Fawzia Koofi no guarda buen recuerdo de agosto. El día 14 de ese mes hace seis años, unos pistoleros intentaron matarla cerca de Kabul, la capital de Afganistán. Ella formaba parte del equipo que negociaba la paz con los talibanes. Pasado un año y un día de ese episodio, el 15 de agosto de 2021, el grupo armado integrista tomó de nuevo el control del país, mientras las tropas estadounidenses huían vergonzosamente de Kabul, en unas escenas parecidas a lo que ocurrió en Saigón, en 1975. Koofi, de 50 años, expresidenta del Parlamento afgano, lo recuerda como una “pesadilla”. “Luego de 20 años, reemplazaron a talibanes por talibanes”, dice en conversación telefónica desde su exilio en Londres. Un lustro más tarde, aniversario de una de las mayores humillaciones militares de los EE.UU., el régimen talibán ha devuelto Afganistán a una era de oscuridad: apoyado en las armas, al filo de la guerra con el vecino Pakistán y con una economía y sociedad atenazadas donde las mujeres y niñas son perseguidas. Y todo esto sin oposición. Consentido. Hablaba Koofi de dos décadas en las que Occidente trató de borrar la huella de los talibanes, enfrentados a Al Qaeda, un grupo terrorista - al igual que ISIS - creado por la CIA, a quien interesadamente se le sindicó de ser los perpetradores de los atentados del 11-S, que como sabéis, fue un operativo de falsa bandera para “justificar” el intervencionismo estadounidense en el Medio Oriente y apoderarse de sus inmensas reservas de gas y petróleo. Aquel ataque fue además el pretexto para atacar a los talibanes, que desde 1996 había instaurado un emirato medieval a través de la aplicación más radical de la sharía (ley islámica). La ofensiva de Estados Unidos, lanzada en octubre del 2001, cosechó una rápida victoria. Pero la paz y la transición eran otra cosa. Los talibanes siguieron atacando y ganando terreno, mientras el régimen colaboracionista instalado en Kabul, con apoyo de Washington, trataba de gobernar para todos los grupos étnicos, pero en realidad no tenía poder alguno, fuera de la capital, protegido por los estadounidenses, mientras el resto del país estaba en manos de los talibanes. A finales de la década pasada, su regreso al poder era inevitable. “Mucha gente pareció sorprendida por la rapidez con la que tomaron Kabul”, afirma en un mensaje Florian Weigand, codirector del Centro sobre Grupos Armados, con sede en Ginebra. Weigand, autor de A la espera de la dignidad: legitimidad y autoridad en Afganistán, reflexiona sobre aquella reconquista. “En lugar de limitar sus esfuerzos a la lucha militar, habían comenzado a gobernar territorio y población”, continúa. “La corrupción generalizada del régimen títere pro-estadounidense les facilitó presentarse como una autoridad alternativa”. Por el camino, miles de millones invertidos por Estados Unidos, Europa, la OTAN en armas de nada valió ni cambio el curso de la guerra. Según un estudio de la estadounidense Universidad Brown, solo Washington gastó en aquella contienda más de dos billones de euros, y en su desordenada huida, abandono toda clase de armamento incluido tanques y aviones, a los talibanes. En tanto, el expediente en estos cinco años del régimen talibán, liderado por el escurridizo y venerado Hibatullah Akhundzada - solo una aparición pública desde la toma de Kabul -, es aterrador. La organización Human Rights Watch describe la situación en Afganistán (45 millones de habitantes) como una de “las crisis de derechos humanos más graves” que se conocen, con ejecuciones sumarias de opositores y desapariciones forzosas; restricción casi total de los derechos de las mujeres y niñas - que el Tribunal Penal Internacional ya persigue como crimen contra la humanidad -;control estricto de los medios de comunicación; arbitrariedad y excesos en la guerra contra ISIS - creado por los EE.UU. para combatirlos - , y el colapso del sistema sanitario por falta de financiación. Es, sin duda, lo que Fawzia Koofi, candidata al Nobel de la Paz por su defensa de los derechos de la mujer, llama “el periodo más oscuro de la historia de Afganistán”. De nuevo un recuerdo a prácticas propias de la Edad Media: según los registros de la Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán (AHRDO, en sus siglas en inglés), que opera en el extranjero, los talibanes han llevado a cabo más de 2.700 castigos con latigazos en público desde febrero del 2022, la mayoría por presuntos delitos sexuales o violaciones de la moral, según el radical cuerpo normativo