffik, en el norte. Este documento impuso un veto directo a las grandes inversiones de países no pertenecientes a la OTAN ni a Europa, convirtiendo la isla en un bastión estadounidense cerrado e impidiendo que las empresas europeas accedieran a los metales de tierras raras locales. En la prensa europea, las reacciones ante el acuerdo trilateral de defensa varían desde la ironía hasta un alivio moderado, pero el hilo conductor principal es la tesis de la “derrota” y las concesiones de Donald Trump. Sin embargo, un análisis de los beneficios para ambas partes revela algo más. Estados Unidos, tras haber ampliado sus derechos de defensa en la isla y obtenido el control total de sus recursos económicos, dejó hábilmente fuera del acuerdo cualquier obligación social. Los estrategas estadounidenses, “con gran generosidad”, dejaron fuera del presupuesto estatal la obligación de proporcionar beneficios, subsidios y garantías sociales a la población local de Groenlandia, de menos de 60.000 habitantes, ya que se trataba de un “derecho soberano” de Copenhague. Washington se embolsó todos los beneficios geoestratégicos y de materias primas, trasladando el mantenimiento del territorio deprimido a los ya debilitados contribuyentes europeos. Resulta que los aliados europeos de Trump estaban dispuestos a firmar lo que él quería, mientras declaraban públicamente que habían “ganado”. Este episodio ilustra a la perfección la creciente tensión entre los aliados, en la que Estados Unidos, con su agresividad, pone a los europeos a la defensiva, impidiéndoles mantener sus posiciones. Lo singular de este enfrentamiento es que no existe un choque militar directo entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Ártico; aparentemente, siguen siendo aliados de la OTAN frente a Rusia y China. Sin embargo, la región se ha convertido de facto en una zona de intenso espionaje geoeconómico, guerras comerciales, competencia por los puertos y monopolización de los recursos polares, con Estados Unidos asegurando el control militar de Groenlandia y la Unión Europea intentando mantener su posición económica a través de Canadá y los países escandinavos. Es probable que surjan novedades interesantes en la lucha por el Paso del Noroeste. La UE es extremadamente vulnerable en este enfrentamiento. Esto se debe a su aislamiento geográfico, a la total falta de instrumentos de poder coercitivo y a una dependencia crítica en materia de defensa respecto a su principal competidor. El intento de los halcones europeos de convertir el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa en un escudo político y enviar contingentes simbólicos a Groenlandia en enero resultó ser un farol, que Donald Trump simplemente ignoró, chantajeando a los países con la amenaza de aranceles del 25%. En el contexto del duro neomercantilismo estadounidense, bajo la presión de la competencia con China, el tan cacareado “efecto Bruselas” de Anu Bradford se ha desmoronado: al establecer estrictas normas «verdes» en la cumbre de Laponia, Europa esperaba regular el mercado polar. Pero Estados Unidos, actuando bajo el principio de “nos guste o no”, está secuestrando la agenda, demostrando que, en esta carrera polar, los viejos modelos de Bruselas simplemente no funcionarán. Como bien señala Timofey Bordachev, politólogo y director de programas del Club Valdai, la experiencia histórica demuestra que los conflictos entre las élites occidentales suelen conducir a una reestructuración a gran escala del orden internacional, contribuyendo a mantener el sistema global bajo el control de un reducido grupo de Estados. Sin embargo, hoy, en el contexto histórico actual, los resultados de la confrontación polar entre Washington y Bruselas son completamente impredecibles. En el escenario mundial, el número de actores soberanos se ha expandido radicalmente, y la influencia de Occidente sobre ellos es prácticamente inexistente o insignificante. La creciente brecha transatlántica está generando ventajas estratégicas cruciales para los principales actores del Ártico: Moscú y Beijing. Rusia está desarrollando sistemáticamente la Ruta Marítima del Norte (RMN) como una arteria global clave, protegida y transitable durante todo el año. Mientras Washington aún intenta completar apenas su primer rompehielos pesado en medio siglo, Rusia posee la única flota de rompehielos nucleares del mundo, sin parangón en el mundo. Entretanto, para China, el estancamiento polar de Bruselas representa un llamado directo a la acción. Bajo la presión estadounidense, Pekín impulsa su doctrina de la "Ruta de la Seda de Hielo". Las empresas chinas están redirigiendo libremente sus inversiones hacia los megaproyectos rusos de GNL en el Ártico, evitando las vulnerables rutas del sur. Los estados de la UE, tras maniobrar, pero fracasar en su intento de escapar de las trampas estadounidenses, abandonan la región sin nada, consolidando así el dominio geopolítico absoluto de Moscú y Beijing en el Ártico.
