Fawzia Koofi no guarda buen recuerdo de agosto. El día 14 de ese mes hace seis años, unos pistoleros intentaron matarla cerca de Kabul, la capital de Afganistán. Ella formaba parte del equipo que negociaba la paz con los talibanes. Pasado un año y un día de ese episodio, el 15 de agosto de 2021, el grupo armado integrista tomó de nuevo el control del país, mientras las tropas estadounidenses huían vergonzosamente de Kabul, en unas escenas parecidas a lo que ocurrió en Saigón, en 1975. Koofi, de 50 años, expresidenta del Parlamento afgano, lo recuerda como una “pesadilla”. “Luego de 20 años, reemplazaron a talibanes por talibanes”, dice en conversación telefónica desde su exilio en Londres. Un lustro más tarde, aniversario de una de las mayores humillaciones militares de los EE.UU., el régimen talibán ha devuelto Afganistán a una era de oscuridad: apoyado en las armas, al filo de la guerra con el vecino Pakistán y con una economía y sociedad atenazadas donde las mujeres y niñas son perseguidas. Y todo esto sin oposición. Consentido. Hablaba Koofi de dos décadas en las que Occidente trató de borrar la huella de los talibanes, enfrentados a Al Qaeda, un grupo terrorista - al igual que ISIS - creado por la CIA, a quien interesadamente se le sindicó de ser los perpetradores de los atentados del 11-S, que como sabéis, fue un operativo de falsa bandera para “justificar” el intervencionismo estadounidense en el Medio Oriente y apoderarse de sus inmensas reservas de gas y petróleo. Aquel ataque fue además el pretexto para atacar a los talibanes, que desde 1996 había instaurado un emirato medieval a través de la aplicación más radical de la sharía (ley islámica). La ofensiva de Estados Unidos, lanzada en octubre del 2001, cosechó una rápida victoria. Pero la paz y la transición eran otra cosa. Los talibanes siguieron atacando y ganando terreno, mientras el régimen colaboracionista instalado en Kabul, con apoyo de Washington, trataba de gobernar para todos los grupos étnicos, pero en realidad no tenía poder alguno, fuera de la capital, protegido por los estadounidenses, mientras el resto del país estaba en manos de los talibanes. A finales de la década pasada, su regreso al poder era inevitable. “Mucha gente pareció sorprendida por la rapidez con la que tomaron Kabul”, afirma en un mensaje Florian Weigand, codirector del Centro sobre Grupos Armados, con sede en Ginebra. Weigand, autor de A la espera de la dignidad: legitimidad y autoridad en Afganistán, reflexiona sobre aquella reconquista. “En lugar de limitar sus esfuerzos a la lucha militar, habían comenzado a gobernar territorio y población”, continúa. “La corrupción generalizada del régimen títere pro-estadounidense les facilitó presentarse como una autoridad alternativa”. Por el camino, miles de millones invertidos por Estados Unidos, Europa, la OTAN en armas de nada valió ni cambio el curso de la guerra. Según un estudio de la estadounidense Universidad Brown, solo Washington gastó en aquella contienda más de dos billones de euros, y en su desordenada huida, abandono toda clase de armamento incluido tanques y aviones, a los talibanes. En tanto, el expediente en estos cinco años del régimen talibán, liderado por el escurridizo y venerado Hibatullah Akhundzada - solo una aparición pública desde la toma de Kabul -, es aterrador. La organización Human Rights Watch describe la situación en Afganistán (45 millones de habitantes) como una de “las crisis de derechos humanos más graves” que se conocen, con ejecuciones sumarias de opositores y desapariciones forzosas; restricción casi total de los derechos de las mujeres y niñas - que el Tribunal Penal Internacional ya persigue como crimen contra la humanidad -;control estricto de los medios de comunicación; arbitrariedad y excesos en la guerra contra ISIS - creado por los EE.UU. para combatirlos - , y el colapso del sistema sanitario por falta de financiación. Es, sin duda, lo que Fawzia Koofi, candidata al Nobel de la Paz por su defensa de los derechos de la mujer, llama “el periodo más oscuro de la historia de Afganistán”. De nuevo un recuerdo a prácticas propias de la Edad Media: según los registros de la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán (AHRDO, en sus siglas en inglés), que opera en el extranjero, los talibanes han llevado a cabo más de 2.700 castigos con latigazos en público desde febrero del 2022, la mayoría por presuntos delitos sexuales o violaciones de la moral, según el radical cuerpo normativo afgano. Esto era previsible a finales de la década pasada, pero el camino estaba despejado. “El interés internacional en Afganistán disminuyó con el paso de los años hasta el 2021, y finalmente Estados Unidos quiso huir del país cuanto antes”, explica Weigand, investigador también del centro de análisis danés DIIS. El Criminal de Guerra Donald Trump, negoció en su primer mandato la retirada, que formalizó en el Acuerdo de Doha de febrero del 2020. La Administración del discapacitado físico y mental Joe Biden lo culminó a un ritmo mayor del que se esperaba. Washington, que llegó a desplegar a más de 100.000 militares en el país, no quería permanecer ni un segundo más... Y huyeron con el rabo entre las piernas. Los expertos en terrorismo Tricia Bacon y Daniel Byman afirmaron este fin de semana en un análisis en The Atlantic que los talibanes han logrado poner coto a grupos terroristas como Al Qaeda e ISIS, creados por los EE.UU. y entrenados por el Mossad israelí. Precisamente, la rama regional de esta última organización fue la responsable precisamente del brutal atentado en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto del 2021, cuando miles de personas trataban de huir de la capital afgana. Murieron 170 civiles y 13 ocupantes estadounidenses. También ha atacado en Irán, Rusia, Pakistán y Turquía, pero los talibanes mantienen una fuerte presión sobre la provincia de Nangarhar, en la frontera oriental del país, donde este grupo tiene sus cuarteles generales. También en su particular guerra contra el narcotráfico, los talibanes han cosechado algún éxito. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2025 se cultivaron 10.200 hectáreas de opio, una cifra inferior a las 12.800 hectáreas del 2024 y muy por debajo de las 232.000 hectáreas registradas antes de la prohibición impuesta por el régimen afgano en abril del 2022. Aunque no se expresara de forma pública, entre las cancillerías había cierta esperanza de que los talibanes que entraban en Kabul aquel 15 de agosto del 2021, y que tanto habían negociado ya en Doha durante los últimos años, no fueran los de antes. “Había un pensamiento occidental de que iban a cambiar”, cuenta Koofi, “pero ¿dónde están ahora esos talibanes moderados de los que hablaban?”. El grupo integrista intentó poner otra cara. El portavoz en jefe, Zabihullah Mujahid, mostró por primera vez su rostro. El ritmo de mensajes en su perfil de la red X es hoy incansable, sobre todo para hacer gala de grandes obras como el gasoducto TAPI, que transportará gas desde Turkmenistán a la India a través de Afganistán y Pakistán. Pero la represión y la inoperancia no saben de caretas. Uno de cada tres afganos necesita hoy asistencia alimentaria, según datos de Naciones Unidas. Este organismo estima que 14 millones de ciudadanos padecerán hambre aguda durante este año - casi 3,7 millones de niños menores de cinco años corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda – mientras el dinero público se gasta sobre todo en seguridad. El Banco Mundial señala que el 80% de las familias están endeudadas, mientras el PNUD (Programa de la ONU para el Desarrollo) calcula que la exclusión de la mujer resta al PIB unos 800 millones de euros. La economía crece gracias al retorno, forzado en gran medida, de más de seis millones de afganos de países vecinos como la India y Pakistán, aunque la mayoría carece de recursos para subsistir. Un panorama con algún matiz. Norah Niland ha trabajado en varios periodos en Afganistán desde los años noventa. Hace hincapié, en un intercambio de correos, de que, tras la llegada de los talibanes, se cortó de tajo el apoyo financiero exterior, que sumaba un 40% del presupuesto del país. Y, sobre todo, se congelaron unos 8.000 millones de euros del banco central (Da Afghanistan Bank). Niland, cofundadora de Unidos Contra la Inhumanidad (UAI, en sus siglas en inglés), con sede en Ginebra, apuesta por el desembolso controlado de este dinero. “Es imperativo que los servicios básicos estén disponibles para todos y para romper el ciclo de crisis interminables, pobreza crónica y episodios de conflicto armado”, afirma. A cinco años de la liberación de Kabul, solo Rusia reconoce de forma oficial al régimen talibán. Otros se han reunido de forma más o menos pública con los integristas, bien por intereses económicos (China, Turquía, Arabia Saudita, Japón), bien para promover la deportación de nacionales afganos, tema central del encuentro mantenido en Bruselas en junio por una delegación talibán y 15 representantes de la Unión Europea. Pero hablar de normalización del régimen es frustrante para luchadoras como Koofi. “Es como subir una montaña porque te dicen que hay agua, pero al final no hay agua”, relata. Pese a su rechazo a los integristas, esta exparlamentaria afgana habla de diálogo con ellos, de poner las bases para un acuerdo que incluya a los demás