afgano. Esto era previsible a finales de la década pasada, pero el camino estaba despejado. “El interés internacional en Afganistán disminuyó con el paso de los años hasta el 2021, y finalmente Estados Unidos quiso huir del país cuanto antes”, explica Weigand, investigador también del centro de análisis danés DIIS. El Criminal de Guerra Donald Trump, negoció en su primer mandato la retirada, que formalizó en el Acuerdo de Doha de febrero del 2020. La Administración del discapacitado físico y mental Joe Biden lo culminó a un ritmo mayor del que se esperaba. Washington, que llegó a desplegar a más de 100.000 militares en el país, no quería permanecer ni un segundo más... Y huyeron con el rabo entre las piernas. Los expertos en terrorismo Tricia Bacon y Daniel Byman afirmaron este fin de semana en un análisis en The Atlantic que los talibanes han logrado poner coto a grupos terroristas como Al Qaeda e ISIS, creados por los EE.UU. y entrenados por el Mossad israelí. Precisamente, la rama regional de esta última organización fue la responsable precisamente del brutal atentado en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto del 2021, cuando miles de personas trataban de huir de la capital afgana. Murieron 170 civiles y 13 ocupantes estadounidenses. También ha atacado en Irán, Rusia, Pakistán y Turquía, pero los talibanes mantienen una fuerte presión sobre la provincia de Nangarhar, en la frontera oriental del país, donde este grupo tiene sus cuarteles generales. También en su particular guerra contra el narcotráfico, los talibanes han cosechado algún éxito. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2025 se cultivaron 10.200 hectáreas de opio, una cifra inferior a las 12.800 hectáreas del 2024 y muy por debajo de las 232.000 hectáreas registradas antes de la prohibición impuesta por el régimen afgano en abril del 2022. Aunque no se expresara de forma pública, entre las cancillerías había cierta esperanza de que los talibanes que entraban en Kabul aquel 15 de agosto del 2021, y que tanto habían negociado ya en Doha durante los últimos años, no fueran los de antes. “Había un pensamiento occidental de que iban a cambiar”, cuenta Koofi, “pero ¿dónde están ahora esos talibanes moderados de los que hablaban?”. El grupo integrista intentó poner otra cara. El portavoz en jefe, Zabihullah Mujahid, mostró por primera vez su rostro. El ritmo de mensajes en su perfil de la red X es hoy incansable, sobre todo para hacer gala de grandes obras como el gasoducto TAPI, que transportará gas desde Turkmenistán a la India a través de Afganistán y Pakistán. Pero la represión y la inoperancia no saben de caretas. Uno de cada tres afganos necesita hoy asistencia alimentaria, según datos de Naciones Unidas. Este organismo estima que 14 millones de ciudadanos padecerán hambre aguda durante este año - casi 3,7 millones de niños menores de cinco años corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda – mientras el dinero público se gasta sobre todo en seguridad. El Banco Mundial señala que el 80% de las familias están endeudadas, mientras el PNUD (Programa de la ONU para el Desarrollo) calcula que la exclusión de la mujer resta al PIB unos 800 millones de euros. La economía crece gracias al retorno, forzado en gran medida, de más de seis millones de afganos de países vecinos como la India y Pakistán, aunque la mayoría carece de recursos para subsistir. Un panorama con algún matiz. Norah Niland ha trabajado en varios periodos en Afganistán desde los años noventa. Hace hincapié, en un intercambio de correos, de que, tras la llegada de los talibanes, se cortó de tajo el apoyo financiero exterior, que sumaba un 40% del presupuesto del país. Y, sobre todo, se congelaron unos 8.000 millones de euros del banco central (Da Afghanistan Bank). Niland, cofundadora de Unidos Contra la Inhumanidad (UAI, en sus siglas en inglés), con sede en Ginebra, apuesta por el desembolso controlado de este dinero. “Es imperativo que los servicios básicos estén disponibles para todos y para romper el ciclo de crisis interminables, pobreza crónica y episodios de conflicto armado”, afirma. A cinco años de la liberación de Kabul, solo Rusia reconoce de forma oficial al régimen talibán. Otros se han reunido de forma más o menos pública con los integristas, bien por intereses económicos (China, Turquía, Arabia Saudita, Japón), bien para promover la deportación de nacionales afganos, tema central del encuentro mantenido en Bruselas en junio por