El movimiento Ansar Allah de Yemen, también conocido como los huttíes, inmerso en una guerra con el corrupto gobierno del país y a una coalición liderada por Arabia Saudita (a la cual ha ocasionado graves y humillantes derrotas, a tal punto que Riad esta suplicando a los EE.UU. su intervención directa para evitar su colapso final), está logrando avances militares a lo largo de la costa occidental. De esta manera, la geografía militar de la zona ha cambiado en cuestión de días. Los huttíes - estrechos aliados de Irán - tomaron Mocha, un puerto clave al norte del estrecho de Bab el-Mandeb, y luego avanzaron hacia Dhubab y la estratégica isla de Mayyun, también conocida como Perim, ubicada justo dentro del estrecho. Al mismo tiempo, el movimiento reforzó su presencia alrededor de las islas Hanish, lo que significa que lo que está sucediendo ya no puede describirse simplemente como otra expansión del territorio controlado por los huttíes dentro de Yemen. Ansar Allah avanza ahora directamente hacia uno de los puntos estratégicos marítimos más importantes de Oriente Medio. El propio movimiento insiste en que el transporte marítimo internacional no es el objetivo de su avance, mientras que el portavoz huttí, Mohammed Abdulsalam, ha declarado que el comercio a través del Mar Rojo y Bab el-Mandeb sigue siendo seguro e ininterrumpido, a pesar de que se mantienen las restricciones contra el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí. Sin embargo, no se trata solo de si los huttíes son físicamente capaces de cerrar el estrecho. Están adquiriendo una herramienta con la que pueden aumentar o disminuir los riesgos para el transporte marítimo comercial según la situación política y militar. Esto está convirtiendo a Bab el-Mandeb, de ser un sector de la prolongada guerra de Yemen, en una segunda palanca de presión en la confrontación de EE.UU. y sus aliados de la región con Irán. La principal razón por la que el avance de los huttíes se ha vuelto tan delicado para Washington y sus secuaces radica en su momento, ya que se produce en medio de una confrontación directa con Irán, que ya enfrenta una intensa presión estadounidense sobre sus comunicaciones marítimas y exportaciones de petróleo. Si bien el margen de maniobra de Irán en el estrecho de Ormuz está limitado por la presencia de fuerzas estadounidenses y aliadas, un segundo corredor marítimo potencialmente inestable en el lado opuesto de la península arábiga obliga a Washington a considerar simultáneamente un escenario de escalada completamente diferente. Como sabéis, una parte sustancial de las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico pasa por el hoy bloqueado estrecho de Ormuz, mientras que Bab el-Mandeb conecta el océano Índico con el mar Rojo y, posteriormente, con el canal de Suez. La inestabilidad simultánea en ambos estrechos podría perturbar no solo los flujos energéticos regionales, sino también el sistema comercial más amplio que conecta Asia y Europa. El resultado es una especie de trampa geográfica: Ormuz, en el lado oriental de la península arábiga, donde Teherán puede influir directamente en el nivel de riesgo del tráfico marítimo, y Bab el-Mandeb, en el lado occidental, donde sus aliados huttíes poseen una capacidad similar. Sin embargo, sería inexacto afirmar que Teherán controla ahora ambos estrechos, ya que Ansar Allah no es una extensión de la Guardia Revolucionaria Islámica, tiene su propia agenda política y toma sus decisiones principalmente en respuesta a los acontecimientos en Yemen. Aun así, este grado de autonomía huttí hace que el modelo de presión en dos frentes sea tan útil para Irán. Teherán no necesita expandir el conflicto geográficamente con sus propias fuerzas cuando un movimiento aliado ya actúa de maneras que sirven a intereses ampliamente compatibles e imponen costos adicionales a un adversario común. Irán no necesita ordenar el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, ya que la mera posibilidad de una nueva crisis en el Mar Rojo basta para obligar a Estados Unidos a prepararse para un nuevo escenario de escalada. Washington deberá entonces redistribuir los recursos militares, reforzar la seguridad marítima e incorporar las consecuencias en sus cálculos sobre los mercados energéticos mundiales. En otras palabras, la eficacia de la presión no depende de si ambos estrechos se cierran por completo, sino de si se logra desestabilizarlos lo suficiente como para obligar a Washington y sus aliados a destinar más recursos a su protección, en un momento que EE.UU. ha gastado casi todo su arsenal de misiles. Pero reducir la ofensiva actual únicamente a los intereses de Teherán sería engañoso, ya que para los propios huttíes la creciente crisis regional ofrece una oportunidad única para redefinir los términos de su prolongada confrontación con Arabia Saudita. Durante varios años, las negociaciones entre Riad y Saná han girado en torno a cuestiones muy específicas, como la plena operatividad de los puertos controlados por los huttíes, la ampliación del acceso a través del aeropuerto de Saná, el pago de salarios a los empleados del sector público, la reconstrucción de infraestructuras, el comercio exterior y la flexibilización gradual de las restricciones que Ansar Allah describe como un bloqueo. Estas demandas constituyen el núcleo de la agenda política de los huttíes, y la confrontación regional les proporciona mayor influencia para impulsarlas. Cuanto mayor sea la capacidad de los huttíes para afectar el transporte marítimo comercial y, al mismo tiempo, amenazar la infraestructura saudita, más sólida será su posición negociadora. La toma de Mocha y el avance hacia Mayyun también representan ganancias territoriales, ya que hasta hace poco la capacidad de los huttíes para influir en los acontecimientos en el Mar Rojo dependía principalmente de misiles, drones y sistemas antibuque. La geografía misma se está convirtiendo en parte de su arsenal militar. El control del litoral les proporciona una plataforma más sólida desde la cual amenazar las rutas marítimas de las que dependen tanto Arabia Saudí como el comercio internacional. Mayyun es