El círculo cercano de Jair Bolsonaro - aquel demente que mediante un operativo de bandera falsa llego al poder al Brasil en el 2018 - plantea la posibilidad de dar un autogolpe de Estado para imponer un régimen militar, con el objetivo de mantenerse indefinidamente en el cargo ante la crisis agravada por el Coronavirus, según un reportaje publicado por The New York Times, bajo el título Threat of Military Action Rattles Brazil as Virus Deaths Surge. En efecto, mientras el país sudamericano se tambalea por la peor crisis que ha experimentado en décadas, Bolsonaro y sus secuaces manejan la posibilidad de una intervención militar para intentar eternizarse en el cargo. El régimen no podía estar en su peor momento: cada día que pasa, la cantidad de muertes a causa del Coronavirus es la más alta del mundo, los inversionistas están huyendo del país mientras que el propio Bolsonaro, sus hijos y sus aliados están bajo investigación criminal e incluso se podría anular su cuestionada elección. La crisis se ha intensificado tanto que algunas de las figuras militares más poderosas de Brasil están mandando advertencias de inestabilidad, lo cual produce temores en el oficialismo ya que podrían asumir el poder y desmantelar al régimen mas corrupto de Latinoamérica, quien por cierto es el aliado mas cercano de Washington en la región. Sin embargo, lejos de denunciar la idea, el círculo cercano de Bolsonaro (quien por cierto padece de graves alteraciones mentales, a tal punto que por sus frecuentes arranques de ira y sus furibundos ataques a la oposición, es conocido como el Loco del Planalto) parece clamar por la intervención del ejército en la refriega. De hecho Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del sátrapa, un congresista que ha alabado la sangrienta dictadura militar que padeció Brasil y acusado de graves delitos, mencionó que era inevitable un quiebre institucional. “La opinión ya no gira en torno a si ocurrirá, sino cuándo sucederá”, dijo hace poco en una entrevista, al advertir que sucedería una inminente “ruptura” en el sistema democrático de Brasil. El conflicto delinea un arco ominoso para Brasil, un país que se sacudió de encima el yugo del gobierno militar en la década de 1980 para luego intentar construir una democracia, que con la llegada de Bolsonaro al poder, es cada vez mas un lejano recuerdo. Desde entonces, la economía se ha tambaleado, los escándalos de corrupción han derrumbado a muchos de sus líderes y se ha iniciado una batalla con la amenaza de un juicio político en su contra. Como recordareis, Bolsonaro, un mediocre capitán retirado de las fuerzas armadas y admirador del régimen militar que padeció su país décadas atrás, prometió “restaurar el orden”. Sin embargo, ha padecido críticas despiadadas por restarle importancia al virus, sabotear las medidas de aislamiento y presidir con toda displicencia uno de los saldos de víctimas más altos del mundo, al decir: “De algo hay que morir, es el destino de todos”, lo cual le genero feroces criticas y múltiples cuestionamientos por su negativa a enfrentar al Coronavirus, calificando de “una gripecita” ordenando que todos volvieran al trabajo, así se contagiasen y muriesen miles del brasileños con el virus, “ya que las industrias no pueden parar ni los empresarios seguir perdiendo dinero” demostrando con ello al servicio de quienes esta. A Bolsonaro, su familia y quienes lo respaldan también se les está señalando de múltiples cargos de abuso de poder, corrupción y propagación ilegal de desinformación. No obstante, casi la mitad de su gabinete está conformado por militares y, ahora, quienes lo critican aseguran que confía en la amenaza de un autogolpe de Estado para mantener a raya los desafíos a su gobierno autoritario. En mayo, un general retirado del gabinete de Bolsonaro, Augusto Heleno, el asesor de seguridad institucional, sacudió al país cuando advirtió de las “consecuencias impredecibles para la estabilidad nacional”, luego de que el Supremo Tribunal Federal aprobó investigar por corrupción a la gente que respalda a Bolsonaro. Otro general, el ministro de Defensa, no tardó en apoyar la provocación, mientras que el tirano también atacó, al sugerir que los militares ignorasen las “órdenes absurdas” de la corte que lo investiga: “Las Fuerzas Armadas no van a cumplir órdenes absurdas provenientes del Poder Judicial y no van a aceptar el resultado de un eventual juicio político para destituirme” afirmó, buscando la impunidad para sus delitos. “El objetivo es desestabilizar el país, justo durante una pandemia”, le respondió Sérgio Moro, el exministro de Justicia, quien rompió con Bolsonaro en abril, para referirse a las amenazas de una intervención militar planeada por el régimen. Aunque considera improbable