una delegación talibán y 15 representantes de la Unión Europea. Pero hablar de normalización del régimen es frustrante para luchadoras como Koofi. “Es como subir una montaña porque te dicen que hay agua, pero al final no hay agua”, relata. Pese a su rechazo a los integristas, esta exparlamentaria afgana habla de diálogo con ellos, de poner las bases para un acuerdo que incluya a los demás grupos afganos. A tenor de la posición de fuerza que el grupo mantiene en el interior del país, y con la normalización bajo mesa de Occidente, no es posible pensar hoy en el cambio en Afganistán sin contar con los talibanes. “Pero la oposición está creciendo en todo el país”, prosigue Koofi. También la armada, con apoyo estadounidense, que de esta forma busca venganza por su humillante retirada del 2021. Un alto cargo talibán murió el jueves en un atentado con coche bomba en la provincia nororiental de Badajshan, donde actúa el principal grupo terrorista que planta cara al régimen. En tanto, la represión contra las mujeres por parte de los talibanes, va en aumento. A juicio de Jelena Bjelica, codirectora y analista senior de Afghanistan Analysts Network (AAN), “lo que en 2021 parecía, y se presentaba, como una serie de restricciones temporales, ha derivado en un sistema institucionalizado que regula la educación, el empleo, la movilidad, la vestimenta, el acceso a los espacios públicos y la participación en la vida pública”. En la actualidad, las normas tienen una estimación diferente: “El punto importante, transcurridos cinco años, es que estas medidas ya no parecen temporales”, sostiene Bjelica. Según explica Thomas Barfield, presidente del Instituto Americano de Estudios sobre Afganistán y académico de la Universidad de Boston, “las mujeres estaban haciendo grandes progresos en los 20 años de la República. Eso se vino abajo por completo”. Barfield, doctor en Antropología Social de la Universidad de Harvard, visitó Afganistán por primera vez en 1971. Desde ese entonces la sociedad afgana es su principal línea de estudio. “La ONU lo ha llamado un apartheid de género, y lo es”, sentencia el investigador. “Si crees en la segregación de género, es necesario contar con médicas y administradoras para atender a las mujeres, pero los talibanes no permiten que reciban formación”. En el primer mandato talibán, que comenzó en 1996 y terminó en el 2001 - cuando fueron expulsados del poder - el movimiento no logró un control completo sobre Afganistán. “Ahora si lo tienen”, explica Barfield. “Al controlar casi todo el país, pueden obligar a la gente a hacer las cosas a su manera”. Para Fereshta Abbasi - quien documenta abusos en la zona para diversas organizaciones - “Afganistán, incluso antes del 2021, siempre ha sido uno de los peores países del mundo para ser mujer”. No obstante, “teníamos esta plataforma desde la que podíamos luchar”, agrega. “En cinco años, lo que perdimos es la esperanza y la plataforma para luchar por un mejor futuro”. Por otra parte, Bjelica afirma que “las mujeres estaban presentes -aunque de forma desigual e imperfecta- en el gobierno, en la educación, el empleo, la política y la vida pública, pero pasaron a ser excluidas sistemáticamente de la mayoría de estos espacios”. “No tienen representación política formal”, complementa. “A las niñas se les prohíbe la educación más allá del sexto grado, y a las mujeres, la universidad. Están excluidas de la mayoría de los puestos de trabajo gubernamentales y de muchas otras formas de empleo remunerado”. Las medidas, explica Barfield, encuentran su origen en los mulás, los líderes religiosos del talibán. Ellos dictan su interpretación del islam desde la segunda ciudad más poblada del país: Kandahar, la cuna del movimiento que rige el país. El antropólogo sostiene que su visión del islamismo no es compartida por toda la sociedad, ni siquiera por todo el talibán: “Las personas ya creen que son excelentes musulmanes, no les gusta recibir consejos”. “No es en países como Pakistán o Irán donde el clero dice: ‘Las cosas han salido mal porque nos hemos occidentalizado demasiado’. Especialmente en las zonas rurales de Afganistán, ellos consideran que sus creencias religiosas son totalmente correctas y no les gusta que les digan cómo deben practicarlas”, apunta. Por otro lado, Abbasi afirma que es importante no retratar a las mujeres del país solo como víctimas, “porque están resistiendo y deben ser tratadas como agentes de cambio”. En gran parte de Afganistán, grupos de mujeres