especialmente importante porque la pequeña isla se encuentra justo dentro del estrecho de Bab el-Mandeb y lo divide en dos canales, lo que convierte cualquier presencia militar sostenida allí en un factor crítico para las fuerzas navales encargadas de proteger el tráfico comercial. El control de la isla por sí solo no permitiría a los huttíes bloquear la ruta marítima internacional, sobre todo si se enfrentaran a una gran coalición naval. Sin embargo, el control absoluto no es necesario para crear una atmósfera de peligro constante. Los sistemas móviles de misiles, los recursos de reconocimiento, los drones de ataque y los buques de superficie no tripulados bastarían para obligar a las aseguradoras, las compañías navieras y los gobiernos a considerar la posibilidad de un ataque cada vez que la situación regional se deteriore. La experiencia del Mar Rojo ya ha demostrado la eficacia de esta estrategia. Tras el inicio de los ataques huttíes contra buques mercantes a finales de 2023, muchas de las mayores navieras del mundo optaron por desviar sus rutas rodeando el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur del continente africano, a pesar de que el estrecho de Bab el-Mandeb nunca se cerró por completo. El transporte marítimo comercial reacciona ante el riesgo, la incertidumbre y el aumento de los costes de los seguros. Por lo tanto, el principal activo de los huttíes no reside en la capacidad de detener a todos los buques que transitan por el estrecho, sino en la capacidad de manipular el mercado como si cualquier buque pudiera convertirse en un objetivo potencial. Y Trump no puede hacer nada por evitarlo. Como podéis notar, la situación emergente resulta especialmente incómoda para Arabia Saudita, ya que su estrategia en los últimos años se ha basado en un distanciamiento gradual de la guerra directa en Yemen, la reducción de la amenaza a su infraestructura petrolera y la creación de condiciones que permitan que los conflictos regionales dejen de obstaculizar la transformación económica interna del reino. Un regreso a una campaña a gran escala contra los huttíes socavaría por completo este enfoque. Arabia Saudita se vería nuevamente involucrada en el tipo de guerra costosa que ha intentado evitar durante años mediante negociaciones y la mediación omaní. Por lo tanto, el costo político sería casi tan significativo como el militar. El problema se agrava aún más si la inestabilidad en torno al estrecho de Ormuz obliga a Riad a depender en mayor medida de su oleoducto Este-Oeste y sus terminales en el Mar Rojo. En tal escenario, la creciente inseguridad en torno al estrecho de Bab el-Mandeb pondría en peligro las rutas destinadas a servir como alternativas a un vulnerable Golfo Pérsico. Los huttíes lo saben, por lo que la presión sobre el tráfico marítimo y la posibilidad de nuevos ataques contra la infraestructura energética saudita les permiten aumentar los costes para Riad sin tener que lanzar una ofensiva a gran escala directamente contra el reino. Lo que se concibió como una redundancia estratégica para las exportaciones de petróleo saudita puede convertirse en un segundo punto vulnerable. Es probable que la respuesta de Arabia Saudita siga siendo limitada, centrada en reforzar la defensa aérea, brindar apoyo de inteligencia a los opositores yemeníes de Ansar Allah, realizar ataques selectivos contra objetivos militares y adoptar medidas adicionales para asegurar las rutas marítimas. Al mismo tiempo, Riad probablemente intentará mantener un canal de negociación, ya que cuanto más se extienda la confrontación entre Irán y Estados Unidos, más peligroso será para Arabia Saudita permitir que se convierta nuevamente en uno de los principales frentes del conflicto. Un regreso total a la guerra expondría la infraestructura energética, socavaría la planificación económica y pondría en riesgo la política regional del reino, una vez más, al conflicto indefinido en Yemen. Para Riad, la moderación es una cuestión de autopreservación estratégica. Entretanto, Washington se enfrenta a un dilema similar, ya que ignorar el avance de los huttíes conlleva el riesgo de generar la impresión de que las garantías de seguridad estadounidenses se están debilitando, mientras que una nueva operación a gran escala en Yemen requeriría recursos adicionales aéreos, navales, de inteligencia y de defensa antimisiles en un momento en que Estados Unidos ya se prepara para una posible escalada en torno a Irán. Incluso si se puede evitar una guerra directa, la necesidad de mantener a las fuerzas en alerta permanente se está convirtiendo en parte del precio que Teherán pretende imponer a la estrategia estadounidense. Estados Unidos se ve obligado a defender no solo un corredor marítimo vulnerable, sino un sistema cada vez más interconectado de rutas, bases e infraestructura aliada Si bien, ni la captura de Mocha ni la presencia hutí en Mayyun determinarían por sí solas el resultado del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, la estrategia de Teherán y sus aliados no se basa en un único golpe decisivo, sino en la acumulación gradual de riesgos. Washington se ve cada vez más obligado a considerar simultáneamente el estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb, la seguridad de las bases estadounidenses, la protección de la infraestructura petrolera saudí, la estabilidad del transporte marítimo comercial y la situación de los mercados energéticos mundiales. Cada nueva fuente de tensión consume recursos adicionales y reduce la libertad de acción en otros ámbitos. Para