grupos afganos. A tenor de la posición de fuerza que el grupo mantiene en el interior del país, y con la normalización bajo mesa de Occidente, no es posible pensar hoy en el cambio en Afganistán sin contar con los talibanes. “Pero la oposición está creciendo en todo el país”, prosigue Koofi. También la armada, con apoyo estadounidense, que de esta forma busca venganza por su humillante retirada del 2021. Un alto cargo talibán murió el jueves en un atentado con coche bomba en la provincia nororiental de Badajshan, donde actúa el principal grupo terrorista que planta cara al régimen. En tanto, la represión contra las mujeres por parte de los talibanes, va en aumento. A juicio de Jelena Bjelica, codirectora y analista senior de Afghanistan Analysts Network (AAN), “lo que en 2021 parecía, y se presentaba, como una serie de restricciones temporales, ha derivado en un sistema institucionalizado que regula la educación, el empleo, la movilidad, la vestimenta, el acceso a los espacios públicos y la participación en la vida pública”. En la actualidad, las normas tienen una estimación diferente: “El punto importante, transcurridos cinco años, es que estas medidas ya no parecen temporales”, sostiene Bjelica. Según explica Thomas Barfield, presidente del Instituto Americano de Estudios sobre Afganistán y académico de la Universidad de Boston, “las mujeres estaban haciendo grandes progresos en los 20 años de la República. Eso se vino abajo por completo”. Barfield, doctor en Antropología Social de la Universidad de Harvard, visitó Afganistán por primera vez en 1971. Desde ese entonces la sociedad afgana es su principal línea de estudio. “La ONU lo ha llamado un apartheid de género, y lo es”, sentencia el investigador. “Si crees en la segregación de género, es necesario contar con médicas y administradoras para atender a las mujeres, pero los talibanes no permiten que reciban formación”. En el primer mandato talibán, que comenzó en 1996 y terminó en el 2001 - cuando fueron expulsados del poder - el movimiento no logró un control completo sobre Afganistán. “Ahora si lo tienen”, explica Barfield. “Al controlar casi todo el país, pueden obligar a la gente a hacer las cosas a su manera”. Para Fereshta Abbasi - quien documenta abusos en la zona para diversas organizaciones - “Afganistán, incluso antes del 2021, siempre ha sido uno de los peores países del mundo para ser mujer”. No obstante, “teníamos esta plataforma desde la que podíamos luchar”, agrega. “En cinco años, lo que perdimos es la esperanza y la plataforma para luchar por un mejor futuro”. Por otra parte, Bjelica afirma que “las mujeres estaban presentes -aunque de forma desigual e imperfecta- en el gobierno, en la educación, el empleo, la política y la vida pública, pero pasaron a ser excluidas sistemáticamente de la mayoría de estos espacios”. “No tienen representación política formal”, complementa. “A las niñas se les prohíbe la educación más allá del sexto grado, y a las mujeres, la universidad. Están excluidas de la mayoría de los puestos de trabajo gubernamentales y de muchas otras formas de empleo remunerado”. Las medidas, explica Barfield, encuentran su origen en los mulás, los líderes religiosos del talibán. Ellos dictan su interpretación del islam desde la segunda ciudad más poblada del país: Kandahar, la cuna del movimiento que rige el país. El antropólogo sostiene que su visión del islamismo no es compartida por toda la sociedad, ni siquiera por todo el talibán: “Las personas ya creen que son excelentes musulmanes, no les gusta recibir consejos”. “No es en países como Pakistán o Irán donde el clero dice: ‘Las cosas han salido mal porque nos hemos occidentalizado demasiado’. Especialmente en las zonas rurales de Afganistán, ellos consideran que sus creencias religiosas son totalmente correctas y no les gusta que les digan cómo deben practicarlas”, apunta. Por otro lado, Abbasi afirma que es importante no retratar a las mujeres del país solo como víctimas, “porque están resistiendo y deben ser tratadas como agentes de cambio”. En gran parte de Afganistán, grupos de mujeres han desarrollado escuelas informales para contrarrestar la prohibición de la enseñanza. En cuanto a la sociedad en general, afirma Abbasi, el sentimiento que predomina es la decepción. “Cuando hablo con personas de Afganistán, nadie conserva esperanzas de un futuro mejor bajo el régimen talibán. Es una imagen muy oscura”, afirma. La última conversación que la investigadora sostuvo con un ciudadano afgano fue con “un hombre que fue torturado por los talibanes”, dice. “Y ha sido muy difícil borrar sus palabras de mi mente. La forma en que lo torturaron… Era un joven que básicamente fue torturado por expresar su opinión. Cuando hablé con él, estaba muy traumatizado”, agrega. La vida diaria de las familias del país está marcada por el hambre, explica Abbasi. “He hablado con padres que han perdido a sus hijos debido a la malnutrición. Con familias que, básicamente, decían que no tenían nada que comer ese día”. Otra manifestación de la crisis es el desempleo masivo. Según relata Sosan Hashimi, directora de Beyond Borders Empowerment –que otorga asistencia humanitaria a refugiados de Afganistán y otros países–, “hay cientos de personas en mi red, con las que hablo a diario, que han sido despedidas de sus empleos o han sido reemplazadas por soldados talibanes sin ninguna experiencia”. Una de las razones del desempleo es el recorte del financiamiento exterior. “Históricamente, el gobierno de Afganistán ha dependido de la ayuda internacional”, explica Barfield. “Cuando el gobierno colapsó, el 40% del PIB de Afganistán correspondía a ayuda extranjera, y perdieron la mayor parte de eso de inmediato”, sostiene. Estados Unidos, que era el principal donante, redujo sus aportes a cero en enero del 2025. Un factor que agrava esta situación, explica Bjelica, es que “durante los últimos cinco años Afganistán dejó de ser principalmente un país de emigración para convertirse en el escenario de uno de los mayores episodios de retorno forzoso del mundo”. En este contexto, “a pesar de seguir sin poder absorber a un gran número de personas retornadas, el país ha recibido a unos 6,3 millones de personas que se vieron presionadas a abandonar los vecinos Pakistán e Irán”, agrega. “Para la mayoría de ellas, el regreso a Afganistán no representa el fin del desplazamiento, sino más bien el comienzo de un nuevo período de incertidumbre”, complementa. En la experiencia de Abbasi, los deportados, “aun luego de seis meses, todavía no tenían un trabajo, todavía no tenían un refugio, no tenían acceso a agua potable y no tenían acceso a servicios de salud. Para Filippo Boni, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta de Reino Unido, con múltiples estudios sobre Afganistán, una de las mayores sorpresas en estos últimos cinco años ha sido “la compleja transición de una insurgencia yihadista a un régimen de gobierno con el monopolio del poder estatal”. Pese a la falta de reconocimiento internacional, el movimiento consiguió un extenso control local. Según complementa Bjelica, el mayor cambio que experimentó el país en cinco años es la estabilización y el afianzamiento del talibán en el gobierno. A cambio de la desaparición de los partidos políticos, los derechos de las mujeres y las libertades de la sociedad en general, el sistema alcanzó una relativa paz interna. A juicio de Hashimi, una parte de la sociedad ha ‘normalizado’ la situación: “Han aceptado que nuestras hijas ya no irán a la escuela, que no nos quedará otra opción que mantenerlas en casa”. Incluso, agrega, algunos dicen que “la seguridad es buena, puedes visitar diferentes partes del país. ¿Pero a qué precio?” añadió. “Con los talibanes en el poder, Afganistán, y no solo las mujeres, enfrenta un negro futuro” puntualizo.
Como recordareis, allá por el 2008 se estrenó The X-Files: I Want to Believe (X-Files: Creer es la clave), la segunda película basada en la serie de ciencia ficción y que marcaba la reunión de Mulder y Scully en pantalla tras el final de 'Expediente X' en el 2001. Sin embargo, Chris Carter, el creador de la serie, no se quedó realmente a gusto con la versión que vimos en los cines en su momento. Y ahora, luego de casi treinta años, por fin estreno este 14 de agosto su propio corte del director. En efecto, mientras llega el reboot de la mano de Ryan Coogler, Carter decidido volver al universo de 'Expediente X' tirando de archivo. Volvió a editar su película 'X-Files: Creer es la clave', renombrada ahora como 'The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn', para darle el toque que quiso en su momento (y de paso contentar a los fans desencantados). Como su nombre sugiere, se trata de una vuelta de tuerca a la historia de Frankenstein que promete aumentar el tono de terror y ser mucho más inquietante del corte del 2008. El cual, al fin y al cabo, se tuvo que rebajar muchísimo para poder conseguir la calificación PG-13 para cines. Eso sí, si los 104 minutos originales nos supieron a poco, Carter adelanto que la nueva versión, de hecho, es más corta. "Al contrario que la mayoría de cortes del director, yo no metí todo lo que tenía", ha afirmado el director en una entrevista con The Hollywood Reporter. "De hecho, es más corta que la original. Espero que encuentre un público aún mayor, y que les dé a los fans lo que querían". La