han desarrollado escuelas informales para contrarrestar la prohibición de la enseñanza. En cuanto a la sociedad en general, afirma Abbasi, el sentimiento que predomina es la decepción. “Cuando hablo con personas de Afganistán, nadie conserva esperanzas de un futuro mejor bajo el régimen talibán. Es una imagen muy oscura”, afirma. La última conversación que la investigadora sostuvo con un ciudadano afgano fue con “un hombre que fue torturado por los talibanes”, dice. “Y ha sido muy difícil borrar sus palabras de mi mente. La forma en que lo torturaron… Era un joven que básicamente fue torturado por expresar su opinión. Cuando hablé con él, estaba muy traumatizado”, agrega. La vida diaria de las familias del país está marcada por el hambre, explica Abbasi. “He hablado con padres que han perdido a sus hijos debido a la malnutrición. Con familias que, básicamente, decían que no tenían nada que comer ese día”. Otra manifestación de la crisis es el desempleo masivo. Según relata Sosan Hashimi, directora de Beyond Borders Empowerment –que otorga asistencia humanitaria a refugiados de Afganistán y otros países–, “hay cientos de personas en mi red, con las que hablo a diario, que han sido despedidas de sus empleos o han sido reemplazadas por soldados talibanes sin ninguna experiencia”. Una de las razones del desempleo es el recorte del financiamiento exterior. “Históricamente, el gobierno de Afganistán ha dependido de la ayuda internacional”, explica Barfield. “Cuando el gobierno colapsó, el 40% del PIB de Afganistán correspondía a ayuda extranjera, y perdieron la mayor parte de eso de inmediato”, sostiene. Estados Unidos, que era el principal donante, redujo sus aportes a cero en enero del 2025. Un factor que agrava esta situación, explica Bjelica, es que “durante los últimos cinco años Afganistán dejó de ser principalmente un país de emigración para convertirse en el escenario de uno de los mayores episodios de retorno forzoso del mundo”. En este contexto, “a pesar de seguir sin poder absorber a un gran número de personas retornadas, el país ha recibido a unos 6,3 millones de personas que se vieron presionadas a abandonar los vecinos Pakistán e Irán”, agrega. “Para la mayoría de ellas, el regreso a Afganistán no representa el fin del desplazamiento, sino más bien el comienzo de un nuevo período de incertidumbre”, complementa. En la experiencia de Abbasi, los deportados, “aun luego de seis meses, todavía no tenían un trabajo, todavía no tenían un refugio, no tenían acceso a agua potable y no tenían acceso a servicios de salud. Para Filippo Boni, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta de Reino Unido, con múltiples estudios sobre Afganistán, una de las mayores sorpresas en estos últimos cinco años ha sido “la compleja transición de una insurgencia yihadista a un régimen de gobierno con el monopolio del poder estatal”. Pese a la falta de reconocimiento internacional, el movimiento consiguió un extenso control local. Según complementa Bjelica, el mayor cambio que experimentó el país en cinco años es la estabilización y el afianzamiento del talibán en el gobierno. A cambio de la desaparición de los partidos políticos, los derechos de las mujeres y las libertades de la sociedad en general, el sistema alcanzó una relativa paz interna. A juicio de Hashimi, una parte de la sociedad ha ‘normalizado’ la situación: “Han aceptado que nuestras hijas ya no irán a la escuela, que no nos quedará otra opción que mantenerlas en casa”. Incluso, agrega, algunos dicen que “la seguridad es buena, puedes visitar diferentes partes del país. ¿Pero a qué precio?” añadió. “Con los talibanes en el poder, Afganistán, y no solo las mujeres, enfrenta un negro futuro” puntualizo.
Como recordareis, allá por el 2008 se estrenó The X-Files: I Want to Believe (X-Files: Creer es la clave), la segunda película basada en la serie de ciencia ficción y que marcaba la reunión de Mulder y Scully en pantalla tras el final de 'Expediente X' en el 2001. Sin embargo, Chris Carter, el creador de la serie, no se quedó realmente a gusto con la versión que vimos en los cines en su momento. Y ahora, luego de casi treinta años, por fin estreno este 14 de agosto su propio corte del director. En efecto, mientras llega el reboot de la mano de Ryan Coogler, Carter decidido volver al universo de 'Expediente X' tirando de archivo. Volvió a editar su película 'X-Files: Creer es la clave', renombrada ahora como 'The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn', para