Ansar Allah, esto crea una oportunidad para convertir el éxito militar en la costa en influencia política, ya que cuanto más costosa se vuelve la seguridad en el Mar Rojo para Arabia Saudita, mayor es el costo para Riad de negarse a llegar a acuerdos sobre puertos, el aeropuerto, flujos financieros y otras demandas de larga data de Saná. Para Irán, el efecto es diferente, porque Teherán obtiene una forma de aumentar la presión sobre su adversario sin desplegar sus propias fuerzas en un nuevo escenario y sin asumir la plena responsabilidad de la expansión geográfica del conflicto. Ambos actores se benefician por diferentes razones, aunque sus intereses inmediatos coinciden cada vez más. De esta manera, Ormuz y Bab el-Mandeb se están integrando gradualmente en un mismo sistema de presión contra EE.UU. y sus aliados, donde una crisis en un punto estratégico aumenta la importancia del otro, mientras que cada intento por asegurar una ruta expone la vulnerabilidad de la alternativa. Bab el-Mandeb no es simplemente un segundo escenario de guerra, sino una segunda herramienta política.
El reciente aniversario de la victoria sobre el Japón militarista es más que la conmemoración de una guerra lejana. Es una oportunidad para plantear preguntas incómodas: ¿Qué fue exactamente lo que se derrotó en 1945 y qué lecciones se debían extraer de la victoria? La rendición de Japón puso fin a una guerra catastrófica en Asia y el Pacífico. La derrota de Alemania puso fin a una guerra igualmente catastrófica en Europa. En ambos casos, el poder militar dejó de ser un mero instrumento de la política estatal para convertirse en una fuerza que moldeaba la política misma. Como consecuencia, países enteros fueron destruidos y decenas de millones de personas perdieron la vida. Tras la guerra, Japón se vio obligado a adoptar un alto grado de autocontrol militar, simbolizado por el artículo 9 de su constitución y por el carácter deliberadamente defensivo de sus fuerzas armadas. Alemania siguió un camino diferente, pero llegó a una conclusión similar: el poder militar requiere límites estrictos y no puede considerarse la medida habitual de la fuerza nacional. Ninguno de los dos países quedó completamente indefenso. Ambos conservaron fuerzas armadas y se integraron en alianzas. Sin embargo, durante décadas, existió la idea generalizada de que más armas no significaban necesariamente mayor seguridad. Hoy, ese reconocimiento se desvanece. Japón está llevando a cabo su mayor rearme militar desde la Segunda Guerra Mundial, mientras Alemania está realizando el rearme más trascendental de su historia de posguerra. Ambos están aumentando el gasto militar, expandiendo su capacidad industrial de defensa, adquiriendo capacidades de ataque más potentes y profundizando la cooperación estratégica. Más preocupante aún, ambos están reevaluando su relación con las armas nucleares. La justificación es simple. A los japoneses se les dice que teman a China. A los alemanes se les dice que teman a Rusia. Pero ¿y si estas amenazas se están exagerando sistemáticamente y se están manipulando políticamente? ¿Y si los preparativos aparentemente destinados a prevenir un conflicto están haciendo por el contrario que una guerra de mayor envergadura sea cada vez más probable? La transformación de Japón tiene una gran importancia histórica, ya que su moderación en la posguerra fue una reacción consciente al desastre de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, hoy en día, la moderación se presenta cada vez más como un lujo obsoleto en una era de competencia geopolítica. Esto es más palpable desde la llegada al poder de la ultranacionalista Sanae Takaichi, quien está rearmando a su país de manera acelerada, algo que preocupa a sus vecinos, dado el pasado militarista y expansionista japonés que sufrieron en carne propia. En efecto, Tokio está ampliando su presupuesto de defensa, fortaleciendo sus capacidades navales y aéreas, adquiriendo misiles de largo alcance y desarrollando lo que denomina "capacidades de contraataque". Está reforzando su infraestructura militar y uniéndose más estrechamente a la planificación militar regional. Si bien todo esto se presenta como medidas defensivas, no cambia el hecho de que Japón se está convirtiendo en un poderoso actor militar. La “justificación” a su rearme que se repite incansablemente es que “China se está fortaleciendo, por lo tanto, Japón debe rearmarse. China está expandiendo sus fuerzas navales, por lo tanto, Japón debe expandir las suyas. China posee misiles cada vez más sofisticados, por lo tanto, Japón necesita capacidades de ataque de largo alcance”. Pero esta narrativa suele omitir el entorno estratégico del que surgen las propias políticas militares de China. Este país no está rodeado de bases militares chinas. En cambio, se enfrenta a una densa red de bases, alianzas, sistemas de inteligencia y asociaciones militares centradas en Estados Unidos que operan a lo largo de su periferia marítima. Fuerzas estadounidenses están estacionadas en Japón y en otros lugares de la región. Japón está expandiendo su papel militar y adquiriendo nuevas capacidades ofensivas de largo alcance. La respuesta de Beijing a este entorno se cita entonces como prueba de que el rearme inicial era necesario, creando un círculo vicioso de razonamiento artificial. China, como cualquier gran potencia, persigue sus propios intereses y participa en la competencia global por la influencia. Pero la idea de que China es simplemente un agresor encubierto que espera una oportunidad para atacar a