una acción de esa naturaleza, agregó: “Es reprobable. El país no necesita vivir con este tipo de amenazas”. Según líderes políticos y analistas, es poco probable que ocurra una intervención militar. Sin embargo, esa posibilidad acecha a las instituciones democráticas de la nación, las cuales están investigando a Bolsonaro y su familia en múltiples frentes. Dos de sus hijos están bajo investigación por el tipo de campañas de desinformación y difamación que ayudaron a la elección de su padre en el 2018 y, a finales del mes pasado, la Policía Federal allanó varias propiedades ligadas con aliados influyentes de Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral, la instancia que supervisa las elecciones, tiene la autoridad para usar pruebas de esa investigación con el fin de anular su elección y apartarlo del cargo. Asimismo, el Supremo Tribunal Federal autorizó investigar a Bolsonaro, ya que se le acusa de haber intentado reemplazar al jefe de la Policía Federal para proteger a su familia y sus amigos. Incluso hay una amenaza legal en torno a la forma en que ha manejado la pandemia: el lunes, un juez del Supremo Tribunal Federal le ordenó al gobierno que dejara de ocultar datos sobre el número de muertos de Brasil, que crece sin parar. Las amenazas de una intervención militar bolsonerista han incitado una reacción negativa generalizada, incluso de algunos altos cargos de las fuerzas armadas. Y el general Heleno, el asesor de seguridad institucional, señaló que no apoyaba un golpe de Estado y aseveró que se le malinterpretó. Sin embargo, funcionarios militares y civiles del régimen - así sus cada vez menos aliados en el Congreso, iglesias evangélicas y asociaciones militares - aseguran que la maniobra golpista “esta justificada” ya que tiene como objetivo impedir que las instituciones judiciales y legislativas de Brasil lo destituyan y enjuicien junto a sus hijos y colaboradores, quienes tienen mucho que perder si ello sucede. Silas Malafaia, un televangelista de derecha cercano a Bolsonaro, insistió en que este “no le había comentado sobre ningún plan de intervención militar”. No obstante, señaló que las fuerzas armadas “tenían el derecho” de evitar que los tribunales lo destituyan. “Eso no es un golpe de Estado” aseguró. “Es infundir orden donde hay desorden”. En general, los funcionarios a favor de Bolsonaro que han lanzado esas amenazas no se refieren a la forma recurrente en la que se han llevado a cabo tradicionalmente los golpes de Estado en Latinoamérica, con las fuerzas armadas que derrocan a un líder civil para instalar a uno de los suyos. Más bien, parecen estar instando a un fenómeno similar al ocurrido en el Perú en 1992, cuando Kenyo Fujimori, electo en unas cuestionadas elecciones dos años atrás, usó a las Fuerzas Armadas para disolver el Congreso, reorganizar el Poder Judicial y perseguir a sus oponentes políticos, instaurando una sangrienta dictadura que duro hasta el año 2000, cuando en medio de un grave escándalo de corrupción, al difundirse un revelador vídeo que desnudaba la putrefacción de su régimen criminal, huyo cobardemente de su país, y tras ser capturado, pudo ser juzgado y condenado en un proceso ejemplar a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad en el 2009. Por su parte Bolsonaro, quien tiene un mínimo apoyo de los brasileños, se refiere a sí mismo como la personificación de la cultura militar de Brasil y retrata a las fuerzas armadas “como administradoras éticas y eficientes”. Cabe destacar que las fuerzas armadas de Brasil ya ejercen una influencia excepcional en su gobierno. Diez de los veintidós ministros del gabinete son figuras militares, entre ellos altos generales retirados. Bolsonaro ha nombrado a casi otros 2900 miembros activos del ejército para puestos administrativos, a quienes quiere tenerlos de su lado a la hora del golpe. La influencia de las fuerzas armadas de Brasil se exhibió cuando los líderes del Congreso los eximieron en su mayoría de una revisión de las pensiones en el 2019, lo que permitió a los miembros del ejército evitar los recortes más profundos de beneficios que sufrieron otras partes de la sociedad. La nula respuesta a la pandemia de Bolsonaro mostró el creciente perfil de los militares en su gobierno, así como los riesgos que supone para los líderes de las fuerzas armadas cuando los brasileños comiencen a atribuirles la culpa a medida que la situación empeore. Si bien al inicio de la crisis, el Ministerio de Salud instó a que se tomaran medidas de distanciamiento social con el fin de detener la propagación del virus e incluso Bolsonaro parecía de acuerdo con la estrategia, cuando cambió su postura de forma abrupta llamando a sus seguidores para asistir a mítines callejeros desafiando la