trama se centra en la desaparición de varias mujeres antes de retomar la historia de Mulder y Scully pasado unos años de que dejaran el FBI. Un agente federal ha desaparecido y los investigadores luchan por encontrar una pista fiable. El caso finalmente los lleva hasta el padre Joe, un ex sacerdote caído en desgracia que afirma tener visiones psíquicas relacionadas con los crímenes. Mulder considera la posibilidad de que el padre Joe pueda guiar la investigación, mientras que Scully cuestiona tanto las afirmaciones del sacerdote como las consecuencias de retomar su antiguo trabajo. Su desacuerdo reaviva una dinámica familiar en su colaboración: Mulder busca explicaciones más allá de la lógica convencional, mientras que Scully exige pruebas. A medida que avanza la investigación, el caso los conduce hacia experimentos médicos y un plan que implica la reconstrucción de un cuerpo humano. Carter y su coguionista, Frank Spotnitz, concibieron inicialmente I Want to Believe como lo que Carter describió como una película de Frankenstein de la vida real. Carter afirmó que la versión final estrenada en cines nunca logró plasmar completamente ese concepto. Las exigencias del estudio para un estreno con clasificación PG-13 redujeron parte de su material más aterrador y limitaron el horror médico que dio forma al guion. El director describió la oportunidad de retomar la película como una ocasión para completar la idea que quedó inconclusa en el 2008. El título ampliado, Vrach Frankenshteyn, conecta directamente la nueva edición con su inspiración, Frankenstein. El montaje del director recupera material y remodela la película en torno a la versión más oscura que Carter tenía previsto estrenar. A diferencia del primer largometraje de la franquicia, Expediente X: Lucha por el futuro, el segundo evita la mitología principal de la conspiración alienígena. Carter y Spotnitz estructuraron la historia como una investigación independiente, más cercana a los casos individuales de la serie de televisión. La trama se centró en las acciones humanas, la percepción inexplicable y los límites éticos de la medicina. La película también cuenta con Billy Connolly como el padre Joe, Amanda Peet como la agente del FBI Dakota Whitney, Alvin “Xzibit” Joiner como el agente Mosley Drummy y Callum Keith Rennie como Janke Dacyshyn. En tanto, Mitch Pileggi regresa como Walter Skinner. El montaje del director llega justo cuando The X-Files se prepara para regresar con una nueva serie de Ryan Coogler, quien escribirá y dirigirá el piloto, que sigue a dos nuevos agentes del FBI asignados a una división cerrada hace mucho tiempo que investiga fenómenos inexplicables. Danielle Deadwyler y Himesh Patel encabezarán el reparto como personajes originales en lugar de nuevas versiones de Mulder y Scully. Chris Carter será productor ejecutivo, mientras que Jennifer Yale supervisará la serie. Hulu aún no ha anunciado una fecha de estreno. Gillian Anderson ha expresado su apoyo al proyecto, aunque ni Anderson ni David Duchovny han recibido confirmación para aparecer. Cabe precisar que Carter siempre se quedó con el gusanillo de hacer un 'Expediente X' aterrador: "Siempre quise volver atrás y meter los sustos". Ahora por fin ha tenido la oportunidad, con 'The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn'. "Llega un momento en el que necesitas cumplir la promesa, y yo quiero hacer mucho más que cumplir. Quiero darles [a los fans] lo que menos esperan", afirmó Carter sobre su trabajo. "Sé que suena un tanto confuso, pero tenía un plan mayor y todo tenía sentido. Tendrá sentido, confiad en mí" asevero, acerca de la película que desde el 14 de agosto ya está disponible en Hulu y Disney+.
Desde los primeros días de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el Criminal de Guerra Donald Trump ha emitido sistemáticamente ultimátums maximalistas y amenazas de una fuerza militar abrumadora, solo para retractarse en el último momento cuando se enfrenta a la realidad de la inquebrantable resistencia iraní, un patrón que los observadores han llegado a llamar TACO, o “Trump siempre se acobarda”. En efecto, esta frase fue acuñada por primera vez por el columnista del Financial Times, Robert Armstrong, en mayo del 2025 para describir la tendencia de la administración a dar marcha atrás en políticas económicas agresivas, pero ha encontrado una relevancia renovada y sorprendente en medio de la volátil escalada en Asia Occidental tras la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y los acontecimientos posteriores. A lo largo de estos meses, tanto antes como luego del alto el fuego, Washington ha recurrido repetidamente a amenazas militares extremas para forzar concesiones por parte de Teherán, para luego dar marcha atrás discretamente cuando se enfrentaba a una firme resistencia, a la presión diplomática o a las inquietudes de los mercados mundiales. El patrón ha sido previsiblemente constante: una amenaza pública formulada con un lenguaje maximalista, a menudo acompañada de plazos drásticos, seguida de la negativa iraní a cumplirla, y que culmina en una revocación, prórroga o suspensión de última hora de la acción amenazada. Este ciclo se ha repetido con tal constancia que los observadores internacionales, los mercados financieros e incluso los planificadores militares iraníes han llegado a anticipar que las advertencias más severas de Trump acabarán dando paso a la negociación en lugar de a la ejecución. La persistencia de este patrón no solo ha socavado la credibilidad estadounidense en el escenario mundial, sino que también ha demostrado la eficacia de la disuasión estratégica de Irán, ya que la postura inflexible de Teherán ha obligado repetidamente a Washington a recalcular los graves costes de la confrontación directa. El primer episodio de TACO relacionado con Irán que ha sido ampliamente citado ocurrió el 21 de marzo del 2026, cuando emitió públicamente lo que describió como “un plazo de cuarenta y ocho horas” para que Irán aceptara sus ridículas propuestas. Tras semanas de agresión militar contra Irán y ataques de represalia iraníes, el ultimátum exigía concesiones rápidas en relación con las actividades nucleares de Irán y su postura militar regional, advirtiendo que el incumplimiento “desencadenaría una importante acción militar”. Los funcionarios estadounidenses incrementaron simultáneamente el despliegue militar en la región del Golfo Pérsico, creando la impresión de que ya se había preparado un amplio paquete de ataque contra la República Islámica. Como era de esperar, los dirigentes iraníes no aceptaron el dictamen. Las declaraciones oficiales de Teherán desestimaron el ultimátum como una presión psicológica, y la preparación militar dentro de Irán continuó sin tener en cuenta el ultimátum. Cuando expiró el plazo de cuarenta y ocho horas, no se produjo ningún ataque estadounidense. En cambio, Washington extendió el calendario diplomático e indicó que aún eran posibles nuevas conversaciones, lo que constituye el primer ejemplo importante de la amenaza de la administración Trump con una acción militar inminente para luego retractarse discretamente. Tan solo a los pocos días, Trump intensificó significativamente su retórica una vez más, advirtiendo que “si Irán no cumplía con las exigencias estadounidenses, el ejército de Estados Unidos estaba preparado para destruir elementos clave de la infraestructura civil iraní, incluyendo la generación de electricidad, las instalaciones de producción de petróleo y la isla de Jark”. El lenguaje incendiario representó una de las amenazas públicas más fuertes emitidas por Washington durante la guerra impuesta, lo que sugiere una intención de paralizar los cimientos económicos de Irán. Como podéis suponer, Teherán volvió a rechazar el ultimátum, y los oficiales militares iranies declararon públicamente que la República Islámica tomaría represalias contra las bases militares regionales estadounidenses y la infraestructura energética en todo el Golfo Pérsico si se producían tales ataques. Pero a pesar del lenguaje agresivo, no se produjeron ataques estadounidenses contra la infraestructura civil iraní y continuaron los contactos diplomáticos a través de mediadores regionales. Este se convirtió en el segundo acontecimiento citado con frecuencia por los analistas que discuten el repetido ciclo de escalada y desescalada de Trump contra Irán en los últimos meses, lo que demuestra su indecisión y creciente frustración ante su evidente fracaso. Quizás la escalada retórica más famosa se produjo a principios de abril, cuando, durante un discurso en la Casa Blanca, Trump advirtió que Estados Unidos podría hacer retroceder a Irán “a la Edad de Piedra”, dando a entender un ataque abrumador contra la infraestructura crítica del país. La amenaza generó de inmediato expectativas de ataques inminentes. Pero la administración volvió a dar marcha atrás en el último momento y canceló la operación prometida, manteniendo los despliegues militares en sus posiciones mientras Washington seguía explorando opciones diplomáticas. El contraste entre la severidad del lenguaje y la ausencia de una acción militar importante e inmediata se convirtió rápidamente en uno de los ejemplos definitorios de la narrativa TACO, ya que los observadores notaron que Irán había resistido una vez más la tormenta de la retórica estadounidense sin