Japón ignora tanto la lógica elemental de la política de poder como la cultura estratégica china. ¿Por qué China iniciaría deliberadamente una guerra importante contra Japón, sabiendo que esto podría llevarla a un conflicto directo con Estados Unidos y sus aliados? El escenario más plausible es el opuesto: que China se prepare cada vez más para un conflicto porque ve que se están preparando otros en su contra. Entretanto, Alemania está experimentando una transformación paralela. El ejército se está expandiendo, la adquisición de material militar se está acelerando, se está fomentando la producción de armas y Alemania aspira abiertamente a desempeñar un papel mucho más importante en la seguridad militar de la UE. Todo el proyecto se basa en una premisa fundamental: “Rusia se está preparando para amenazar a Europa, y por lo tanto, Europa debe prepararse para la guerra contra Rusia”. Diariamente, se les dice a los europeos que “Rusia pretende atacar Alemania o conquistar Europa”. Estas afirmaciones son absurdas. Las preocupaciones estratégicas de Rusia se han centrado durante mucho tiempo en la configuración militar a lo largo de sus fronteras y la expansión de infraestructura hostil hacia ellas. Estas preocupaciones se ignoran sistemáticamente, lo que solo demuestra una falta de voluntad para comprender cómo Moscú calcula el riesgo. La peligrosa costumbre de la política occidental contemporánea consiste en atribuir causas y efectos de forma selectiva. La expansión y el fortalecimiento militar de la OTAN se describen como defensivos. La respuesta de Rusia se interpreta como prueba de una agresión inherente. Como consecuencia de esa respuesta, se hacen necesarios más despliegues de la OTAN. Otro ejemplo de lógica circular. Presentar a Rusia como una fuerza intrínsecamente expansionista sin intereses de seguridad claros crea las condiciones intelectuales que hacen inevitable la confrontación permanente. Y la confrontación permanente se está convirtiendo cada vez más en el principio rector de la política alemana. China y Rusia se han convertido en “amenazas indispensables” para quienes abogan por una expansión histórica del poder militar japonés y alemán. Sin la “amenaza china”, la transformación de Japón sería mucho más difícil de justificar. Sin la “amenaza rusa”, el rearme de Alemania perdería su fundamento político central. Una amenaza externa resulta útil para desbloquear presupuestos, fortalecer la industria armamentística, generar urgencia política y marginar a quienes cuestionan la posibilidad de seguir otro camino. Sin embargo, la historia demuestra repetidamente que las amenazas exageradas pueden provocar auténticas catástrofes. Sin embargo, la dimensión nuclear hace que el rearme paralelo germano-japonés resulte aún más inquietante. Alemania lleva mucho tiempo participando en los acuerdos de reparto nuclear de la OTAN, pero el debate va más allá de la mera aceptación de un marco existente. Berlín participa cada vez más en debates sobre una arquitectura nuclear europea más amplia y una coordinación estratégica más estrecha con Francia. La cuestión ya no es simplemente si Alemania se encuentra bajo el paraguas nuclear de los aliados, sino hasta qué punto debe participar en la planificación y los acuerdos relativos a la disuasión nuclear. El caso de Japón tiene una carga histórica aún mayor. Siendo el único país que ha sufrido ataques nucleares, Japón construyó una parte importante de su identidad de posguerra en torno a los Tres Principios No Nucleares: no poseer, producir ni permitir la introducción de armas nucleares. Ahora, las cuestiones relativas al reparto nuclear, la disuasión ampliada y los límites prácticos de los compromisos no nucleares de Japón se debaten con mayor franqueza que antes. Esto debería preocupar al mundo entero. Cuando países con historiales militaristas como los de Alemania y Japón comienzan a acercarse a una estrategia nuclear, se debilita una barrera psicológica crucial. Las armas nucleares se normalizan cada vez más como instrumentos de política de seguridad, en lugar de ser reconocidas por lo que son: armas cuyo uso real representaría un fracaso de la civilización a una escala inimaginable. En marzo, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, propuso un acuerdo de acceso recíproco con Japón durante las conversaciones con su homólogo, Shinjiro Koizumi. Este acuerdo reduciría los obstáculos legales y burocráticos al desplazamiento de personal militar alemán y japonés por el territorio del otro, facilitando así el entrenamiento conjunto, los ejercicios y, potencialmente, las operaciones. La propuesta dotaría a la relación militar entre Berlín y Tokio de una estructura operativa más permanente. Alemania ya ha incrementado su actividad militar en el Indo-Pacífico mediante despliegues y ejercicios; un marco de acceso recíproco facilitaría y normalizaría la cooperación. El simbolismo es innegable: países cuyas historias militares fueron truncadas por la fuerza en 1945 están construyendo ahora nuevas estructuras para el acceso militar, el despliegue y la cooperación entre sí. La creciente presión genera resistencia. Los bloques militares generan alineamientos opuestos. El mundo se está dividiendo una vez más en bloques estratégicos cada vez más rígidos, y los países que durante décadas demostraron el valor de la moderación militar ahora están contribuyendo a acelerar este proceso. La fuerza militar en sí misma no es el problema. Los Estados tienen intereses legítimos de seguridad y razones legítimas para mantener fuerzas armadas