cuarentena, presentándose el mismo sin mascarilla, arengándolos a no acatarla. Incluso Bolsonaro también le otorgó a otro general el liderazgo de la respuesta en contra de la pandemia: Walter Souza Braga Netto, su jefe de Gabinete. El ministro de Salud fue destituido al mostrar su desacuerdo con el sátrapa, rehusándose a expandir el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco para combatir la malaria que promocionó Bolsonaro a pesar de que no existen pruebas de su efectividad en contra del virus. Su sucesor renunció a las pocas semanas, siendo reemplazado por un general del ejército, Eduardo Pazuello, cuya ignorancia en combatir al Coronavirus es conocida por todos. Un exfuncionario del Ministerio de Salud señaló que los cambios abruptos habían creado una sensación de caos dentro de la institución, que dieron como resultado semanas de disfunción y parálisis en el momento más crítico: cuando el país debía combatir la propagación descontrolada del virus.Por su parte, Luiz Henrique Mandetta, el ministro de Salud al inicio de la pandemia, dijo que Bolsonaro prefería “la estabilidad económica” por sobre las prioridades de salud, minimizando su gravedad de una forma irresponsable, lo que ha dado como consecuencia que el número de decesos se haya disparado de una manera incontrolable. Brasil tiene hasta este momento 892.000 casos confirmados de Coronavirus y 44.148 fallecidos, convirtiéndose en el segundo país con más muertos en el mundo. La agitación en Brasil está provocando que los inversionistas busquen a toda prisa la salida. La fuga de capitales está alcanzando niveles que no se habían visto desde la década de 1990. El Banco Mundial espera que este año la economía se contraiga un 8 por ciento. La producción automovilística, que fue un próspero pilar de la economía, se ha desplomado a su nivel más bajo desde la década de 1950. Carlos Fico, historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro que estudia al ejército brasileño, dijo que el poder creciente de las fuerzas armadas corría el riesgo de revelar su incompetencia en áreas cruciales. “Creen que las cosas ocurren haciendo declaraciones grandilocuentes, como ocurre en el terreno militar, donde se da una orden y los de rango inferior la obedecen”, dijo Fico. Como era de esperar y al ver sus planes golpistas al descubierto, los principales aliados de Bolsonaro insisten ahora en que las fuerzas armadas no tienen planes de un golpe, pero nadie les cree. “Ninguno de los generales de cuatro estrellas está a favor de una intervención militar”, dijo Sostenes Cavalcante, un diputado de derecha, cómplice de Bolsonaro en una serie de delitos que tarde o temprano terminaran por llevarlo a la cárcel junto con su jefe y el resto de la banda. Pero Cavalcante también argumentó que “algo se debe hacer” para frenar el poder de la Corte Suprema. Sostuvo que la charla de un golpe de Estado por parte del hijo de Bolsonaro era una forma de presionar al poder judicial para que no los investiguen. “Se podría interpretar eso ya que la Corte Suprema ha sobrepasado su autoridad”, dijo Cavalcante, desmintiéndose el mismo acerca de la no existencia del plan. Al mismo tiempo, algunos funcionarios del gobierno de Bolsonaro están examinando activamente los escenarios en los cuales los militares podrían intervenir. Un oficial militar en el gobierno que no fue autorizado a dar declaraciones dijo que “un golpe permanecía fuera del radar por ahora, pero que ciertos movimientos del poder judicial, como ordenar una búsqueda en el Palacio de Planalto en busca de pruebas comprometedoras como parte de una investigación, podrían cambiar eso”. Del mismo modo, agregó el oficial, cualquier posible anulación de la elección del 2018 por un juez también se consideraría inaceptable para las fuerzas armadas, porque eliminaría no solo a Bolsonaro, sino también a su compañero de fórmula y vicepresidente, Hamilton Mourão, un general retirado. Mourão ha afirmado repetidamente que “no se está considerando ningún tipo de golpe militar”. Pero incluso el debate sobre dicha intervención está generando gran preocupación sobre la resiliencia de las instituciones democráticas de Brasil y el regreso de la inestabilidad política crónica, con una constante intromisión militar. Fernando Henrique Cardoso, un expresidente civil que fue exiliado durante la dictadura militar, dijo que no creía que un golpe fuera inminente, pero que le preocupaba que las tácticas de intimidación de Bolsonaro pudieran intensificarse. “De alguien que evidentemente esta mal de la cabeza y que con sus continuos llamados a la violencia busca a toda costa no dejar el cargo por ningún motivo, podemos esperar lo peor” aseveró. No cabe duda que tiempos tumultuosos se acercan en esta parte del mundo :(