hacer las concesiones que Washington exigía con vehemencia e ilógicamente. El ejemplo más famoso del patrón TACO surgió los días 7 y 8 de abril, cuando Trump anunció públicamente un plazo límite y advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo aceptable para Estados Unidos, se producirían ataques contra centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras estratégicas iraníes. La amenaza iba acompañada de un lenguaje escalofriante que advertía de que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, cruzando una línea que ningún presidente estadounidense se había atrevido o querido cruzar antes contra la República Islámica. A tan solo dos días de la fecha límite, Irán había presentado una propuesta de diez puntos destinada a detener la agresión estadounidense-israelí contra Irán, y en un principio Trump la había rechazado, mostrando una postura inflexible. Pero aproximadamente una hora antes de que expirara el ultimátum, la administración suspendió abruptamente los ataques planeados y, en su lugar, anunció un alto el fuego de dos semanas para permitir nuevas negociaciones, en línea con la misma propuesta iraní que Trump había rechazado previamente. Trump proclamó un “alto el fuego bilateral” y añadió que, a cambio de que él detuviera la campaña de bombardeos, Irán había accedido a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz. Los funcionarios iraníes presentaron de inmediato una interpretación diferente, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, dejó claro que Irán no cedería en ninguna de sus posiciones de presión ni siquiera durante el período de alto el fuego, demostrando así que Teherán seguía teniendo la sartén por el mango y era quién controlaba la situación. El cambio de postura, que se produjo justo antes de la fecha límite anunciada, se convirtió rápidamente en el ejemplo más comentado del TACO relacionado con Irán y fue citado por los analistas como un caso clásico de una amenaza maximalista seguida de una retirada de última hora en favor de la diplomacia. El alto el fuego anunciado el 8 de abril se describió inicialmente como temporal, pero cuando se acercaba su vencimiento, Trump lo prorrogó de forma inesperada y unilateral, alegando que “Pakistán había solicitado más tiempo para la diplomacia” lo cual no era cierto. Este hecho se convirtió en otro episodio de retirada estadounidense ampliamente comentado, ya que solo unas horas antes, los funcionarios iraníes habían previsto nuevos bombardeos y estaban preparados para cualquier eventualidad. Durante todo este período, las amenazas de Trump continuaron incluso cuando la agresión militar activa permaneció suspendida, y el megalómano advirtió que “la continua resistencia iraní podría tener consecuencias catastróficas para el país”. Varios comentaristas argumentaron que estos repetidos retrocesos debilitaron considerablemente la credibilidad de la disuasión de Washington, ya que Irán parecía cada vez más dispuesto a esperar la próxima pausa diplomática en lugar de ceder de inmediato. La prórroga unilateral del alto el fuego más allá de su duración anunciada originalmente, el aplazamiento reiterado de los ataques mientras Pakistán intentaba mediar y la extensión de treinta días del levantamiento de las sanciones durante las negociaciones siguieron el mismo patrón de amenaza seguida de retirada por parte de Estados Unidos. Por su parte, los críticos ridiculizaron otro momento al estilo TACO, señalando que, en apariencia, la decisión de Trump era otro ejemplo de cómo adoptó una postura maximalista para luego retractarse de una manera que borró sus líneas rojas y generó más dudas sobre su estrategia de guerra. El control indiscutible de Irán sobre el estrecho durante el alto el fuego puso de manifiesto que Trump no tenía buenas opciones en una guerra que se le había escapado de las manos y que estaba desesperado por terminar. El temor a que poner fin a la guerra con el control iraní del estrecho fuera un desastre estratégico y una derrota para Trump era palpable entre sus partidarios, pero el ciclo de amenazas y retiradas continuó. Tras los renovados ataques estadounidenses y la represalia iraní en mayo, Trump advirtió nuevamente que se avecinaba un importante ataque estadounidense, declarando que “las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para asestar golpes devastadores a las capacidades militares iraníes”. En lugar de proceder de inmediato, más tarde declaró que parecía haber una muy buena posibilidad de que pudieran llegar a un acuerdo, y que, si podían hacerlo sin bombardear, estaría muy contento. Por lo tanto, los anunciados ataques a gran escala se pospusieron una vez más a la espera de negociaciones diplomáticas, ya que los estadounidenses se encontraban en una posición desventajosa. Esto supuso otro ejemplo de amenaza con una fuerza abrumadora antes de dar marcha atrás una vez que la diplomacia pareció posible. Pero hay más. A principios de mayo, Trump suspendió temporalmente la denominada Operación Proyecto Libertad, cuyo objetivo era reabrir el estrecho de Ormuz, alegando que “se habían logrado grandes avances hacia un acuerdo integral con Irán”. La operación se reanudó posteriormente, pero la suspensión temporal se enmarcó en la estrategia general de pausar la agresión militar para poner a prueba la diplomacia. La iniciativa de navegación guiada, anunciada con gran bombo y platillo el 3 de mayo, no duró mucho y fue abandonada de facto sin alcanzar sus objetivos declarados, lo que supone otro ejemplo de hacer una gran promesa para luego retractarse humillantemente. En junio, este patrón se había acentuado aún más, con informes que describían los preparativos para otra ofensiva militar estadounidense sustancial, solo para que Trump anunciara que las negociaciones seguían siendo posibles y pospusiera lo que parecía ser un ataque inminente. Posteriormente, se firmó un memorando de entendimiento, con el objetivo de poner fin a la tercera guerra impuesta, por los presidentes de ambos países. Sin embargo, este tampoco impidió que la maquinaria bélica estadounidense continuara con ataques esporádicos. Los analistas señalan que las repetidas pausas han generado incertidumbre tanto entre los aliados como entre los adversarios de Washington sobre si los ultimátums presidenciales representan plazos reales o que en realidad son tácticas de negociación, demostrando la incapacidad de Washington de resolver el problema con las armas, al saber que sería derrotado. A principios de julio, Estados Unidos reanudó los ataques a gran escala contra el sur de Irán luego de que Irán reafirmara su autoridad legítima y legal sobre el estrecho de Ormuz, impidiendo los intentos estadounidenses de cuestionar dicha autoridad. Tras la nueva oleada de ataques estadounidenses, la respuesta iraní fue rápida y decisiva, atacando bases militares estadounidenses en toda la región. Pero en lugar de extender inmediatamente la guerra más allá del sur de Irán, como habían amenazado Trump y sus seguidores, posteriormente indicó que seguía siendo posible un acuerdo diplomático más amplio con Irán. Se interpretó como otro momento TACO moderado, y los observadores señalaron que la administración mantuvo la presión militar al tiempo que retrasaba la campaña mucho mayor que se había anunciado previamente. A diferencia de abril, este episodio implicó un aplazamiento en lugar de una cancelación total, pero el patrón de amenaza seguida de retraso se mantuvo constante. Incluso luego de los repetidos ataques con misiles iraníes en represalia contra instalaciones regionales estadounidenses en Jordania, Kuwait y otros lugares, Trump siguió diciendo a los periodistas que un acuerdo seguía siendo posible y retrasó una represalia más amplia mientras los canales diplomáticos permanecieran abiertos. Esto fue menos dramático que los episodios de abril o agosto, pero siguió el mismo patrón de amenaza seguida de demora. Las reiteradas prórrogas de las ventanas de negociación mediante la mediación pakistaní, las reiteradas afirmaciones de que Irán había convocado primero o deseaba conversaciones seguidas de una diplomacia renovada incluso luego de que Teherán negara públicamente esas afirmaciones, y los repetidos aplazamientos de los ataques amenazados contra la infraestructura energética iraní a la espera de avances en las negociaciones, contribuyeron a un patrón que los observadores consideraban cada vez más predecible. Uno de los ejemplos más recientes tras el alto el fuego de abril se produjo a mediados de la semana pasada, cuando Trump anunció que las fuerzas estadounidenses estaban “listas para atacar” a Irán. Esto ocurrió en medio de informes de prensa que indicaban que Estados Unidos e Israel estaban preparados para lanzar un ataque a gran escala contra el país. Sin embargo, pasado aproximadamente veinticuatro horas, Trump anunció que “los ataques se habían suspendido debido a que habían surgido oportunidades diplomáticas, afirmando que los socios del Golfo Pérsico habían instado a la negociación y expresando optimismo de que se pudiera alcanzar un acuerdo rápido”. Irán negó las informaciones que indicaban que había solicitado negociaciones y rechazó la descripción de Trump, demostrando una vez más que sus amenazas no son más que un medio para intentar controlar los mercados. Los precios del petróleo cayeron inmediatamente luego