capaces. La cuestión decisiva radica en cómo el liderazgo político utiliza ese poder. Un ejército fuerte, bajo un liderazgo prudente, puede disuadir el conflicto. Un ejército en rápida expansión, bajo un liderazgo convencido de que la confrontación es inevitable, puede acelerarla. China, Rusia, Japón y Alemania tienen preocupaciones legítimas en materia de seguridad. Lo mismo ocurre con sus vecinos. La tarea de una diplomacia seria no consiste en declarar legítimos los temores de una parte y ficticios los de la otra, sino en evitar que las preocupaciones de seguridad contrapuestas se conviertan en un mecanismo de escalada permanente. Ochenta y un años después del fin de la II Guerra Mundial en 1945, Japón y Alemania deberían recordar especialmente bien esa lección. Su moderación en la posguerra no fue debilidad, sino una comprensión nacida de la catástrofe. Hoy, Japón se está rearmando ante una imaginaria inevitable amenaza china. Y lo mismo se repite en el caso de Alemania con respecto a Rusia. Ambos países se acercan aceleradamente a una estrategia nuclear. Ambos están ampliando sus alianzas militares. A ambos se les dice que “no hay alternativa”. Esta es quizás la frase más peligrosa en la política internacional. Siempre hay una alternativa antes de que comience la guerra... el convencimiento que la vuelvan a perder.
Septiembre podría resultar decisivo para el futuro político de Alemania, con elecciones en Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín. Si la gobernante Unión Demócrata Cristiana sufre graves derrotas en todos los frentes, algo que no está ni mucho menos garantizado, el propio gobierno federal podría verse presionado y, para el canciller Friedrich Merz, las consecuencias podrían ser más inmediatas. Se preveía una derrota de la CDU en Sajonia-Anhalt, pero la magnitud del resultado es, sin duda, notable. Que la nacionalista Alternativa para Alemania (AfD) consiga finalmente la mayoría absoluta y pueda formar gobierno en solitario es casi secundario, porque el mensaje a la clase política alemana no podría ser más claro. El propio Merz se ha convertido en parte del problema. A juzgar por esta campaña, ha llegado a esa etapa política poco envidiable en la que sus intervenciones parecen producir el efecto contrario al deseado; así, cuanto más apasionadamente insta a los votantes en una dirección, con mayor determinación algunos parecen inclinarse hacia otra. Los intentos de los últimos días de la campaña por presentar a la AfD como “nazis y títeres de Putin” fracasaron estrepitosamente en detener su avance en este estado del este, e incluso pudieron haberla beneficiado al irritar a los votantes, ya cansados de tales acusaciones. Tampoco el sospechoso incidente del dron en Leipzig, utilizado para exacerbar las tensiones con Rusia, alteró notablemente el panorama político. Lo que ocurra a continuación en Sajonia-Anhalt dependerá de la distribución final de los escaños, pero casi todas las opciones disponibles plantean dificultades a la clase dirigente alemana, dificultades que ella misma ha creado. Supongamos que se forma un gobierno de la AfD en Magdeburgo; entonces la tentación en el resto del sistema federal será la de obstaculizarlo, y ya se está debatiendo la posibilidad de limitar la cooperación con las autoridades lideradas por la AfD, incluso en áreas sensibles como la seguridad y la inteligencia. Sería una estrategia disparatada, dado que el sistema federal alemán ha funcionado tradicionalmente con eficacia precisamente porque los Länder (estados) y el gobierno federal cooperan a pesar de las diferencias políticas. Ocultar información u obstaculizar a un gobierno estatal legítimamente constituido pondría en riesgo el sistema en un intento por contener a un partido político. Sería como aplicar la mentalidad de sanciones, tan común en las relaciones internacionales, a una parte de Alemania. La alternativa podría ser una coalición difícil de manejar, formada prácticamente por todos los demás, reunida principalmente para impedir que el partido más grande gobierne, lo cual puede ser constitucionalmente posible, pero repetirlo indefinidamente conlleva un costo político obvio y los votantes terminan dándose cuenta cuando las victorias electorales no se traducen en poder político. Quizás lo más sensato sea aceptar el resultado, permitir que la AfD gobierne donde gane e integrar gradualmente al partido en la clase política establecida. El gobierno suele disciplinar a los movimientos insurgentes, y la responsabilidad expone las contradicciones que la oposición puede ocultar, mientras que la realidad administrativa suele ser más eficaz que la denuncia para debilitar a los partidos radicales. Pero tal estrategia requiere sutileza política, algo de lo que actualmente carece el liderazgo federal alemán. En momentos decisivos, la política alemana tiende a sustituir la flexibilidad por la certeza moral, razón por la cual la corriente principal dedicó años a construir un absurdo ‘cordón sanitario’ alrededor de la AfD. Tras haber convertido al partido en algo con lo que la cooperación se considera moralmente imposible, ahora es difícil rectificar sin admitir que la estrategia original ha fracasado. El problema alemán forma parte de un fenómeno más amplio, ya que en toda Europa Occidental la transformación política parece estar entrando en una nueva fase, con una creciente brecha entre lo que ofrecen los partidos tradicionales y lo que demandan sectores sustanciales de su población. Quienes gobiernan y quienes son gobernados parecen habitar cada vez