darle el toque que quiso en su momento (y de paso contentar a los fans desencantados). Como su nombre sugiere, se trata de una vuelta de tuerca a la historia de Frankenstein que promete aumentar el tono de terror y ser mucho más inquietante del corte del 2008. El cual, al fin y al cabo, se tuvo que rebajar muchísimo para poder conseguir la calificación PG-13 para cines. Eso sí, si los 104 minutos originales nos supieron a poco, Carter adelanto que la nueva versión, de hecho, es más corta. "Al contrario que la mayoría de cortes del director, yo no metí todo lo que tenía", ha afirmado el director en una entrevista con The Hollywood Reporter. "De hecho, es más corta que la original. Espero que encuentre un público aún mayor, y que les dé a los fans lo que querían". La trama se centra en la desaparición de varias mujeres antes de retomar la historia de Mulder y Scully pasado unos años de que dejaran el FBI. Un agente federal ha desaparecido y los investigadores luchan por encontrar una pista fiable. El caso finalmente los lleva hasta el padre Joe, un ex sacerdote caído en desgracia que afirma tener visiones psíquicas relacionadas con los crímenes. Mulder considera la posibilidad de que el padre Joe pueda guiar la investigación, mientras que Scully cuestiona tanto las afirmaciones del sacerdote como las consecuencias de retomar su antiguo trabajo. Su desacuerdo reaviva una dinámica familiar en su colaboración: Mulder busca explicaciones más allá de la lógica convencional, mientras que Scully exige pruebas. A medida que avanza la investigación, el caso los conduce hacia experimentos médicos y un plan que implica la reconstrucción de un cuerpo humano. Carter y su coguionista, Frank Spotnitz, concibieron inicialmente I Want to Believe como lo que Carter describió como una película de Frankenstein de la vida real. Carter afirmó que la versión final estrenada en cines nunca logró plasmar completamente ese concepto. Las exigencias del estudio para un estreno con clasificación PG-13 redujeron parte de su material más aterrador y limitaron el horror médico que dio forma al guion. El director describió la oportunidad de retomar la película como una ocasión para completar la idea que quedó inconclusa en el 2008. El título ampliado, Vrach Frankenshteyn, conecta directamente la nueva edición con su inspiración, Frankenstein. El montaje del director recupera material y remodela la película en torno a la versión más oscura que Carter tenía previsto estrenar. A diferencia del primer largometraje de la franquicia, Expediente X: Lucha por el futuro, el segundo evita la mitología principal de la conspiración alienígena. Carter y Spotnitz estructuraron la historia como una investigación independiente, más cercana a los casos individuales de la serie de televisión. La trama se centró en las acciones humanas, la percepción inexplicable y los límites éticos de la medicina. La película también cuenta con Billy Connolly como el padre Joe, Amanda Peet como la agente del FBI Dakota Whitney, Alvin “Xzibit” Joiner como el agente Mosley Drummy y Callum Keith Rennie como Janke Dacyshyn. En tanto, Mitch Pileggi regresa como Walter Skinner. El montaje del director llega justo cuando The X-Files se prepara para regresar con una nueva serie de Ryan Coogler, quien escribirá y dirigirá el piloto, que sigue a dos nuevos agentes del FBI asignados a una división cerrada hace mucho tiempo que investiga fenómenos inexplicables. Danielle Deadwyler y Himesh Patel encabezarán el reparto como personajes originales en lugar de nuevas versiones de Mulder y Scully. Chris Carter será productor ejecutivo, mientras que Jennifer Yale supervisará la serie. Hulu aún no ha anunciado una fecha de estreno. Gillian Anderson ha expresado su apoyo al proyecto, aunque ni Anderson ni David Duchovny han recibido confirmación para aparecer. Cabe precisar que Carter siempre se quedó con el gusanillo de hacer un 'Expediente X' aterrador: "Siempre quise volver atrás y meter los sustos". Ahora por fin ha tenido la oportunidad, con 'The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn'. "Llega un momento en el que necesitas cumplir la promesa, y yo quiero hacer mucho más que cumplir. Quiero darles [a los fans] lo que menos esperan", afirmó Carter sobre su trabajo. "Sé que suena un tanto confuso, pero tenía un plan mayor y todo tenía sentido. Tendrá sentido, confiad en mí" asevero, acerca de la película que desde el 14 de agosto ya está disponible en Hulu y Disney+.