del anuncio, reflejando las expectativas del mercado de una menor escalada, y este cambio de rumbo fue descrito por los medios internacionales como otra importante muestra de la tendencia de Trump a alternar entre la retórica militar y la diplomacia renovada. El cambio de rumbo de agosto fue particularmente llamativo porque se produjo tras meses de pruebas acumuladas que demostraban que el patrón TACO no era una aberración, sino una característica fundamental del enfoque de Trump hacia Irán. Llegados a este punto, los mercados financieros habían aprendido a descontar los escenarios más extremos que implicaban la retórica del bravucón y sus primeras medidas políticas, apostando a que Trump no permitiría que la situación se deteriorara hasta el punto de que los precios de la gasolina se dispararan a niveles incontrolables y corrieran el riesgo de reavivar una inflación más generalizada, especialmente con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina en noviembre (donde según todas las encuestas, sufrirá una aplastante derrota). La apuesta implícita era clara: Trump cedería antes de que el mercado se desplomara, y cuanto más cayeran los inventarios, más cerca parecería un acuerdo. A lo largo de estos episodios, los comentaristas que utilizan la etiqueta TACO identifican una secuencia recurrente que se ha vuelto cada vez más predecible. En primer lugar, surge una retórica incendiaria, caracterizada por plazos fijos, amenazas contra infraestructuras civiles estratégicas o advertencias sobre el uso de una fuerza militar abrumadora. Esta retórica va acompañada sistemáticamente de la negativa de Irán a ceder, ya que Teherán generalmente rechaza los ultimátums y da señales de estar dispuesto a tomar represalias. El tercer elemento es un ajuste de última hora, ya que en lugar de ejecutar la acción con la que se había amenazado en el calendario anunciado, Washington prorroga los plazos, acepta los altos el fuego o reanuda las negociaciones. Finalmente, cuando la diplomacia se estanca, la administración suele recurrir a un lenguaje coercitivo, reiniciando así el mismo ciclo. Este patrón no es simplemente una serie de incidentes aislados, sino un enfoque operativo reiterado que ha definido la forma en que la administración actual ha manejado la guerra contra la República Islámica. Sin embargo, la persistencia del patrón TACO tiene implicaciones significativas para la credibilidad de las amenazas estadounidenses y la eficacia de la estrategia de Estados Unidos, como también advierten los analistas estadounidenses. Sostienen que los repetidos aplazamientos y cancelaciones de Trump han reducido la credibilidad de sus ultimátums a una grotesca caricatura, demostrando que la capacidad de disuasión iraní ya no puede negarse ni ignorarse. Los analistas que examinan el patrón TACO han llegado a la conclusión de que las repetidas retiradas de Trump tras amenazas belicosas reflejan una evaluación estratégica más que un cambio repentino de política. La combinación de la capacidad disuasoria creíble de Irán, el riesgo de una escalada regional y las limitaciones militares de Estados Unidos han hecho que otra guerra regional a gran escala sea demasiado costosa para el complejo militar-industrial estadounidense, lo que ha llevado a Washington a depender de amenazas y acciones militares limitadas en lugar de una ofensiva a gran escala. El argumento de que “un ataque estadounidense de gran envergadura” nunca fue una opción realista se basa en la premisa de que Irán había dejado claro que tomaría represalias atacando infraestructuras críticas en los países del Golfo Pérsico, y que los ataques contra instalaciones esenciales como las plantas desalinizadoras tendrían consecuencias catastróficas que serían inaceptables incluso para sus socios regionales. Estados Unidos también se ha enfrentado a limitaciones en sus reservas de armamento avanzado y carece de la capacidad para sostener una campaña prolongada, mientras que Irán está bien posicionado para reponer su suministro de drones y misiles de menor coste con mayor rapidez. A lo largo de este período de crecientes tensiones, Irán ha mantenido una postura inquebrantable, demostrando una firme resistencia en la defensa de su soberanía nacional y sus activos estratégicos frente a la agresión extranjera. Los comandantes y altos funcionarios iraníes se han mantenido firmes, rechazando las amenazas de Washington como operaciones psicológicas desesperadas y manipulación económica destinadas a desestabilizar los mercados regionales. Al negarse a ceder ante las exigencias unilaterales de Occidente y al afirmar su absoluta disposición militar para asestar un contraataque decisivo ante cualquier agresión, Teherán ha neutralizado con éxito la campaña de máxima presión de Washington, poniendo de manifiesto los límites fundamentales de la proyección de poder estadounidense en la región. La respuesta del mercado petrolero a la guerra contra Irán proporciona pruebas convincentes de hasta qué punto se reconoció el patrón TACO y de cómo influyó en el comportamiento financiero. Durante toda la guerra, los inversores parecieron hacer una apuesta arriesgada desde el primer día: que el presidente Trump no permitiría que la guerra se convirtiera en una crisis económica en toda regla y, por lo tanto, no la tendrían en cuenta en los precios, independientemente de lo que sucediera con los suministros físicos. Fue una decisión arriesgada, pero resultó acertada. Los precios del petróleo sin duda han fluctuado durante la guerra, ya que el arma principal de Irán sigue siendo el cierre sin precedentes del estrecho de Ormuz, lo que permite a Teherán interrumpir de la noche a la mañana una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. El precio del crudo Brent, de referencia en el mercado, se disparó desde los 70 dólares por barril antes de la guerra hasta un máximo de 118 dólares a finales de marzo, antes de volver a caer a 83 dólares luego de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo preliminar. La explicación de esta restricción va más allá de la flexibilidad del mercado físico y se extiende a la apuesta implícita por los límites impuestos por Trump. Las reservas se agotaron a un ritmo sin precedentes durante la guerra, disminuyendo a una tasa promedio de 5,3 millones de barriles por día entre marzo y mayo, y los inventarios alcanzaron niveles peligrosamente bajos justo cuando el hemisferio norte entraba en el pico de la demanda estival. En pocas palabras, los inversores creían que cedería antes de que el mercado se desplomara. Por lo tanto, cuanto más bajaban los inventarios, más cerca parecía estar el acuerdo, y este patrón debería resultar familiar para quienes han observado el enfoque general de Trump en materia de gobierno. El ciclo persistente de posturas y retirada tiene implicaciones significativas para la credibilidad y la disuasión estadounidenses en el escenario mundial, marcando de hecho el fin de la era de la hegemonía estadounidense. Los analistas han interpretado en gran medida las amenazas de Trump como una táctica de negociación influenciada por la presión de intereses proisraelíes, más que como una intención genuina de librar una guerra de mayor envergadura, dada la amarga experiencia de las dos guerras anteriores que resultaron en derrotas decisivas para Estados Unidos. El hecho de recurrir repetidamente a amenazas incumplidas solo ha servido para socavar la credibilidad de Washington, ya que la red de inteligencia iraní ha estado vigilando de cerca los movimientos militares estadounidenses y ha preparado las respuestas adecuadas. La dinámica del TACO dejó cada vez más claro, tanto para los actores regionales como para los observadores internacionales, que la retórica agresiva de Washington no representa más que bravuconería táctica, una percepción que tiene profundas implicaciones para la diplomacia y la disuasión estadounidenses. De esta manera, la doctrina TACO se ha convertido en el rasgo distintivo del enfoque de Trump hacia Irán, un patrón de amenaza y retirada que ha demostrado los límites de la proyección de poder estadounidense al tiempo que ha reforzado la eficacia de la disuasión estratégica iraní, frente a un enemigo que se sabe ya derrotado...