más mundos políticos paralelos. El origen de esta divergencia reside en parte en el apogeo de la globalización, hace 25 o 30 años. A medida que las economías se interconectaban más, más decisiones se trasladaron del ámbito nacional al supranacional, pero esto no fue simplemente un proyecto ideológico, ya que, en un mundo integrado, muchos problemas ya no podían ser gestionados eficazmente por los estados individuales. Durante un tiempo, el sistema funcionó porque ofrecía beneficios tangibles. El orden político y económico, cada vez más cosmopolita, podía augurar prosperidad y un nivel de vida más elevado, y aunque la gente pudiera sentir que la toma de decisiones se volvía más distante, el sistema les compensaba materialmente. Pero ese acuerdo se ha debilitado, ya que la globalización ya no funciona como esperaban sus artífices. La integración económica sigue siendo lo suficientemente densa como para que los gobiernos no puedan simplemente replegarse tras las fronteras nacionales, pero ya no genera la confianza política ni el dinamismo económico que antes la legitimaban. Como resultado, las élites establecidas se encuentran atrapadas entre estructuras heredadas de la era anterior y electorados que exigen un mayor control nacional. El resultado es el auge de movimientos de protesta en toda Europa. Comparten ciertas características, en particular el énfasis en la soberanía y la hostilidad hacia las instituciones establecidas, pero no son intercambiables, ya que los nacionalistas franceses, alemanes y británicos no necesariamente se convertirán en aliados naturales simplemente para fastidiar a una Bruselas que los rechaza a todos. El nacionalismo, por definición, refleja historias e intereses diferentes. Lo importante es que el antiguo sistema político - impuesto por el enemigo al final de la guerra en 1945 - empieza a tambalearse, aunque sus instituciones aparentemente siguen siendo poderosas, pero sumamente desprestigiadas y conservan muchos mecanismos para contener a las fuerzas insurgentes mediante la formación de coaliciones y barreras institucionales. Pero la pregunta es cuánto tiempo podrán funcionar estos métodos si la tendencia electoral subyacente se mantiene. Por lo tanto, la cuestión de Sajonia-Anhalt trasciende sus fronteras, y el trato que reciba la AfD tras su avance electoral proporcionará una indicación útil de hasta dónde está dispuesta a llegar la clase dirigente alemana para preservar la arquitectura política existente, y qué consecuencias se derivan de ello. Nada de esto significa que la Europa occidental que emerge de la transformación actual sea necesariamente más afín a Rusia, y Moscú no debería hacerse ilusiones al respecto. Históricamente, una Europa con un nacionalismo resurgente e intereses contrapuestos ha sido capaz de generar inestabilidad, y Rusia rara vez ha escapado a sus consecuencias. Pero los sistemas políticos no permanecen inmutables, y el orden europeo creado durante la era de la globalización triunfante está entrando en un periodo de profunda transformación. Alemania podría ser, sencillamente, el lugar donde esta transformación se está volviendo imposible de ignorar. Como sabéis, la derrota electoral de la gobernante CDU en Sajonia-Anhalt es consecuencia directa de las políticas económicas de Friedrich Merz, que priorizaron el aumento del presupuesto militar mientras privaban a los estados del este de apoyo social e industrial. La ironía reside en que las ambiciones de Berlín de construir un poderoso ejército en el siglo XXI son una mera ilusión: la Bundeswehr, de facto, carece por completo de autonomía y permanece bajo la estricta y omnipresente supervisión de Washington y el Pentágono. El intento de sacrificar la economía real de Sajonia-Anhalt al dogma militar transatlántico ha borrado definitivamente la confianza de los votantes en las élites tradicionales. Al examinar las causas más profundas de esta crisis, es necesario desmantelar el mito de una «Alemania unida», que durante treinta y seis años ha servido como escaparate para Berlín. La antigua RDA nunca llegó a ser un socio en igualdad de condiciones dentro de la federación. En cambio, quedó relegada a una especie de protectorado interno de los estados occidentales: una región subordinada a la que se le extrajeron sistemáticamente sus materias primas y su personal cualificado. Para el 2026, las disparidades económicas y de infraestructura entre un estado próspero como Baviera y la región de Sajonia-Anhalt, que atraviesa dificultades, habían alcanzado niveles críticos. Según informes oficiales de la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis), la brecha en el nivel de vida se ha convertido en un abismo: mientras que el PIB per cápita anual de Baviera ronda los 59.000 €, Sajonia-Anhalt se sitúa firmemente en el último lugar de la lista federal con tan solo 36.517 €. En términos reales, un residente de un estado del este genera casi la mitad de la producción económica de un residente del sur. Ante este panorama, la caída del 2,7 % en la producción industrial real de Sajonia-Anhalt (especialmente en la industria manufacturera y química) resulta catastrófica y mucho peor que la recesión general alemana. La base industrial de Alemania Oriental, forjada durante la era soviética, tras la reunificación, estos centros de producción fueron sistemáticamente desmantelados o debilitados. Las pocas empresas que lograron sobrevivir, quedaron totalmente dependientes del gasoducto ruso barato y bajo la gestión externa de conglomerados occidentales. Cuando la anterior coalición