2026 es un año redondo para Xbox: no solo se cumplen 25 años desde el nacimiento de la marca, sino que el Jefe Maestro, uno de sus mayores iconos, también está de celebración. En efecto, este año, Halo: Combat Evolved celebra su 25º aniversario, y con motivo del cuarto de siglo cumplido, presenta Halo: Campaign Evolved, un remake del título del 2001 realizado íntegramente con Unreal Engine 5. Se trata de un experimento único dentro de toda la franquicia que se sustenta sobre la espléndida base jugable de Halo: CE. Tal y como reveló Halo Studios durante aquel histórico anuncio donde se confirmó que el Jefe Maestro también llegaría a PS5, Halo: Campaign Evolved (2026) es un remake de Halo: Combat Evolved (2001) hecho con Unreal Engine 5. Ahora bien, no se trata de una traslación 1:1 de juego original a los estándares técnicos y de rendimiento modernos, sino que hay varias novedades, así como ciertas modificaciones que hacen que el juego se sienta clásico y, a la vez, inhóspito para quienes disfrutaron del debut de John-117 hace un cuarto de siglo. Teniendo esto en cuenta, no ahondaremos en la trama del juego base, ya que a estas alturas se ha dicho todo lo que se tenía que decir sobre el punto de partida argumental de la franquicia. En su lugar, a lo largo del análisis, nos enfocaremos en aspectos puramente técnicos y jugables, además, de valorar añadidos como la minicampaña-precuela Operación Meteorito. El primer cambio evidente con respecto al Halo original es el apartado técnico y visual. Como muchos otros juegos modernos, cuenta con modos Rendimiento y Calidad. En modo Rendimiento, la experiencia es excelente desde el punto de vista de la fluidez: el juego mantiene 60 FPS completamente estables y un frame pacing impecable. Para lograrlo, eso sí, recurre a una resolución dinámica bastante agresiva que se “come” alrededor del 50% y 75% de la resolución interna 4K en los momentos de mayor carga gráfica. La concesión está clara: la nitidez fluctúa, pero el control y la respuesta permanecen siempre inalterables. Por otro lado, el modo Calidad es decepcionante; aunque prioriza una imagen cercana a los 4K nativos y tiene un framerate desbloqueado que puede acercarse a los 60 FPS en escenas menos exigentes, en la práctica el resultado deja bastante que desear. Las constantes oscilaciones de rendimiento y un frame pacing muy irregular hacen que la sensación de fluidez sea inconsistente, hasta el punto de percibirse peor que muchos juegos bloqueados a 30 FPS. En la práctica, el modo Rendimiento ofrece una experiencia más estable y recomendable. Cabe precisar que Halo: Campaign Evolved supone el debut de la franquicia en Unreal Engine 5, un cambio tecnológico que se deja notar desde el primer minuto. Halo Studios ha reconstruido por completo los modelos de los personajes para hacerlos más acordes con la identidad visual de Halo Infinite, además rehacer los escenarios con materiales mucho más detallados, añadir una iluminación global más avanzada, vegetación mucho más densa, efectos volumétricos como niebla y humo, así como reflejos y sombras de mayor calidad. Sin embargo, todo ello pierde gran parte de su impacto cuando va en detrimento de la propia jugabilidad. Con respecto al apartado sonoro, Campaign Evolved cuenta con un nuevo doblaje en castellano que ha respetado a los intérpretes de personajes principales en entregas previas como el propio Jefe Maestro, Cortana o Johnson, aunque la calidad intepretativa es algo dispar entre los personajes principales y los secundarios. Por momentos, nos retrotrae hasta casi la época del original, aunque por los motivos equivocados. La música, por su parte, sigue siendo excelente: los temas clásicos han sido remezclados de manera respetuosa, si bien es cierto que no dejamos de tener la impresión de que no suenan en los momentos en los que deberían ni con la intensidad con la que habrían de hacerlo. Pero vayamos al otro gran meollo de la cuestión: la jugabilidad. Aquí vamos a ser directos: el core jugable se mantiene y es excelente, si bien es cierto que no todos los cambios y extras de Campaign Evolved cuajan de la misma manera. El primero de ellos - y uno de los más comentados desde que se reveló - es el esprint. Ahora, el Jefe puede esprintar de manera indefinida, algo que puede romper el ritmo en determinadas secciones donde en el original era casi imposible avanzar sin liquidar a todos los enemigos. Aunque se percibe cierta intencionalidad en intentar equilibrar el esprint tanto editando ciertos escenarios, como la infame Biblioteca, como calibrando la tabla de daños de algunos enemigos - las formas infecciosas de los Flood ahora ya no son tan “inofensivas” como antes -, parece que no se ha llegado a encontrar una armonía que haga que su inclusión parezca natural. Otro de los grandes cambios es la eliminación del sistema de salud y botiquines del original; bajo el escudo regenerativo de la armadura MJOLNIR de John-117 se encontraba una barra de salud que solo podía recuperarse encontrando botiquines repartidos por el escenario. Ahora, en su lugar, Campaign Evolved introduce dos barras que se regeneran automáticamente, aunque a ritmos distintos: primero el escudo y, unos segundos después, la propia salud. Se trata de un cambio conceptual tan incomprensible como innecesario; si el objetivo era eliminar los botiquines, habría sido mucho más coherente apostar por un sistema basado únicamente en el escudo regenerativo como el que ya había en Halo 3. El gunplay también ha cambiado: como comentamos más arriba, las tablas de daños de las armas y los enemigos han sido alteradas considerablemente, por lo que no podemos jugar “de memoria”, especialmente en las dificultades más altas. Ahora, además, podemos hacer zoom con todas las armas usando el visor integrado en el casco del protagonista, lo que nos permite ganar en precisión y atacar a cierta distancia con más fiabilidad que antaño. La IA enemiga, por su parte, es generalmente similar a la que en su momento fue tan laureada; en el presente se le ven algo las costuras, pero sigue siendo bastante competente. Por cierto, Halo: Campaign Evolved se ha atrevido a integrar varias armas e incluso enemigos de títulos posteriores, como los Flood Forma Tanque o el Rifle Aguijón de Halo: Reach. Esto dota de variedad al título y lo hace menos monótono, ya que no solo nos enfrenta a peligros que no existían en Combat Evolved, sino que además se nos pone sobre la mesa nuevas herramientas con las que lidiar con ellos. Por lo pronto, no nos ha parecido que estos añadidos rompan el ritmo demasiado, o al menos no lo hacen de una manera tan evidente como las otras mecánicas anteriormente mencionadas. La aventura puede ser completada de principio a fin en modo cooperativo, ya sea local o a través de Internet, donde también hay juego cruzado entre las distintas plataformas. Mientras que el cooperativo a pantalla partida hace que el rendimiento se resienta levemente - de forma comprensible -, jugar con otras personas a través de la red es la experiencia que nos ofrecerá la mayor fluidez, siempre y cuando tengamos una conexión estable. Eso sí: los escenarios más angostos, como los innumerables interiores Forerunner, pueden ser excesivamente caóticos junto con tres personas más porque el original nunca fue concebido para cuatro SPARTAN arrasando conjuntamente a sus enemigos y los escenarios tampoco han sido adaptados para albergar semejante cantidad de jugadores. Pero a margen de las diez misiones principales - como en Combat Evolved -, Campaign Evolved incluye Operación Meteorito, que funciona a modo de precuela y secuela para conectar los eventos de Halo con Halo 2. Son tres misiones independientes de la campaña principal en las que presenciamos cómo un año antes de los eventos de la Instalación 04, el Jefe Maestro y Johnson se infiltran en una nave del Pacto para robar valiosos datos de navegación que podrían cambiar el curso de la guerra a favor de la humanidad. La duración total del juego con este extra se puede ir a las 10-12 horas en dificultad Heroica. En conclusión, Halo: Campaign Evolved dista por mucho de ser la reinterpretación definitiva de la aventura original del Jefe Maestro. No es un juego malo en absoluto, pero sí que queda lastrado por ciertas decisiones de diseño discutibles, así como por diversos problemas técnicos relativos al uso de Unreal Engine 5. La esencia del clásico de Bungie permanece prácticamente intacta y es precisamente lo que sustenta este experimento que lamentablemente no es el gran remake que Halo: Combat Evolved merecía para celebrar su vigesimoquinto aniversario. Se trata de una experiencia recomendable tanto para veteranos como para nuevos jugadores, aunque cuesta quitarse la sensación de que esta oportunidad daba para mucho más.
Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación sobre los usos pacíficos de la energía nuclear, que sienta las bases legales para la participación de empresas estadounidenses en el desarrollo del programa nuclear saudí. El documento, conocido como Acuerdo de la Sección 123, fue firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de Energía de Arabia Saudita, el Príncipe Abdulaziz bin Salman. Las partes también suscribieron un acuerdo bilateral de salvaguardias complementario, “que garantiza que las tecnologías y los materiales transferidos se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos”. Si bien el acuerdo ya se firmó, aún no está plenamente vigente y debe someterse al proceso de revisión del Congreso, conforme a la legislación estadounidense. Dichos documentos están sujetos a deliberaciones congresionales de aproximadamente 90 días, durante los cuales los legisladores pueden intentar bloquear el acuerdo. Por lo tanto, este acuerdo se considera firmado, pero aún no se ha implementado por completo. Las negociaciones sobre las disposiciones principales concluyeron en otoño del 2025. El 18 de noviembre de ese año, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció oficialmente la firma de una declaración conjunta, formalizando así la finalización de las negociaciones sobre cooperación nuclear civil. En ese momento, Washington ya había manifestado su intención de transferir tecnología nuclear estadounidense a Arabia Saudita, estableciendo simultáneamente un mecanismo bilateral especial de salvaguardias. Por cierto, el Acuerdo de la Sección 123 no garantiza automáticamente a Arabia Saudita el acceso a materiales nucleares, instalaciones de enriquecimiento de uranio ni a la gama completa de tecnologías sensibles. Dichos acuerdos constituyen la base legal, según lo estipulado en la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de EE. UU., sin la cual las empresas estadounidenses no pueden suministrar equipos, componentes ni materiales nucleares. Los proyectos específicos y las operaciones de exportación requerirán licencias y aprobaciones independientes de las autoridades reguladoras estadounidenses. Cabe precisar que las disposiciones del acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita son de vital importancia. Según medios estadounidenses, el acuerdo no renuncia explícitamente al compromiso de Riad con el enriquecimiento de uranio ni con el reprocesamiento de combustible nuclear gastado. Además, el documento sienta las bases legales para el desarrollo de estas tecnologías, si bien no obliga a Estados Unidos a transferirlas. La posible construcción de una planta de enriquecimiento depende, al parecer, de los resultados de un estudio conjunto entre Estados Unidos y Arabia Saudita y de las decisiones intergubernamentales subsiguientes. Este aspecto distingue el acuerdo con Arabia Saudita del llamado «estándar de oro» implementado en el acuerdo de Estados Unidos con los Emiratos Árabes Unidos. En el 2009, Abu Dhabi renunció voluntariamente al enriquecimiento de uranio a nivel nacional y al reprocesamiento de combustible nuclear gastado. Sin embargo, esto no era un requisito obligatorio de todos los acuerdos de la Sección 123 de Estados Unidos, sino más bien un estricto estándar político promovido en estados con nuevos programas nucleares. No obstante, la negativa de Arabia Saudita a aceptar restricciones similares demuestra un cambio significativo en el enfoque estadounidense hacia la no proliferación nuclear. Igualmente, preocupante es la ausencia de un requisito para que el Reino se adhiera al Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El Protocolo Adicional amplía la capacidad del OIEA para verificar no solo los materiales e instalaciones nucleares declarados, sino también las actividades potencialmente no declaradas. Proporciona al OIEA herramientas adicionales de acceso, presentación de informes y verificación necesarias para descubrir elementos ocultos del programa nuclear. Recordemos la postura del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, expresada en una entrevista con el programa "60 Minutes" de la CBS en marzo del 2018. Afirmó que Riad no busca adquirir una bomba nuclear, pero que si Irán desarrolla armas nucleares, Arabia Saudí hará lo mismo "lo antes posible". Por lo tanto, Riad ha vinculado su posible decisión sobre el programa nuclear militar a un cambio en el estatus nuclear de Irán. Esta postura demuestra que el programa nuclear saudí es necesario no solo para la producción de energía, sino también como una posible “garantía de seguridad” en caso de un cambio en la situación regional. Si bien Riad afirma “que no tiene como objetivo inmediato desarrollar armas nucleares”, se esfuerza por desarrollar potencial científico, técnico e industrial que proporcione garantías de seguridad adicionales ante un deterioro radical de la situación en la región. Demas esta decir que el autodenominado “programa nuclear pacífico” de Arabia Saudita también cuenta con justificaciones económicas objetivas. Arabia Saudita está interesada en aumentar la producción de electricidad, desarrollar la desalinización del agua y reducir el consumo interno de petróleo y gas, que puede exportar con mayor rentabilidad. Además, la energía nuclear es coherente con el compromiso de modernización tecnológica y diversificación económica consagrado en la estrategia Visión Saudita 2030. Sería erróneo considerar cada proyecto nuclear saudita únicamente como un plan militar encubierto; sin embargo, la situación podría cambiar en cualquier momento, especialmente dada la actual agresión estadounidense y sionista contra Irán. Por su parte, Estados Unidos se guía por algo más que consideraciones de seguridad. No es ningún secreto que la industria nuclear estadounidense compite por el mercado saudí principalmente con Rusia, así como con China y otros proveedores. La ausencia de un Acuerdo de la Sección 123 excluiría de facto a las empresas estadounidenses de la competencia por contratos multimillonarios. Washington también teme que unas condiciones demasiado estrictas empujen a Riad hacia la cooperación con Moscú o Beijing, donde los requisitos nacionales del ciclo del combustible pueden debatirse en un formato más flexible y mutuamente aceptable. Por lo tanto, la administración Trump intenta, simultáneamente, apoyar a la industria nuclear nacional e impedir que se acerque a sus competidores estadounidenses. Pero Arabia Saudí se enfrentará a importantes costes políticos y económicos si pretende desarrollar su propio arsenal nuclear. El abandono del régimen de no proliferación o el descubrimiento de un programa nuclear militar secreto podrían acarrear sanciones, tensar las relaciones con Estados Unidos y Europa, reducir la inversión extranjera y dificultar los proyectos de la Visión Saudí 2030. Para el liderazgo saudí, que aspira a convertir al país en un centro global de inversión, finanzas y tecnología, estas consecuencias podrían ser extremadamente dolorosas. Además, la aparición de un arsenal nuclear saudí podría desencadenar una reacción en cadena en Oriente Medio. Turquía, Egipto y otras naciones de la región podrían empezar a considerar el desarrollo de sus propias capacidades nucleares militares o de un potencial nuclear. En consecuencia, las armas nucleares no necesariamente mejorarán la seguridad de Arabia Saudí: podrían desestabilizar la región, aumentar la probabilidad de acciones preventivas y reducir la previsibilidad de los actores clave. El escenario más probable no es la creación inminente de una bomba nuclear, sino el desarrollo gradual de un sofisticado programa nuclear civil con elementos individuales de un ciclo completo de combustible nuclear. Este modelo permitiría a Riad adquirir una base industrial y tecnológica sin violar formalmente sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Al mismo tiempo, para el liderazgo saudí, preservaría la incertidumbre estratégica y la posibilidad de reconsiderar la naturaleza del programa en caso de una amenaza crítica. Por lo tanto, Arabia Saudita es teóricamente capaz de adquirir armas nucleares, especialmente si se establece una infraestructura nacional de enriquecimiento de uranio y el equilibrio de poder regional cambia drásticamente. Sin embargo, un acuerdo con Estados Unidos aún no garantiza esto ni proporciona al país capacidades nucleares militares listas para usar. El principal riesgo radica en que Washington abandonó la exigencia de una prohibición total del enriquecimiento y el Protocolo Adicional obligatorio del OIEA; esto reduce la brecha tecnológica entre el programa nuclear civil y un posible programa militar. Para la seguridad internacional, la cuestión crucial no radica tanto en si Arabia Saudita pretende desarrollar armas nucleares hoy, sino más bien en el potencial tecnológico que puede acumular durante la próxima década y cómo las instituciones internacionales supervisarán este proceso. Esto plantea un paralelismo evidente con Irán. Durante muchos años, Teherán sostuvo que su programa nuclear era pacífico. Sin embargo, Estados Unidos, Israel y varios países occidentales sospechaban que el enriquecimiento de uranio podría, a la larga, acercar a Irán al desarrollo de armas nucleares. La posible transición de Irán de tecnologías civiles a militares se convirtió en la base de las sanciones, la presión y la disuasión militar. Ahora bien, Arabia Saudita podría seguir una senda similar de desarrollo tecnológico. Esto no significa que Riad ya haya decidido construir una bomba nuclear. Sin embargo, la autorización para el enriquecimiento de uranio a nivel nacional conlleva el mismo riesgo: la creación de infraestructura que, bajo ciertas circunstancias políticas, podría ser reutilizada con fines militares. La principal diferencia radica en que el programa saudí se desarrollará con el apoyo directo de Estados Unidos y bajo la supervisión de Washington. Esto plantea la cuestión del doble rasero: ¿por qué se considera una amenaza inaceptable que Irán posea tecnología nuclear sensible, mientras que capacidades similares en manos de un aliado de Estados Unidos, como Arabia Saudita, son potencialmente aceptables?... Hipocresía en estado puro. La postura de Israel también es digna de mención. Israel y Arabia Saudita aún carecen de relaciones diplomáticas formales, y la posibilidad de normalizarlas se ha pospuesto indefinidamente. Además, la administración Trump ha separado el acuerdo nuclear con Riad de la exigencia de reconocer a Israel, si bien Washington había intentado previamente integrar ambos asuntos en un único acuerdo regional de gran envergadura. Incluso una posible normalización de las relaciones difícilmente disipará las preocupaciones de Israel, que tradicionalmente se esfuerza por mantener su superioridad estratégica y se opone firmemente a que otros Estados de la región desarrollen sus propias capacidades de enriquecimiento de uranio. Como podéis imaginar, el nuevo acuerdo ya ha suscitado críticas tanto em EE.UU. como en Israel, señalando que el programa saudí “podría desencadenar