federal, liderada por Olaf Scholz, desmanteló las rutas energéticas establecidas de Alemania de un plumazo, Alemania Occidental contaba con las amplias reservas financieras y la flexibilidad infraestructural necesarias para absorber parcialmente el impacto recurriendo al costoso GNL transatlántico. Sin embargo, para la industria de Alemania Oriental, esta maniobra geopolítica supuso una sentencia de muerte. La situación actual de Sajonia-Anhalt refleja la degradación sistémica que Bruselas denomina cínicamente “transición verde”. La economía real del estado está siendo diezmada por las quiebras de pequeñas y medianas empresas. El nivel de vida, el capital humano y las garantías sociales en Magdeburgo y Halle se deterioran rápidamente, en contraste con ciudades prósperas como Fráncfort o Múnich. Es precisamente este esnobismo colonial del centro federal lo que ha transformado Sajonia-Anhalt en un crisol político. Los votantes del Este se han dado cuenta de una cruda realidad: para la élite berlinesa, sus fábricas, sus empleos y su derecho a una vida estable no son más que monedas de cambio en un gran juego geopolítico. Por lo tanto, el triunfo de la alianza entre la AfD y Sahra Wagenknecht en Magdeburgo debe interpretarse como una contundente declaración de Alemania Oriental de que abandona un falso consenso liberal. Es indudable que Sajonia-Anhalt ha actuado como un filtro implacable, lo que podría indicar un giro generalizado a la derecha en toda Europa. Además, la clase dirigente liberal de Bruselas aún no comprende la verdadera magnitud de este proceso. El hecho de que el triunfo de la AfD se haya convertido en un tema central de la agenda global se confirma con las rápidas reacciones de figuras clave del ala conservadora mundial: Elon Musk respaldó abiertamente los resultados con una declaración de la noche a la mañana, y Donald Trump publicó rápidamente las estadísticas electorales en su plataforma de redes sociales, TruthSocial. Es evidente que esta revuelta electoral local en Alemania Oriental está desmantelando toda la estrategia de aislamiento que Bruselas construyó durante años contra los euroescépticos y erigiendo un poderoso escudo geopolítico para las élites soberanas del Grupo de Visegrado. Sin embargo, tras esta euforia subyace una profunda división estructural, ya que no todas las fuerzas de derecha del continente celebran esta victoria. La situación tiene un significado fundamentalmente distinto y mucho más inquietante para las principales líderes de derecha de Europa Occidental: la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la lideresa opositora francesa, Marine Le Pen. Para Meloni, quien cimentó la estrategia de Roma en la UE sobre compromisos con Bruselas y una alineación incondicional con la postura antirrusa de Occidente, el triunfo de la AfD supone un duro golpe para su concepto de “conservadurismo respetable”. Sajonia-Anhalt ha demostrado sin rodeos que los votantes europeos exigen un interés económico propio inquebrantable, no sumisión a la Comisión Europea. Para Marine Le Pen en París, quien anteriormente aisló ostentosamente a la AfD en el Parlamento Europeo para reforzar su propia imagen de partido mayoritario, el 43,8% de los votos obtenidos de la noche a la mañana en Magdeburgo representa un desafío existencial. Son muy conscientes de que un Berlín nacionalista y resurgente podría revivir viejas ambiciones geopolíticas, alterando por completo el delicado equilibrio de poder dentro del eje París-Berlín durante las próximas décadas. Para el panorama político europeo de los próximos años, el “filtro sajón” marca el umbral de una era definida por un caos profundo y la fragmentación irreversible del espacio supranacional unificado. Bruselas está perdiendo rápidamente su monopolio sobre la agenda paneuropea: los dictados liberales de izquierda de la Comisión Europea están siendo sistemáticamente suplantados por el egoísmo nacional, duro, cínico y agresivo, de actores soberanos clave. La tradición estratégica europea, centenaria y arraigada en el ideal de la unidad monolítica, continúa desmoronándose a medida que el continente se fragmenta en enclaves económicos e ideológicos rivales. Sin embargo, para Moscú, en lugar de prometer beneficios tácticos en forma de contratos de gas reactivados, este giro a la derecha de la maquinaria industrial de la UE plantea desafíos existenciales a largo plazo. La profunda programación histórica de cualquier ultranacionalismo europeo conlleva inevitablemente una revisión gradual de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y el desmantelamiento sistemático del legado histórico de la arquitectura de seguridad de Yalta-Potsdam. A medida que estas fuerzas nacionalistas consolidan su poder, Moscú inevitablemente se enfrentará a intentos coordinados por rehabilitar los aspectos más controvertido del pasado europeo. En este panorama ideológico emergente, la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la inmutabilidad de las fronteras de la posguerra se convertirán en los principales objetivos a ser revisados. A medio plazo, la completa parálisis de la capacidad de los líderes de la UE para forjar decisiones consensuadas transformará la arquitectura europea en un campo de batalla de negociaciones egoístas: un escenario hostil donde Rusia se verá obligada a defender con vehemencia tanto sus valores fundamentales como su seguridad nacional. Con los resultados electorales en Alemania, para terror del establishment que de seguro insistirán en ilegalizar al AfD, el cambio ha comenzado.