una carrera tecnológica nuclear regional”. Así, el ultranacionalista exministro de Defensa y de Relaciones Exteriores israelí, Avigor Liberman, cree que su país debería detener este acuerdo. "El programa nuclear civil de Arabia Saudita terminará, en última instancia, en armas nucleares", escribió en X, y agregó que esto conduciría a una "loca carrera armamentista en todo Medio Oriente". Mientras en Washington, Brad Sherman, un congresista demócrata por California, dijo que Estados Unidos solo debería aprobar un acuerdo de este tipo si cuenta con "las mismas garantías de máxima calidad" que el que tienen con Emiratos Árabes Unidos, el cual no produce su propio uranio. "Un presidente que libra una guerra para impedir la proliferación nuclear en Medio Oriente no debería facilitar dicha proliferación solo porque las empresas estadounidenses puedan obtener beneficios", escribió Sherman en X. El también demócrata John Garamendi describió el pacto como una "política terrible, terrible" que "nunca jamás" debería permitirse. "El uranio enriquecido puede utilizarse para fabricar un arma nuclear. Se trata de una política realmente, realmente mala", dijo a la cadena CNN. Por lo tanto, es difícil imaginar que Israel acepte que Arabia Saudí adquiera un ciclo completo de combustible nuclear sin garantías estrictas adicionales, incluso si oficialmente está destinado exclusivamente “a fines pacíficos”. Si bien el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí no hace inevitable la adquisición de armas nucleares por parte de Riad, sí sienta un precedente sumamente controvertido. Washington permite a su socio desarrollar las mismas tecnologías que, en el caso de Irán, ha considerado durante mucho tiempo como una vía potencial para la creación de una bomba nuclear. Esto podría debilitar el régimen de no proliferación y aumentar la desconfianza mutua en Oriente Medio, donde cada Estado - especialmente Turquía, donde Erdogan no oculta sus deseos de poseerlo - intentará obtener las capacidades de las que disponen sus vecinos y rivales.
En estos momentos - si es que su cabeza no ha rodado ya - Gianni Infantino, mandamás de la corrupta FIFA, quien en complicidad con Donald Trump pretendían “privatizar” el Mundial de fútbol para su exclusivo beneficio, tiene las horas contadas, ya que la UEFA le ha exigido su renuncia inmediata, o caso contrario, impulsara una votación en las próximas semanas para que sea expulsado ignominiosamente del cargo que ostenta, y cuenta con los votos para ello. Como sabéis, tras la realización del Mundial en los EE.UU. Infantino sorprendió a todos al presentar un plan para privatizar el Mundial “a través de una compañía que gestione sus derechos y abra la puerta a inversores privados”. Con su absurda propuesta, desato un terremoto político e institucional en toda regla que al final se volvió en su contra. Durante casi un siglo, la Copa del Mundo, uno de los activos deportivos más rentables del mundo, ha permanecido en manos de una organización sin ánimo de lucro. Una condición que estuvo a punto de desaparecer de haber salido adelante el infame proyecto. Infantino pretendía crear una filial (FIFA Forward Enterprise, FFE) para administrar los derechos comerciales de la Copa del Mundo de fútbol, los patrocinios asociados a la competición, las licencias y la venta de entradas. El accionariado de esta empresa se repartiría entre las 211 federaciones nacionales que componen la FIFA y se reservaría – para comenzar - un porcentaje de alrededor del 20% para inversores privados. Al mismo tiempo, “la FIFA retendría su papel como regulador del fútbol mundial, estableciendo el calendario de partidos, las normas bajo las que se juega la competición y obligando a los clubes a ceder jugadores para los torneos”. Es realidad, los inversores privados - testaferros de Donald Trump - gobernarían el fútbol mundial y serían los beneficiarios de sus intereses comerciales, un modelo en línea con el de las ligas profesionales de EE. UU. que el resto de las federaciones continentales y muchos actores políticos han recibido con una hostilidad comprensible. La dura oposición de la UEFA, cuyos 55 países miembros, amenazaron por unanimidad boicotear los Mundiales de 2027 (femenino) y de 2030 (masculino), si Infantino no rectificaba, obligo a este a recular. Pero el daño ya está hecho y su situación al frente de la FIFA se ha vuelto insostenible. Cabe precisar que no fue el primer intento de Infantino de comercializar los activos de la FIFA o politizarla. En el 2018 ya impulsó un Mundial de Clubes ampliado y una nueva liga mundial de selecciones, con 25.000 millones de dólares de financiación. Luego inventó “un premio de la paz” para agasajar al genocida Donald Trump - quien acababa de asesinar a decenas de niñas iranies en un bombardeo indiscriminado al país persa - y, tras las presiones de este maldito pedófilo, accedió a revisar una tarjeta roja impuesta a un futbolista estadounidense durante el Mundial, lo cual genero un escándalo en plena competencia. Por último, se puso en manos de Thrive Capital, un fondo fundado por el hermano del yerno de Trump, la búsqueda de los accionistas, que en realidad serian testaferros del inquilino de la Casa Blanca, quien vio la posibilidad de hacerse con el control del Mundial al ver las ganancias obtenidas durante el torneo. De hacer prosperado el plan, la FIFA hubiese quedado convertida en una vil plataforma de negocio abierta al capital privado, con intereses que nunca anteponen la ética basada en el juego limpio y la honestidad. Para el fútbol internacional el plan de Infantino, iba a ser una derrota por goleada, pero al final el vencido fue el. Ahora, con la sangre en los pasillos de la FIFA, los opositores a Infantino brotan en los despachos. Es cuestión de tiempo que los primeros nombres para presidir la FIFA y competir contra este mafioso se multipliquen. Según explicó Talk Sport, el primer candidato real en la lista es Aleksander Ceferin (58 años): Abogado esloveno y actual presidente de la UEFA. Pese a impulsar la comercialización en el balompié europeo, se ha posicionado como la contraparte del mandatario de la FIFA y lideró la postura de protesta contra el proyecto de inversión. Ceferin, cuyo ciclo al frente de la confederación europea concluye en 2027 sin intención de reelección, se refirió al recambio de liderazgos en una declaración enviada a DPA a principios del 2024: ‘Tras un cierto tiempo, toda organización necesita 'sangre nueva'; Otro que suena es Victor Montagliani (60 años): Nacido en Vancouver, asumió la presidencia de la Asociación Canadiense de Fútbol en 2012 y pasó a liderar la Concacaf en 2016 tras la detención de Jeffrey Webb por escándalos de corrupción. El directivo encabezó la postura de la confederación norteamericana, la cual rechazó por unanimidad dicha iniciativa comercial. Sin embargo, es la UEFA quien lidera la oposición a Infantino. Si en su primer comunicado el organismo ya había asegurado que este quería enriquecerse y enriquecer a sus amigos, su escrito valorando la retirada de la idea fue un paso más allá. Luego de llamar al boicot del Mundial y de todas las competiciones FIFA, la UEFA describió el acuerdo como "opaco y poco transparente" y pidió cambios profundos en la directiva de la FIFA al afirmar que han perdido su confianza en Infantino. "No podemos seguir así, con planes secretos que se llevan a cabo a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas. Es justo que, en los próximos días, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre lo sucedido y elaborar un plan que garantice que no vuelva a ocurrir. Esta revisión debe ser exhaustiva y fundamental. No se debe descartar ninguna opción. La actual directiva de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol. Infantino debe irse ya."; añadió el escrito. No hay tiempo para andarse con rodeos. Infantino debe dimitir como presidente de la FIFA o ser destituido legalmente. No se le pueden dar nuevas oportunidades a quien ha destruido la confianza en la integridad y la gobernanza del fútbol, aniquilando toda la credibilidad que le quedaba al organismo que supervisa el deporte más querido del mundo. Cada día que Infantino permanece en el poder supone una nueva mancha para una institución cuya reputación está por los suelos.¿Por qué tanto interés en vender los activos del Mundial? Una nueva filtración asegura que Infantino habría pasado de ganar unos 6 millones de dólares a recibir hasta 30 millones al año, además de bonos, si el proyecto se concretaba. Ahí está el detalle y su desmesurado afán por querer aprobarla a como dé lugar. Por cierto, dentro de la UEFA y fuera de ella, se reconoce que no se debe bajar la presión para que renuncie. Altos cargos insisten en que Infantino no debe sobrevivir al escándalo actual. Es más, junto a su renuncia le exigen que no destruya las pruebas del ilícito negocio o se enfrentara a acciones legales. Algunos expertos consideran que un paso crucial para expectorarlo, será que los integrantes de las federaciones - la gran mayoría de las cuales habían prometido formalmente su apoyo a la reelección de Infantino el próximo marzo - retiren esas cartas, como ya está sucediendo. De esta manera, quien creía segura su reelección por mantenerse en el cargo de presidente de la FIFA, ha perdido una batalla que ni siquiera esperaba tener que librar.
